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Nacionales

Archivos de la FAES esclarecen varios crímenes de guerra


Redacción YSUCA / 07 noviembre 2019 / 7:18 pm

Foto/ Ysuca archivo

A criterio del abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA  (IDHUCA), Manuel Escalante, el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene en sus manos una decisión muy importante para la investigación de crímenes de guerra y es abrir los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) relacionados a los operativos de guerra.

Escalante señala que con abrir los archivos se podría ubicar cuerpos y se abonaría más información en las investigaciones.  Sin embargo el abogado teme que el Ejecutivo esté pensando en limitar la información.

“Mi percepción es que se está pensando en entregar expedientes. Es decir que del conjunto de archivos se entreguen algunos papeles específicos al juez. Pero el concepto de estándares dados por la ONU-  es un conjunto de documentos- . El juez no solo debe acceder a algunos documentos, es a todos los archivos de la Fuerza Armada”, indicó Escalante.

Escalante externó que Bukele en la conferencia de prensa del 1 de noviembre se comprometió a abrir los archivos y espera que cumpla con el plazo dado por el juez para el 14 de noviembre.

“Se debe hacer una búsqueda coherente y con sentido de Derechos Humanos. Es decir si se buscan documentos específicos y si estos no se encuentran van a justificar que no existen y lo que ocurre en estos casos es,  que lo que no hay es lo que se anda buscando” enfatizó el abogado.

Escalante instó al juez y peritos que si los archivos se llegan a abrir se investiguen con coherencia y  exhaustivamente por si se oculta información o si hacen falta hojas a los archivos.

Asimismo el abogado del IDHUCA dijo que la conmutación de la pena solicitada en 2017 a favor del coronel Guillermo Benavides se da por cerrada luego que la Corte rechazara la petición:  “Damos por cerrado dado que la Corte Suprema de Justicia  negó la conmutación de la pena. La solicitud de conmutación de la pena no procedió porque se trata de un crimen de lesa humanidad”.

A 30 años de prisión fue condenado Benavides por la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.