Con la venia de altos mandos militares, esta labor de espionaje se llevó a cabo desde guarniciones a través de sofisticados equipos de ciberinteligencia concebidos como la punta de lanza en la lucha contra el crimen organizado.
Las llamadas “chuzadas” sin justificación legal pueden ser la verdadera causa de la muy reciente salida del comandante del ejército Nicacio de Jesús Martinez pese a que, en su momento, el residente Iván Duque argumentó razones familiares.
A esa conclusión llega la revista Semana tras tener acceso a fotografías, documentos secretos, videos y más de una docena de fuentes directas, es decir militares involucrados y en desacuerdo con lo que internamente se denomina “trabajos especiales”.
Magistrados en causas contra Uribe espiados
Uno de estos militares reconoció y presentó pruebas a la revista SEMANA de haber seguido la orden para espiar ilegalmente a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien inicialmente llevó la instrucción por manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe y actual senador del partido de Gobierno Centro Democrático. Según el militar en cuestión, la información obtenida a través de las escuchas ilegales debía ser entregada a esta formación política.
Las denuncias se tornaron más graves este sábado al coincidir con el hallazgo de un micrófono oculto en el despacho de otro magistrado César Augusto Reyes, instructor de otro expediente contra Uribe.
Ciberintelgencia con fines políticos
Las escuchas ilegales a políticos, magistrados y periodistas se hicieron a través de herramientas de última generación concebidas como la punta de lanza en la intercepción y acceso a información confidencial en la lucha contra el crimen organizado. Por esa razón, los encargados de las operaciones de inteligencia deben respetar los protocolos, ajustarse a la ley y acatar la Constitución.
Pero según revelo a SEMANA un alto oficial de la Inteligencia militar colombiana, durante varios meses el anterior comandante del Ejército entrego ordenar estos equipos a dos coroneles, uno activo y uno en retiro. “No fueron destinados a misiones y operaciones oficiales, el solo hecho de que un retirado maneje estos equipos ya es irregular. Sabemos que fueron utilizados para actividades políticas. Después de tres meses (a finales del año pasado) los devolvieron sin ningún registro de lo que hicieron. Todo lo borraron”, afirmó la misma fuente.
Manzanas podridas o política paraestatal
El ultraconservador Centro Democrático pidió a las autoridades que se revelen los nombres de sus miembros involucrados en este escándalo. En un tuit, el expresidente Uribe calificó de infamia las acusaciones a miembros del Centro Democrático de haber recibido supuestos reportes de chuzadas en el ejército y de que dicha información le fuese directamente enviada.
El presidente Duque aseguró que “cualquier manzana podrida dentro del ejército recibirá un castigo”. Pero otro de los chuzados, el senador Roy Barreras, quien denunció el bombardeo del Ejército contra una de las disidencias de la ex guerrilla FARC en el que murieron ocho menores de edad y que le costó el cargo al ministro de Defensa, considera que no se trata de “manzanas podridas” sino de una política paraestatal que debe llegar a la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).
Tras las revelaciones periodisticas, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, critico del gobierno y blanco igualmente de las escuchas ilegales, pidió garantías al Gobierno Nacional para su ejercicio político. ” ¡Ahora informe de revista Semana revela que he sido interceptado desde las Fuerzas Militares! Como gobernador me amenazaron cuatro veces de muerte, desde la Fiscalía me hicieron montajes judiciales con fines políticos, me quitaron la visa. ¿Qué les falta?” escribió Romero en su cuenta de Twitter.
La persecución a Semana
La revista SEMANA denuncia igualmente haber sido objeto durante el 2019 de constante vigilancia y seguimiento de parte de integrantes de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército. Durante los primeros meses de ese año, algunos periodistas recibieron sufragios y amenazas directas, entre otras intimidaciones, como respuesta a las denuncias que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario y encarcelamiento de varios altos oficiales, entre ellos generales.
Hasta el momento, SEMANA se había abstenido de revelar públicamente este episodio para proteger las fuentes, la propia investigación y los elementos de juicio y pruebas suficientes para hacer la denuncia.
Como consecuencia de la investigación sobre interceptaciones ilegales publicada este fin de semana las amenazas aumentaron en el último trimestre con envío de lápidas funerarias, entre otras formas de presión e intimidación. A esto se sumó una campaña de espionaje y seguimientos. “Un coronel de ciberinteligencia me ofreció 50 millones de pesos para introducir un malware (virus) en los computadores de periodistas de Semana y así poder acceder a la información”, confirmó a esta revista una de sus fuentes.
Durante varios meses –y de manera intermitente– estuvo estacionada una camioneta Toyota de color negro frente a las instalaciones de SEMANA. En su interior estaba lo que se conoce como un equipo táctico –que si está en el rango adecuado, como en este caso, – intercepta la señal de los celulares. La verificación de las placas permitió establecer que se trata de un vehículo asignado a los militares.
Las labores de reportería de los periodistas estuvieron bajo vigilancia. En repetidas oportunidades una joven mujer apareció en diferentes lugares, como cafeterías, restaurantes y centros comerciales, pendiente de las reuniones con las fuentes. Igualmente se estacionó durante horas y acompañada de otro agente frente a la entrada peatonal y al parqueadero de revista.
SEMANA logró establecer con el comando de personal que se trata de una subteniente de inteligencia, orgánica de un batallón de comunicaciones, cuyo nombre la revista se abstiene de revelalar.
También tuvo vigilancia permanente un café cerca de las instalaciones de esta revista en donde con relativa frecuencia el director, Alejandro Santos, se reúne con algunas fuentes. SEMANA logró establecer que no solo militares activos participaron de esas acciones. Un coronel retirado por vínculos con narcos y paras decidió ayudar a la cúpula militar anterior, de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios quienes se alternaban con los militares activos las labores de seguimientos y vigilancias contra los periodistas de SEMANA.