Han pasado más de 160 días desde el 17 de marzo, cuando el presidente de la República Nayib Bukele decidió cerrar el Aeropuerto Óscar Arnulfo Romero debido a la pandemia. Ese 17 de marzo inició el calvario para miles de salvadoreños que se quedaron fuera del país y que durante meses lucharon por ser repatriados.
Las llamadas no respondidas en los consulados, la falta de un plan ordenado de repatriación y la negación de todas las propuestas que los varados le plantearon a Cancillería, llevó a concluir a los salvadoreños que estaban fuera, que desde el Gobierno se hizo hasta lo imposible por negarles el ingreso a su propio país.
Los seis salvadoreños que decidieron contar su historia a Radio YSUCA coinciden en que el Gobierno los abandonó, no escuchó sus propuestas y los vio como una amenaza para el resto de los compatriotas. Entre las excusas que les puso el Ejecutivo fue que no tenían suficientes centros de cuarentena, ni alimentos, ni pruebas PCR para detectar el Covid-19.
Una parte de esas excusas quedaron planteadas en el veto del presidente Nayib Bukele al Decreto Legislativo 621 que permitía el ingreso de salvadoreños varados en el exterior. Según el presidente, las disposiciones del decreto violentaban la seguridad jurídica y era inconstitucional. Además, señalaba que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta la capacidad de los centros de cuarentena para las personas que regresarían al país.
El veto, contrario al discurso del presidente que aseguraba velar por los derechos de los salvadoreños en el exterior, fue el primer freno desde el Órgano Ejecutivo.
Kary, una de las salvadoreñas que estuvo en Estado Unidos asegura que un grupo de varados enviaron tres cartas directamente a la canciller Alexandra Hill solicitando ayuda para regresar. Le hicieron saber su disponibilidad de rentar y pagar con su dinero un vuelo chárter, y solicitaron el respectivo permiso para que el avión aterrizara en el país. Además, ofrecieron centros de cuarentena y pruebas PCR que les habían donado para todos los varados.
Pero no hubo respuesta de la Cancillería salvadoreña, ni tan siquiera dieron el permiso para que el avión que rentarían tocara suelo salvadoreño.
En esa propuesta estaba un lugar que uno de los varados puso a disposición, “te estoy hablando de una hacienda donde cabíamos 50 varados y había otros lugares que nosotros les habíamos propuesto para tener a algunos varados en esos centros de cuarentena. Adicional a eso una empresa de Estados Unidos nos estaba regalando 5 mil pruebas Covid. Nosotros mandamos toda esa documentación a Cancillería, pero ellos todo lo negaron”, explicó Kary.
Opinó que “ellos no querían realmente permitir la entrada a nuestro país de una sola vez. Eso les iba a afectar a ellos como Gobierno porque ellos quieren saludar con sombrero ajeno y que nosotros hiciéramos todas esas gestiones por parte nuestra a ellos les afectaba”.
En las historias de los salvadoreños hay un factor común: todos lamentan no haber recibido el apoyo del Gobierno. No solo hubo falta de ayuda, sino que además no aceptaron las propuestas que un grupo de varados planteó para regresar.
Así lo expresó un salvadoreño que viajó a Panamá justo el 17 de marzo y tenía previsto regresar el mismo día. Pero la pandemia y la decisión presidencial de cerrar el aeropuerto cambiaron sus planes.
Asegura que no recibió apoyo de ningún consulado en los dos meses que estuvo fuera, pero tampoco obtuvo respuesta ante la propuesta que presentó al Gobierno en nombre de varios salvadoreños varados. “Cero ayuda de ningún tipo, por el contrario, se negaron a aceptar todas las propuestas que nosotros les hicimos en nombre de los varados: pruebas Covid, el pago de los vuelos, ofrecimos todo y el gobierno no aceptó nada”.
Mientras en El Salvador, el tema de los varados se paseaba entre la Sala de lo Constitucional, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la situación para ellos se hacía más difícil debido a la pandemia, la falta de recursos, y sus enfermedades crónicas que debían atender.
Ese fue el caso de Zuleyma. Salió del país el 12 de febrero para encontrarse con su hermano en Estados Unidos. Tenía previsto regresar el 17 de marzo, el día que cerraron el aeropuerto. Diabética, con problema de tiroides y presión arterial, Zuleyma pertenecía al sector vulnerable al que el Gobierno daría prioridad para regresar. Sin embargo, tuvo que esperar 5 meses para volver a El Salvador. Mientras tanto, pidió ayuda para poder adquirir la insulina que necesitaba para su diabetes, pero fue imposible, ya que Cancillería no permitió el envío de medicamentos líquidos.
