Oficialmente, la reforma busca descomprimir y despolitizar la Justicia Federal, que es la que tramita las causas de corrupción política y otros delitos complejos, como el lavado de dinero. Sus actuales 12 jueces son sospechados, a menudo con razón, de defender los intereses del poder de turno, cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet.
Estos tribunales pasarían a 46 con el agregado de los 11 del Fuero Penal Económico y la creación de 23 nuevos juzgados federales. Se presume que, al ser más numerosos, los magistrados podrán resistir mejor a las eventuales presiones del Gobierno. Por otra parte, un Consejo Consultivo de 11 juristas estudiará reformas que podrán incluir cambios en el Consejo de la Magistratura y una eventual ampliación de la Corte Suprema, hoy de cinco miembros.
“Objetivos preocupantes más que nobles”
La oposición ha rechazado de pleno el proyecto, considerando que es inoportuno, habida cuenta de la crisis sanitaria y del confinamiento que paraliza el país, y que en realidad, el objetivo de Alberto Fernández es cerrar las causas en curso contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas. La presencia entre los 11 miembros del Consejo Consultivo de Carlos Beraldi, jurista de gran trayectoria pero abogado de la expresidenta, facilita esta interpretación.
“En el anuncio apareció una reforma que quiere dirigirse a la parte más cuestionable del sistema judicial que es el fuero federal que se ocupa de los casos de corrupción, y se sumó a eso una propuesta de reforma de la Corte, que hizo despertar las alarmas porque todos hemos empezado a leer que en realidad la reforma tiene objetivos preocupantes más que nobles. Y esto tiene que ver con que hay personal dentro del gobierno en posiciones muy prominentes, incluida la vicepresidenta, que no oculta que tiene como motivación muy central poner fin a las causas de corrupción que recaen sobre ella. Es lo que hace que esta reforma genere mucha tensión y mucha preocupación”, explica Roberto Gargarella, profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
“Multiplicar por cuatro esa estructura sin modificarla”
“Lo que a mí me preocupa de esta parte específica de la reforma es que, si eso se debe a un problema estructural de falta de controles, de falta de apertura, de falta de acceso ciudadano, de control ciudadano, lo que se va a hacer ahora es multiplicar por cuatro esa estructura sin modificarla. Con lo cual digamos no hay ninguna razón para pensar que con la multiplicación por cuatro de ese poder, el problema estructural que existía deje de existir. Lo más probable es que ese problema se multiplique por cuatro, en el sentido de que no hay ninguna razón para pensar que vamos a tener ahora o transparencia, o celeridad, o independencia que antes no teníamos, porque no se ha hecho ningún cambio en ese sentido. Una persona tendrá menos control de causas pero la estructura es idéntica en términos de transparencia, celeridad o independencia, que son los tres objetivos que anunció el presidente como guías de su reforma”, prosigue Gargarella.
Además, concluye, “lo que agrega preocupación a esto es que en este momento el país, como muchos países de la región o de Europa, está tremendamente afectado tanto por la emergencia sanitaria como por las consecuencias económicas gravísimas. Entonces es muy llamativo que cuando estamos lidiando con desesperación para ver si nos alcanzan las camas para los enfermos o para ver qué plan económico le presentamos a los organismos internacionales, a los acreedores y a la sociedad para que apuntemos a una reconstrucción de la economía que parece colapsada, aparezca este tipo de iniciativas en este momento”.