La “Nueva Fuerza Armada” viola derechos humanos en la frontera
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“¿Juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor? Preguntó el presidente Nayib Bukele mientras recibía, el 11 de junio de 2019, el bastón de mando de la Fuerza Armada, símbolo de autoridad como comandante general. Al unísono los militares juraron obediencia.
En una especie de pacto de lealtades, ocho meses después, el 9 de febrero, el ministro de la Defensa Francis Monroy reafirmó obediencia al presidente de la República, justo el día en que se militarizó el Órgano Legislativo. “Reiteramos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos aún a costa de nuestras vidas”, dijo el ministro.
Luego de militarizar la Asamblea Legislativa, ha militarizado la frontera con Honduras, una acción que ha llevado a la violación de derechos de quienes habitan las zonas de Chalatenango limítrofes con Honduras, conocidas como los exbolsones. La militarización en la frontera se viene a sumar a una serie de acciones que han ido profundizando el uso del ejército y que atentan contra la función constitucional de la Fuerza Armada.
Foto Fuerza Armada
La presencia militar en cuatro municipios de Chalatenango: San Fernando, Nueva Trinidad, Arcatao y San Ignacio inició el 12 de marzo debido a la pandemia de covid-19, pero se reforzó desde que el 20 de octubre el presidente Bukele ordenó al ministro de la Defensa duplicar la presencia militar por ser una zona utilizada para pasar droga y contrabando, acciones ilegales que según el presidente son apoyadas por las autoridades locales. El ministro, quien prometió obediencia, respondió de inmediato que duplicaría la presencia militar con el Comando Sumpul.
Pero los militares no se han limitado a la presencia en la frontera, sino que han llegado hasta las comunidades, han maltratado a los pobladores y han restringido la circulación de quienes habitan entre El Salvador y Honduras.
El acoso de militares y policías hacia los pobladores lo confirmó María Orellana de la Asociación Salvadoreña de ayuda humanitaria Provida, quien aseguró que los pobladores al ir a trabajar “son detenidos, son insultados. Es una violación a los derechos que tienen como seres humanos, también de buscar el sustento de cada día”.
Además, la representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Sulma Hernández, señaló que a esta violación de los derechos humanos contribuyó la decisión del presidente de la República. “La acusación del presidente Nayib Bukele del supuesto comercio de droga, sin mayor fundamento, que mas parece una estrategia puramente electorera no debe ser justificación para hostigar a personas violándoles los derechos constitucionales”, dijo la representante de CRIPDES.
Al principio de la pandemia los patrullajes de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil en las fronteras se mantuvieron para evitar el ingreso de personas y disminuir el contagio de covid-19. Pero desde septiembre se permitió la entrada de nacionales, residentes y diplomáticos. Sin embargo, en la frontera con Honduras, específicamente en los cuatro municipios de Chalatenango, no solo se ha mantenido la presencia militar, sino que se ha reforzado, ahora con la justificación de evitar el paso de droga.
Los pobladores han reportado detención sobre todo de jóvenes, decomiso de mercadería y restricción a la libertad de expresión.
Foto Gobierno de El Salvador
Miguel Vásquez, sacerdote jesuita y párroco de Arcatao, dijo a Radio YSUCA que algunos militares se han instalado en centros educativos y perturban a las comunidades. “A la gente, la interrogan, la registran, la tratan de una forma humillante”, añadió.
Según el sacerdote, la escuela del Cantón Teosinte y las escuelas de los caseríos de Santa Lucía, Portillo y Pepeto han sido tomadas como puestos militares, “¿y la ministra de Educación qué hace?”, cuestionó. Según el sacerdote los malos tratos hacia los residentes difieren de la “Nueva Fuerza Armada” de la que habla el presidente.
En el 1992 el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que delimitó el territorio para Honduras y El Salvador, ocasionó que muchos salvadoreños quedaran en Honduras y viceversa, por lo que ambos países acordaron respetar los derechos y libertades de los pobladores. Sin embargo, El Salvador está incumpliendo el acuerdo al limitar las actividades comerciales entre ambos países. La militarización les ha impedido, además, las tareas de cultivo y cuido de ganado.
Las denuncias apuntan a que a raíz de la militarización muchas personas han perdido sus citas médicas y no han podido seguir el tratamiento de sus enfermedades crónicas, ya que a los salvadoreños que viven en la parte de Honduras no les permiten ingresar al país para sus chequeos médicos, violándoles el derecho a la salud, incluso las comunidades han reportado un fallecido por la falta de atención médica.
Rubia Guardado, presidenta de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango, confirmó a Radio YSUCA las restricciones que viven los lugareños y que, según ella, dañan psicológicamente a las personas. “Un gobierno no puede dar esas órdenes para que los militares hagan esas acciones”, enfatizó.