Intentó gestionar la ayuda con el consulado en Los Ángeles, pero nunca respondieron los teléfonos, ni correos. Luego de varias indagaciones logró contactar a una cónsul salvadoreña, quien le prometió enviarla a una clínica para un chequeo médico, pero el consulado no cumplió el ofrecimiento.
Zuleyma tuvo que pagar sus citas médicas y costear la compra de sus medicamentos durante 5 meses, cuando su situación económica estaba peor, pues había llevado el dinero justo para el viaje.
Mientras muchos salvadoreños pasaban por la misma situación, Cancillería aseguraba que hacía un enorme esfuerzo para entregar medicinas y en un comunicado del 11 de abril señaló que la entrega de insumos a cada uno de los compatriotas era posible “gracias al esfuerzo de la Red de Consulados y Embajadas que atendió el llamado del presidente Nayib Bukele de velar por los salvadoreños en el exterior en todo momento”. Pero omitían explicar que eran los salvadoreños quienes compraban sus medicamentos y que el Gobierno solo gestionaba el envío.
“Esa es una angustia terrible andar viendo donde uno se puede hacer de esos medicamentos… me los llevaron a Cancillería, pero lastimosamente la insulina dijeron que no se podía… yo tenia que comprar un paquete de 5 insulinas que me constaban $370 dólares eran 5 botes, cada bote a mí me dura aproximadamente 20 días. Ellos (el Consulado) me dijeron ‘la vamos a mandar a una clínica, le vamos a dar el número, nunca me mandaron el número’”, comentó Zuleyma.
Kary, por su parte, explicó que recibió el servicio de envío de medicamentos, ya que padece una enfermedad crónica, pero “mi mamá fue la que tuvo que ir a la farmacia a comprarme el medicamento y hacerlo llegar por medio de Cancillería, si eso estaba disponible”, dijo.
El Gobierno tampoco les dio alimentación a quienes se quedaron fuera del país. Una de las salvadoreñas que estuvo involucrada en la gestión de alimentos para los compatriotas explicó que algunas empresas hicieron donaciones a los consulados cuando se enteraron que había personas varadas.
En el consulado de Los Ángeles uno de los donantes fue la empresa de alimentos Goya, pero, además, los mismos salvadoreños hicieron otras gestiones para obtener alimentos, ya que eran muchos quienes no tenían que comer porque su presupuesto del viaje se les había acabado.
La falta de recursos, sumado a la falta de información de los consulados sobre una programación certera de los viajes humanitarios, llevó a muchos a tomar la decisión de regresar por sus propios medios, alternando vuelos hasta México y luego por tierra hasta El Salvador.
Ese fue el caso de Camilo, un salvadoreño que se quedó varado 103 días en Las Vegas, Nevada y cansado de esperar un vuelo humanitario tomó la decisión de regresar por tierra.
Asegura que lo más desesperante fue no recibir información de cuándo regresaría al país. “Yo ya no estaba dispuesto a estar tanto tiempo fuera de casa, ya iban a ser casi cuatro meses. No se nos daba información absolutamente de nada. Quienes han podido regresar por medio de esos vuelos humanitarios del gobierno, los cuales son pagados por los varados no por el gobierno, les avisan 5 días antes, 3 días antes, están con la incertidumbre todos”.
Zuleyma logró un vuelo humanitario, pero también estuvo con la incertidumbre de no saber cuándo regresaría, ya que los consulados no se preocuparon por informarle, el único dato que recibió fue el día de su vuelo, sin mayor explicación. “El consulado no le dice a usted, ‘mire lleve mascarillas nosotros vamos a estar ahí, el cónsul’, nada que ver, es una displicencia”.
No todos han logrado venir en los vuelos humanitarios por la falta de certeza en la calendarización. Quienes lo han logrado se han enfrentado a otro problema: la validación de los boletos.
Los vuelos humanitarios no son costeados por el Gobierno, pero sí exigen que los boletos sean comprados solo a la aerolínea AVIANCA por ser la única autorizada.
El boleto debe ser validado para poder regresar y eso deben coordinarlo los consulados. Sin embargo, la falta de organización ha llevado al cometimiento de errores y en el caso de Gerardo, otro salvadoreño que salió del país el 8 de marzo hacia Houston y que pretendía regresar el 3 de mayo, tuvo que invertir en la comprar de otro boleto. “La validación del vuelo no me la daban porque el consulado no había aprobado que mi vuelo fuera aceptado para la validación”, explicó.
