Dale play


Nacionales

La Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado lamenta la ausencia políticas públicas para la protección de las víctimas


Redacción YSUCA / 11 septiembre 2019 / 4:34 pm

En el marco de los 100 días de Gobierno, la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado cuestiona al Ejecutivo la poca apertura para las organizaciones civiles en el abordaje de las diversas problemáticas que atañen al país.

Según Bianca Rodríguez, de la Mesa de la Sociedad Civil, el Gobierno carece de capacidades para crear políticas para resolver esta problemática.

“El Gobierno carece de poca apertura para los espacios de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas de Gobierno, también hace falta conocimientos sobre los mecanismo existentes de interlocución con las instituciones públicas. Además, hay una falta de voluntad política por incorporar a las sociedad civil en dichos espacios que limita la participación de las organizaciones en la formulación de políticas”, indicó Rodríguez.

A criterio de Johana Ramírez, de la Mesa de la Sociedad Civil Contra el Desplazamiento, urge la creación de políticas para la atención de las víctimas de la violencia del desplazamiento forzado.

Ramírez también lamentó que el marco legal presentado al Seno Legislativo ( La ley de Atención Integral a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno) no ha sido aprobada. “Hemos denunciado que no existe una política de atención integral a las víctimas y  las distintas formas de violencia. Los marcos de protección que existen actualmente no están funcionando y no responden a las necesidades de las víctimas,  por ello exhortamos a la aprobación de la ley”, indico Ramírez.

La Mesa remarcó la importancia de que el Ejecutivo reconozca el desplazamiento forzado interno como una expresión de la violencia.

Las organizaciones lamentan la ausencia de atención a las víctimas en el Plan Control Territorial y esperan que el Gobierno pueda escuchar sus recomendaciones.

En 2018 la mesa registró más de 200 casos de desplazamiento forzado y prevé que este año se sobrepase el número de denuncias.