Incertidumbre jurídica desgasta la democracia y a la ciudadanía: abogado constitucionalista
Enrique Anaya, abogado constitucionalista | Foto EDH
Los salvadoreños se encuentran en un limbo jurídico para enfrentar la pandemia. Por un lado, la ley aprobada por la Asamblea Legislativa no ha sido sancionada y los decretos ejecutivos vigentes no tienen base legal, asegura el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Sumado a la incertidumbre jurídica, la ineficiencia del Gobierno al subir y borrar decretos en el diario oficial genera más dudas sobre los mecanismos reales para enfrentar la pandemia, lo que puede llevar a mayor violación de derechos y denuncias de la población, dijo el abogado constitucionalista, durante la entrevista de Telecorporación Salvadoreña.
Desde su punto de vista, eso también socava la democracia y desgasta a la ciudadanía.
Para ejemplificar, hizo referencia a las personas que desde los centros de contención denuncian bajo anonimato por el temor a represalias. “Significa que le estamos teniendo más miedo al policía, al soldado, a los miembros del Órgano Ejecutivo, lamentablemente, a los mismos médicos que están en los centros de contención”, opinó Anaya. Dijo además que a los albergados en el centro de contención Monte Carmelo los trasladaron como castigo por denunciar: “Desde el mismo Estado nos están metiendo miedo, cuando ya tenemos miedo de ejercer un derecho básico como es el derecho a la queja, el derecho al reclamo, eso es malísimo para la democracia, eso es desgastar la calidad de ciudadanos. Nos están haciendo perder la ciudadanía”, enfatizó el abogado.
Opina que el Gobierno continúa violando derechos constitucionales mediante decretos ilegales que permiten la circulación solo por medio del DUI. “Hoy en día en El Salvador tenemos un régimen de excepción dictado por un ministro de Salud, así de grave tenemos la situación democrática” expresó.
El abogado también aclaró que el Código de Salud y la Sala de lo Constitucional le permiten establecer cercos sanitarios, pero ninguna parte de la ley le da autorización para que pueda decretar una restricción de alcance general y que restrinja los derechos.
Ante la incertidumbre jurídica actual, Enrique Anaya recomienda a la Sala de lo Constitucional que aplique el mecanismo de “modulación en el tiempo de las decisiones constitucionales”, que consiste en que la Sala congela el proceso de inconstitucionalidad de las demandas presentadas y puede otorgar dos o tres días al presidente para que se ponga de acuerdo con la Asamblea, de lo contrario los decretos quedan sin efecto.