El gasto doble en boletos fue confirmado por Camilo, el salvadoreño que se quedó varado en Las Vegas, Nevada. “Con eso de pagar los vuelos pasa algo bien peculiar, digamos que alguien tenía ya su vuelo de regreso y el Gobierno autoriza para que esa persona se venga y siempre es con AVIANCA, tiene que comprar otro vuelo porque según la aerolínea el boleto que la persona tenia previamente es un vuelo comercial no humanitario”.
Quedarse fuera del país sin planearlo no fue nada fácil para miles de compatriotas que vieron trastocadas sus vidas con el cierre del aeropuerto. Para unos, las decisiones del Gobierno y la falta de atención oportuna de los consulados que alargó su estadía en Estados Unidos provocaron la pérdida del empleo una vez que llegaron al país.
Es el caso de una salvadoreña que en anonimato contó a YSUCA su travesía para regresar. Visitaba a un familiar cuando la pandemia lo cambió todo. Su pariente tuvo que cambiarse de Estado, no sin antes dejarle un poco de dinero para que subsistiera mientras volvía a El Salvador.
Asegura que puso su esperanza en el plan de repatriación, que se suponía impulsaría el Gobierno y la traería a casa. Sin embargo, a medida el tiempo pasaba su preocupación aumentaba, pues se estaba quedando sin dinero, su visa estaba a punto de vencer y no tenía los 500 dólares para renovarla.
Cuando no tuvo para pagar un alquiler se mudó con unos amigos de su pariente. Así anduvo por casi 6 meses viviendo en distintos lugares.
Desde el mes de marzo suplicó ayuda al consulado de Los ángeles, pero solo recibió rechazo, al punto que la cónsul Alicia Villamariona la bloqueó para no recibir sus mensajes.
“Desde que llené el formulario empecé a escribirle a los cónsules, todos lo ignoraban a uno, luego entró la desesperación cuando estaba en julio, me faltaba un mes para que me venciera mi estadía… Empecé a insistir a la cónsul y la señora lo que hizo fue bloquearme. Con necesidad le volví a escribir de otro celular, le dije que por favor no me bloqueara que lo único que quería era regresar a casa, le pedí al consulado que me brindara alimentación, le escribí al vicecónsul, él sí me contestó, me dieron una sola vez comida”.
Hasta después de 8 días de haber perdido su estadía y luego de publicaciones en redes sociales como forma de presión, la repatriaron. “Ahora no sé qué irá a pasar con mi visa. Antes de irme tenía mi trabajo, al regresar, 6 meses, pues ningún empleador me iba a esperar tanto, ellos están dispuestos a indemnizarlo a uno, pero no lo iban a esperar a uno, eso es mentira, gracias a eso pasamos a ser un desempleado más”, dijo.
Los gastos se elevaron para quienes solo pretendían estar días o semanas fuera del país. La pandemia cambió sus planes, pero también sus vidas. Hazel, madre de tres menores de edad, pensó que pasaría una semana en California, pero esa semana se convirtió en tres meses. Salió del país en marzo y regresó hasta el 29 de junio.
Por no estar en el sector de personas vulnerables no fue contactada para el primer vuelo que saldría de California en junio. Sin un plan y sin programación de vuelos su estadía podría atrasarse más, por lo que decidió viajar por tierra. Su regreso le costó un promedio de mil dólares.
Estuvo sola en Estados Unidos y sus hijos en El Salvador. Su situación la informó a Cancillería cuando la llamaron por primera vez, fue cuando le prometieron que se contactarían con su familia para apoyarla, pero nunca lo hicieron. Durante los tres meses varada no pudo estar con su hijo hospitalizado y se perdió fechas importantes que siempre compartían en familia. “Mi niño de cuatro años se enfermó, estuvo hasta hospitalizado, fue de mis primeros momentos duros, mi segundo niño cumplió años mientras estuve afuera, pase fuera el día de la madre y el día del padre también”.
Una vez llegaron a El Salvador los problemas continuaron. Los que lograron regresar en mayo y junio fueron llevados a centros de contención. A finales de junio ya no estaba vigente la cuarentena obligatoria y quienes llegaban eran llevados a hoteles por 10 días o eran enviados a sus casas.
Pero hubo casos como el de Camilo que, aunque traían el comprobante de dos pruebas negativas de Covid-19 recientes y no tenía síntomas de la enfermedad, lo trasladaron un hotel a cumplir cuarentena.
