Estudio sobre función pública revela arbitrariedades en contrataciones de empelados públicos
Foto/ Kenia Kenia Gómez
El estudio oportunidades y desafíos de la función pública en El Salvador es una iniciativa del Instituto Nacional Demócrata y La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FUSADES.
Según el informe, hasta el año 2018 el registro de empleados del gobierno central era de 128 mil 106 trabajadores. El pago en salarios representa actualmente el 7% del Producto Interno bruto.
En los últimos 10 años entre el 2008 y 2018 el gasto en remuneraciones representó el 81% de los gastos corrientes.
Otro dato relevante del estudio es que entre 2009 y 2019 hubo más de 21,584 contrataciones de empleados, pero solo 8,493 se otorgaron por concurso público. El resto de contrataciones se realizaron de forma discrecional.
Mónica Tobar de FUSADES explico que el estudio refleja que “hay una gestión deficiente del empleo caracterizada por el uso arbitrario de mecanismos de selección, ascenso y remuneración. Esto al final termina por generar vulnerabilidad institucional ya que privilegia la contratación de empleados que pueden o no estar preparados para desempeñar sus funciones”.
Rafael Molina del Instituto Nacional Demócrata hizo mención sobre que el quinto informe del mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción recomendó al Estado salvadoreño reformar la función pública que es esencial para combatir la corrupción.
En ese sentido, hizo el llamado al Presidente de la República a impulsar la Ley de la Función Pública que sustituya la Ley del Servicio Civil que data de 1961.
La discusión actual sobre una ley de la Función Pública tiene como objetivo modernizar la gestión del empleo público. Pero las reformas al servicio civil debe ir acompañado del diálogo con todos los sectores aseguran las organizaciones de la sociedad civil.