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La Fiscalía debería actuar de oficio por el bloqueo al acceso de archivos militares, según abogados


Redacción YSUCA / 24 septiembre 2020 / 2:17 pm

Foto Radio YSUCA, Ramón Padilla

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ha pedido al presidente de la República, Nayib Bukele, y al Ministro de Defensa, René Merino, un informe en el que respondan si el coronel Carlos Vanegas “fue facultado o delegado para informar sobre la negativa de acceso a los archivos militares. Que digan si lo externado por él, corresponde a una posición oficial de los titulares de la institución armada”, en el marco de las inspecciones realizadas por el caso de El Mozote y lugares aledaños.

La abogada de litigio estratégico de Cristosal, Irene Gómez, dijo en La Entrevista de YSUCA que los funcionarios podrían incurrir en tres delitos: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia, según el Código Penal.
Gómez enfatizó en que la Fiscalía General de la República también tiene la obligación de actuar de oficio ante el bloqueo al acceso a los archivos militares.

Escuche a Irene Gómez, abogada de litigio estratégico de Cristosal:

El año pasado el presidente de la República Nayib Bukele informó que 42 dependencias de la Fuerza Armada dicen no contar con información relativa a los operativos militares realizados entre 1980 y 1982. Sin embargo, la Presidencia asegura haber encontrado en el Archivo General de la Nación información que podría ser de interés para la causa judicial.
Bukele ha guardado silencio luego del bloqueo al juez de Instrucción de San Francisco Gotera el pasado 21 de septiembre. El abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Wilfredo Medrano, dijo que la actuación del Comandante general de la Fuerza Armada es una burla a las víctimas.

Escuche a Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”:

 

 

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera reprogramó las inspecciones de los archivos de la Fuerza Armada relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños, perpetrada en 1981. Al negársele realizar las inspecciones entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre, el juez ordenó realizarlas nuevamente el 5 de octubre y el 27 de noviembre de 2020.