En el hotel le tomaron otra prueba PCR y al cumplir 9 días sin conocer el resultado de sus pruebas los enviaron a casa. Un gasto innecesario de hotel y alimentación, según su opinión, ya que pudieron enviarlo a casa desde que llegó al país. “Estuve sin razón alguna en un hotel con gastos que el Gobierno se pudo haber ahorrado. Creo que fue una mala coordinación en cuanto a eso, pudieron habernos mandado directo a casa el día que nos tomaron la prueba en el hotel, ese día sacarnos y después solo notificarnos y hasta el momento yo no sé si esa prueba estuvo positiva, estuvo negativa”.
Una vez los salvadoreños ingresan al país en los vuelos humanitarios son trasladados a una sala donde son llamados por zonas del país. La idea es transportar hasta sus casas, primero a quienes viven en la zona oriental y occidental y por último a quienes habitan en la zona central.
La orden es que los buses y microbuses los lleven hasta sus casas, pero no siempre lo hacen. Kary, una salvadoreña exvarada recuerda como a unas personas que viven en Santa Ana las dejaron en Ciudad Real, la llamaron a la una de la madrugada solicitando ayuda.
Pero antes de ser llevados a sus casas, mientras esperan en el aeropuerto, el Gobierno activa su plan publicitario. Los encargados de comunicaciones se dirigen a personas identificadas con anterioridad. No todos los que llegan serán entrevistados, solo aquellos que puedan dar opiniones favorables del Gobierno. Según explicó Kary “ya tienen en un documento a la gente que van a entrevistar, ya los vienen terapiando desde Estados Unidos. La mayoría son personas de la tercera edad. Ellos ya tienen en el celular la foto de las personas que van a entrevistar. Cuando están sentados esperando que sean llamados para hacerse las pruebas del Covid, ahí los llegan a entrevistar, pero solamente es la prensa de parte del Gobierno”.
Como sabía el procedimiento “traía mis carteles en donde yo expresaba mis quejas, la prensa de ellos sí me tomó fotos, pero obviamente no la iban a publicar porque no era algo que a ellos le convenía”.
La cifra que manejaba Cancillería hasta el 10 de mayo era de 2,890 salvadoreños varados en 80 países. Posteriormente, dieron una cifra de 4 mil 500 salvadoreños. Sin embargo, en recientes publicaciones, Cancillería notificó que con los 142 connacionales que llegaron el 21 de agosto de Estados Unidos, un total de 5 mil 900 personas han sido traídas a casa, tras haber permanecido en el extranjero por la pandemia.
La cifra publicada por cancillería deja ver que la cantidad de varados siempre fue mayor a la mencionada por el Gobierno. Kary, una exvarada, asegura que la cantidad total supera los 10 mil salvadoreños que se quedaron fuera.
Según el informe de repatriación de salvadoreños en el marco de la pandemia Covid-19, entre el 5 y 11 de agosto de 2020 han sido repatriadas 613 personas de Estados Unidos, México, Panamá, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.
Los informes que entrega Cacillería a la Corte Suprema de Justicia no fue iniciativa del Gobierno. Fueron obligados, mediante la resolución de la Sala de lo Constitucional del 18 de mayo, a diseñar un plan de repatriación que incluyera a todos los varados. La Sala rechazó el primer plan propuesto que incluía traer solo a los salvadoreños que tenían previsto regresar antes del 17 de marzo de 2020. Según la resolución era un plan inadmisible, pues excluía a otros connacionales que deseaban regresar. Tampoco la Sala aceptó el plazo de 14 semanas propuesto por el Gobierno y ordenó reducirlo.
En la resolución, los magistrados le hicieron varias prevenciones al Gobierno, una de ellas que Cancillería brindara el dato exacto de las personas que serían repatriadas, desglosado por sexo, edad y ubicación geográfica. Además de la información sobre el total de salvadoreños en condición vulnerable.
Sin el Amparo interpuesto a la Corte Suprema de Justicia, firmado por un aproximado de 900 salvadoreños en el exterior, su retorno hubiera sido más difícil. Aún hay salvadoreños varados en otros países, pero el Gobierno continúa sin dar una cifra certera.
Mientras el discurso gubernamental sigue siendo de apoyo incondicional hacia quienes permanecen varados, quienes vivieron la experiencia recordarán el 2020 no solo por la pandemia, sino por todo lo que el Gobierno les negó.
