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Nacionales

Organizaciones piden audiencia al presidente Legislativo para aportar en la formulación de la Ley de Reconciliación


Redacción YSUCA / 09 enero 2020 / 7:23 pm

Foto Edgar Franco

Comité de Víctimas de la Guerra pide al presidente legislativo escuchar a las víctimas y permitir que la ONU apoye en el proceso técnico en la formulación de la Ley de Reconciliación.

Por tercera vez, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparación, el Colectivo de Derechos Humanos y la Mesa Contra la Impunidad solicitaron a  los diputados de la Asamblea Legislativa audiencia para explicar la propuesta de ley presentada por las diversas organizaciones.

Ima Guirola, del Colectivo de Derechos Humanos, manifestó la necesidad de ser escuchados para así poder argumentar por qué la propuesta de las organizaciones cumple con los parámetros requeridos.

Los diputados cuentan con tres proyectos de ley: la de las organizaciones de derechos Humanos,  la de la Comisión Política y un híbrido que ellos (Comisión) están formulando de ambas propuestas, sin dar mayores detalles.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce,  se comprometió con las organizaciones a darles el espacio en las próximas semanas y recalcó que como legisladores están buscando la forma de cumplir con el plazo de la sentencia que expira el 28 de febrero.

Julio Magaña de CRISTOSAL advirtió a los legisladores que la ley debe contener los parámetros de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Por otro lado, el presidente legislativo confirmó que ha aceptado el apoyo de las Naciones Unidas (ONU) para la formulación de la Ley de Reconciliación. “He enviado una carta a las autoridades para aceptar su apoyo técnico en la creación de la ley de reconciliación”, explicó.

El presidente, quien debe buscar los consensos en el pleno en favor del pueblo, se excusó este jueves asegurando que solo él no puede comprometerse con que la tercera propuesta que se trabaja no cuente con vicios de amnistía.

Los diputados tienen hasta el 28 de febrero para que se venza el plazo que dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se apruebe un normativa a favor de las miles de víctimas.