Violencia en tiempos de cuarentena
Duele profundamente el incremento de homicidios que sufre el país desde el viernes 24 de abril. En tres días se cometieron 69 asesinatos, superando a los 65 de todo marzo y duplicando los registrados en abril antes del último fin de semana. Es comprensible el estupor que ello ha causado en la sociedad salvadoreña. Pero esta violencia no es la única que se ha dado durante el tiempo de cuarentena. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, durante la cuarentena domiciliaria, que inició en la noche del 21 de marzo, se han contabilizado 54 asesinatos, 4 de ellos feminicidios. Además, se han acumulado 290 denuncias por violencia contra la mujer, 814 por amenazas y 323 por lesiones culposas. Estas cifras reflejan la magnitud del problema, pues, como es sabido, muchos de estos delitos no se denuncian, menos aún cuando la emergencia por la pandemia dificulta acercarse a una dependencia de la Fiscalía o la PNC.
Una vez más, los datos nos muestran que nuestra sociedad está atravesada por la violencia, una lacra que dificulta la convivencia en armonía. Sin embargo, lejos de combatirla, las autoridades fomentan la cultura de la violencia. La respuesta oficial a los asesinatos del fin de semana (autorizar y promover el uso de la fuerza letal, y castigar a todos los privados de libertad con encierro absoluto por tiempo indefinido) no es más que aplicar la violencia desde el Estado. Así, los defensores de la ley y del orden público se convierten nuevamente en actores de la violencia y violadores de las leyes que han prometido cumplir y respetar. Con estos actos, las autoridades están reivindicando la violencia como la mejor forma de resolver las crisis de seguridad, y con ello se ponen fuera de la ley y violan los derechos humanos, que deben ser respetados universalmente, para toda persona.
Por supuesto, la ley debe aplicarse a rajatabla y el crimen, perseguirse con rigor, pero siguiendo los procedimientos establecidos y con base en investigaciones y aportando pruebas. En contraste, las decisiones tomadas por el Ejecutivo parecen responder más a un caprichoso afán de venganza. Son propias de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente; un código superado desde hace siglos en los países civilizados. Fue precisamente para romper con la lógica de la venganza y la justicia por cuenta propia que se crearon los sistemas de justicia y los códigos penales, lo que significó un gran avance en el desarrollo social y en la lucha contra el crimen. Igualmente ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Despreciarlos no solo es un retroceso, sino supone entrar en una espiral de violencia similar a la que consumió al país en los años ochenta.
El Ejecutivo se vale de que una parte de la sociedad salvadoreña no ha transitado a una cultura democrática y no comprende la importancia de promover la cultura de paz. Esos compatriotas aplauden las medidas inhumanas que se están aplicando en los centros penales y en las calles. Y no solo las aplauden, sino que atacan con virulencia a quienes para salvaguardar los derechos humanos de todos los salvadoreños se oponen a ellas. Por otra parte, lo que está ocurriendo confirma el fracaso de los planes de seguridad que dice haber implementado el presidente; es decir, que los territorios siguen bajo control de los grupos de crimen organizado y que no se ha podido desarticular o al menos debilitar las estructuras criminales. En menos de un año de gestión se está constatando que la inteligencia para combatir el crimen, prometida en campaña electoral, está ausente. La tónica implementada es la que misma que se ha aplicado y ha fracasado por más de 25 años: el uso de la violencia y la represión estatal. Seguir este camino conlleva graves peligros para todos y la liquidación del Estado de derecho, que ha permitido la paz y la estabilidad desde el fin de la guerra.
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