Subdirector del IDHUCA percibe que abogados presidenciales pretenden desgastar a organizaciones

Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA

“Las organizaciones que presentan demandas contra el Gobierno tienen una agenda “oscura”, con la única intención de dañar al presidente y no se dan cuenta que ellas también pueden ser dañadas”, manifestó recientemente el asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Tras estas declaraciones el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, señaló que las organizaciones o instituciones muestran preocupaciones o propuestas para que se atienda de mejor manera la emergencia por la pandemia que afecta al país y al mundo.

Escalante mencionó las consecuencias que traen estos señalamientos contra quienes, haciendo uso de sus derechos, hacen señalamientos e instan a tomar mejores decisiones.

“Si hay alguien que señala errores, hay que escucharles porque eso al final viene a garantizar que las cosas se hagan mejor. Fue una de las primeras conferencias que el presidente de la República dio, cuando comenzó todo esto. Entonces, yo creo que la actitud o la postura de los abogados de Casa Presidencial en lugar de responder a fortalecer el Estado de Derecho, viene una especie de campaña de desinformación y hasta cierto punto, también, de desgaste, como repito, de estas organizaciones que están preocupadas y que quisieran proponer que las cosas sean mejor”, dijo Escalante.

El subdirector del  IDHUCA manifiesta que las acciones del Gobierno, en su conjunto, despiertan preocupación incluso de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien percibe que en El Salvador se registra un desgaste institucional y cae en duda el Estado de Derecho.

“Porque es verdad que hay que defender el derecho a la vida y a la salud, esos derechos sobre todo en un contexto como este hay que protegerlos, pero la protección de los derechos no puede ser en contraposición de otros, si no que se tiene que buscar el adecuado equilibrio entre unos y otros. Y aquí es donde no observamos un adecuado funcionamiento del Estado… Hay excesos, hay arbitrariedades, hay ilegalidades y esas acciones ponen en duda el Estado de Derecho”, aseguró.

Escalante dice que a esto se suma que  los Órganos del Estado muestran que cada uno quiere imponerse sobre el otro, poniendo en tensión el Estado de Derecho.

“Entonces, al ver todo esto, repito, y con las actitudes de un Órgano Ejecutivo y también de algunos miembros de la Asamblea Legislativa, ponen en tensión el Estado de Derecho y si lo vemos desde la ciudadanía ponen en inseguridad jurídica, desde los pobladores, porque hoy por hoy, una de las grandes dudas es, ¿cuál es el decreto que está vigente?”, indicó.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA espera que en esta semana los Órganos de Estado tomen una actitud diferente y se dictamine una ley que elimine el limbo jurídico en el que actualmente se encuentra el país.