RFI: ¿En qué medida el decreto 4078, emitido por la presidenta interina Jeanine Áñez establece una impunidad para las fuerzas armadas bolivianas ?
Francisco Eguiguren: “Decretos de este tipo son irresponsables. Es una declaración irresponsable que si lo que quiere es decir a las fuerzas de seguridad : ‘intervengan nomás que de nuestro lado no va a haber ningún tipo de control o sanción’, eso es un incentivo a un actuar desproporcionado y los propios integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad tienen que ser conscientes de que su actuar debe ser profesional y prudente.
Porque si bien cuando hay una alteración del orden público, las fuerzas armadas y la policía, pueden contribuir a restablecer ese orden, obviamente el accionar de las fuerzas de seguridad del estado está sometido, a nivel internacional de los derechos humanos, al respeto de la proporcionalidad, la vida de las personas y el uso razonable de la fuerza. Cualquier ofrecimiento anticipado de digamos ‘impunidad’ o de que el Estado no investigará ni sancionará, sin duda es un incentivo a que no se respeten estos derechos. Es casi equivalente a las auto amnistías y completamente cuestionable, porque no es aceptable desde el punto de vista internacional.”
RFI: El ministro de defensa boliviano argumenta que hay que tener en cuenta el contexto que vive el país y la violencia por parte de seguidores de Evo Morales, criticando la respuesta de la CIDH…
Francisco EGUIGUREN: “No se puede descartar que hay protestas que exceden los límites de lo razonable, proporcionales, pacíficas y sin armas. Pero es en cada caso concreto donde los dirigentes políticos del gobierno tienen que dar instrucciones muy claras, de que tiene que haber uno uso proporcional y razonable de la fuerza. No puede haber una especie de: “patente de corso” o seguro anticipado, como decir: ‘actúen nomás que nada va a ser objeto de responsabilidad’. Es dar una garantía genérica de impunidad, lo cual no resulta aceptable.
Yo me imagino que políticamente, más allá de que el gobierno impulse este decreto, hay un punto de fondo; la propia policía y fuerzas armadas deben tener en cuenta que si su deseo, como señaló en su momento es no reprimir al pueblo, esta situación no tiene por qué cambiar. Es decir, tiene que haber un uso muy prudente, fino, adecuado y proporcional en cada caso concreto.
La experiencia histórica nos ha enseñado en muchos países que, superadas estas coyunturas, precisamente cuando se restablece un orden democrático y constitucional; se investiga y sanciona a los responsables de las violaciones a los derechos. Las fuerzas de seguridad deben ser conscientes de que su actuar debe ser profesional y prudente.”