“Un gran logro de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es la persecución contra los presuntos autores”: Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala

Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y juez de la República | Foto Radio YSUCA, Edgar Franco

Recientemente se cumplió cuatro años en que se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que durante tres décadas tapó las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la República, Sidney Blanco brindó sus valoraciones a cuatro años de ese hito histórico.

¿Qué aspectos de la sentencia no se han cumplido?

Hace más de 4 años se dictó la sentencia de inconstitucionalidad en contra  de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. En esta sentencia, aparte de la expulsión del ordenamiento jurídico de la ley, se ordenó a las autoridades públicas, especialmente a la Asamblea Legislativa, una serie de medidas que adeuda a las víctimas.

Le ordenamos: Que regule los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos a graves violaciones al derecho internacional humanitario. No lo ha hecho.

Se le ordenó también que disponga de recursos adecuados (porque es la Asamblea la que destina presupuesto), recursos para atender las exigencias de las víctimas y sus familiares, respecto a investigaciones, enjuiciamiento,  esclarecimiento y sanción de los responsables. No lo ha hecho.

Se le ordenó a la Asamblea considerar medidas de reparación integral de las víctimas.  Tampoco lo han hecho.

También se le encomendó medidas de reparación a las víctimas, tampoco lo ha hecho.

Tampoco el Ejecutivo no ha propuesto una iniciativa orientada a cumplir con la referida sentencia.

-¿Qué aspectos sí se han cumplido?

Se ha logrado que no exista la Ley de Amnistía Absoluta Amplia Incondicional que es una ley abiertamente contraria a la Constitución, tal como se declaró. Por lo tanto no se puede invocar a la ley (amnistía) para negarse a realizar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad o de guerra.

También la sentencia deja claro que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de la guerra son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que el transcurso del tiempo no va a cubrir el manto de la impunidad, por lo que las investigaciones pueden iniciar o continuar las persecuciones contra los presuntos responsables de crímenes en cualquier momento.

También lo que se ha logrado, y se espera, es que la Asamblea Legislativa no replique expresiones tales como una amnistía amplia absoluta, general, incondicional y  que exonere a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en una nueva ley.

¿Cuáles cree que sean las razones por las que el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía General de la República sigan renuentes a que haya justicia para las víctimas del Conflicto Armado?

Los poderes como El Ejecutivo, de cualquier ideología, ARENA nunca estuvo interesado en promover la reconciliación, ni en dignificar a las víctimas y ni tampoco en brindar información para esclarecer los hechos. Tampoco lo hizo FMLN en los 10 años en que gobernó y tampoco lo ha hecho el actual presidente. No se ve indicios en que estén dispuestos a entregar información relacionada al esclarecimiento de estos hechos (como los archivos de guerra).

Pero a mi juicio, ¿cuál es la razón de seguir renuentes a que haya justicia para las víctimas? Yo creo que una de las razones, es en que ambos partidos hay gente implicada en alguna de estas categorías de crímenes. Y obviamente entre ellos que hacen mayoría en la Asamblea Legislativo (ARENA – FMLN) no parece que exista un sincero interés en transitar a la democracia con dignificación a las víctimas. Porque como lo dice la sentencia, implica un enjuiciamiento para los responsables de estos crímenes y la misma sentencia opera para ambos bandos que hayan cometido delitos de esta naturaleza y eso explica porque en la Asamblea Legislativa tienen dificultades para ponerse de acuerdo.

En lo que sí logran ponerse de acuerdo es en que los crímenes de esta naturaleza deben “olvidarse”, según estos partidos políticos. Ha habido evidencia en que dentro de la Comisión que analizaba la sentencia se puso a personas involucradas directamente con la guerra  y de ambos bandos. Consecuentemente no podemos esperar un producto decente que recoja el espíritu de la sentencia para dar ese paso importante a la democracia. Los partidos políticos que deben negociar para aprobar una Ley de Reconciliación cuentan con personas que podrían estar implicadas en alguna de esta categoría de delitos a los que se hace mención en la sentencia.