El presidente Nayib Bukele además de ordenar la militarización, acusó a los alcaldes de los 4 municipios de Chalatenango de colaborar con el narcotráfico y contrabandistas, al señalar que había apoyo de las autoridades locales en las acciones ilícitas.
Los alcaldes negaron las acusaciones y solicitaron la búsqueda de medidas alternas que beneficien a los pobladores.
El alcalde de Nueva trinidad, Teófilo Córdova señaló que no rechazan la seguridad en la frontera, sino la violación de los derechos de los habitantes. “Yo estoy hablando de una comunidad que queda en el bolsón de Honduras, que esta gente está bien acorralada porque no tienen salida de ninguna manera. Hemos negociado con algunas autoridades, pero últimamente se han negado a aceptar a que se traslade, aunque sea a un paciente”, denunció.
Por otra parte, el alcalde de San Fernando, Carlos Álvarez, aseguró que los habitantes han limitado sus actividades cotidianas debido a la militarización en la frontera, lo que está afectando su economía, sobre todo a quienes se dedican a las actividades agrícolas.
¿Qué hay detrás de la militarización en la frontera con Honduras?
La presencia militar en la zona inició por la pandemia, pero según Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), llama la atención que esos municipios de Chalatenango son los que presentan menos casos de covid-19, por lo que el riesgo de contagio es bajo y no tendría por qué justificarse la presencia militar.
Saúl Baños, director de Fespad
Por otra parte, Chalatenango es un departamento donde 18 municipios, incluyendo los cuatro militarizados, fueron considerados en noviembre de 2019 por la PNC con cero homicidios. Justificar el despliegue militar por razones de violencia homicida tampoco es válida.
Según Saúl Baños, también llama la atención que se acuse a los alcaldes y habitantes de una actividad ilícita, pero se desconozca de capturas de narcotraficantes y decomisos de droga en la zona.
Para el representante de FESPAD, los motivos de la militarización son otros. “Estos municipios han sido gobernados por alcaldes y alcaldesas del FMLN y posiblemente esta intervención tenga algunos propósitos, fines o intereses político electoral…” Además, señaló que los gobiernos del Triangulo Norte tienen compromisos con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico “y podría ser eso, como para justificar que el gobierno de El Salvador esta haciendo algunas labores en contra del narcotráfico”.
Las organizaciones sociales han pedido al gobierno el retiro inmediato de los cuerpos militares y han responsabilizado al presidente Nayib Bukele y al ministro de Defensa Rene Merino Monroy por las violaciones de derechos humanos en la zona y por el daño psicológico, físico y moral que causen a la población.
Campesinos y sacerdotes señalan las ubicaciones de los militares en la zona | Foto cortesía
En esa misma línea, obispos y presbíteros de la Diócesis de Chalatenango pidieron al presidente respetar los derechos humanos de los habitantes de la zona limítrofe y, como comandante general de la Fuerza Armada, ordenar a los militares el respeto a los pobladores.
El presidente Nayib Bukele desde el inicio de su gestión le ha dado protagonismo a la Fuerza Armada. Desde el gobierno se ha gastado en publicidad para mejorar la imagen de la institución castrense, pero, mas allá de los spots televisivos que califican de ‘gloriosa’ la labor de los militares, se observa una violación a los derechos humanos y a la Constitución de la República.
Con la firma de los Acuerdos de Paz se cambió el quehacer institucional de la Fuerza Armada que llevaba implícito el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional, con fecha 23 de octubre, señala que el uso de la Fuerza Armada no puede emplearse con fines políticos o partidistas y reitera que “la misión de la Fuerza Armada es la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio”.
La sentencia, además, señala que la represión militar ejercida sobre la sociedad puede incubar mayores niveles de violencia y desatar violaciones de los derechos fundamentales de la población, tal como ocurriera en el contexto de la guerra civil salvadoreña. De ahí que los Acuerdos de Paz le apostaron a la desmilitarización.
Sin embargo, acciones contrarias están sucediendo en la frontera donde, según alcaldes, organizaciones sociales y habitantes, los militares de nuevo están violando derechos humanos, de forma similar a como sucedía en el conflicto armado.
La abogada y catedrática de la UCA Ruth López opinó que la sentencia de la Sala envía mensajes importantes para los cuerpos militares. “Hay una orden directa al ministro de la Defensa, al director de la Policía y a todos los cuerpos militares y de seguridad a que no ejerzan funciones y actividades distintas a la constitucional y legalmente establecidas”.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional dejó claro que, aunque la Fuerza Armada es dirigida por el presidente de la República, no le debe una obediencia absoluta que pueda traducirse en la violación de los derechos fundamentales de las personas.
Lo que ocurre en la frontera de la Chalatenango con Honduras deja en evidencia que la campaña que se gestó desde el Ejecutivo para dejar ver a la Fuerza Armada como una institución nueva, renovada y de apoyo a la población, no concuerda con la Fuerza Armada que está violando derechos en la frontera.
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