Una agenda para los derechos humanos
Editorial UCA
A inicios de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país para conocer de primera mano la situación local de los derechos humanos. A fines de 2019, dio a conocer su informe preliminar, con señalamientos y recomendaciones importantes para que en El Salvador aumente el respeto y la vigencia de dichos derechos. La Comisión realizó la visita por invitación del gobierno de Nayib Bukele, y se le dieron todas las facilidades para observar sin restricción alguna, según señala el propio informe. Ello permitió documentar de manera completa la realidad en esta materia. En este sentido, cabe asumir que hay voluntad por parte de las instancias estatales de conocer la opinión de la Comisión sobre los derechos humanos en nuestro país y acatar sus recomendaciones. Además, que la visita se realizara al inicio de la administración de Bukele da al informe un carácter más relevante, pues es el punto de partida, o la línea base, para luego evaluar la gestión gubernamental en derechos humanos, y medir los avances o retrocesos al respecto.
El informe confirma lo que las organizaciones de derechos humanos han repetido incansablemente: en esta materia, El Salvador tiene retos importantes de larga data, ante los cuales es urgente tomar las medidas necesarias para que estos derechos universales estén garantizados para todos los salvadoreños, sin excepción. Aunque es imposible en este espacio dar cuenta de todos los señalamientos del informe, a continuación se resaltan cuatro que, a juicio de esta casa de estudios, merecen especial atención.
En primer lugar, la Comisión hace hincapié en lo indebido de la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y en la necesidad de fortalecer a la PNC para que sea la única instancia a cargo de ellas, cumpliendo con los estándares interamericanos de derechos humanos. Ante el gran número de muertes de civiles en enfrentamientos con la Policía y los pocos agentes condenados por estos hechos, el informe señala la necesidad de investigar todos los casos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. También hace referencia a la gran cantidad de desaparecidos y al insuficiente apoyo que los familiares reciben del Estado para localizarlos. Frente a ello, recuerda la obligación del Estado de atender debidamente a las familias de estas víctimas e investigar sobre el paradero de las personas desaparecidas.
Por otra parte, la Comisión verificó que la política de privación de libertad vigente mantiene en la cárcel, por largo tiempo, a muchas personas que no han recibido condena; personas que posteriormente resultan ser inocentes de los cargos que se les imputan y son dejadas en libertad. Además, afirma que tanto en los centros penales como en las bartolinas se violan de manera grave los derechos humanos de los detenidos por, entre otros, el aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, la falta de atención médica, la suspensión del régimen de visitas, los obstáculos para garantizar un debido proceso y la ausencia de programas de reinserción. Aspectos que la Comisión considera que deben corregirse de inmediato.
En tercer lugar, ante la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, el informe señala la necesidad de avanzar en la investigación y persecución penal de esos delitos, y de que se apruebe una ley de reconciliación nacional acorde a los estándares interamericanos de justicia transicional. Asimismo, anima a seguir trabajando en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra civil. Finalmente, la Comisión constató “la prevalencia de patrones socio-culturales discriminatorios que permean la sociedad salvadoreña en su conjunto e impactan en el actuar de funcionarios públicos, vulnerando el derecho de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) a vivir libres de violencia y de discriminación”. Patrones que ocasionan “la normalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTI, en un contexto facilitador para su ocurrencia, y en una situación de impunidad generalizada ante estos crímenes”, lo que explica que El Salvador sea el país de la región con el mayor número de feminicidios y asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI.
Los señalamientos vertidos por la Comisión en su informe constituyen una clara agenda de trabajo para el Estado en su conjunto en materia de derechos humanos. No tendría ningún sentido que, después de haberla invitado a realizar la visita y valorar la situación de El Salvador, el contenido del documento no sea tenido en cuenta o, peor aún, se implementen medidas contrarias a lo recomendado.