Cristosal señala deficiencia del Estado para resguardar personas desplazadas por violencia

Celia Medrano, directora regional de Cristosal.

La organización de derechos humanos Cristosal realizó el estudio denominado “efectos del resguardo prolongado en la calidad de vida de victimas del desplazamiento forzado”. El estudio consistió  en dar seguimiento a un caso de una familia que ha estado en resguardo estatal  más de año y medio.

La conclusión de Cristosal es que hay deficiencia en la atención que brindan los albergues que más bien ha sido diseñados para atender a testigos criteriados y no para victimas desplazadas por la violencia.

El programa no brinda atención integral y digna en alimentación, salud e higiene. Además dificulta el derecho a la libertad  por la duración extrema de la situación. El tiempo prolongado afecta el bienestar integral de la familia señala el estudio.

Iris Tejada, psicóloga de Cristosal,  asegura que el programa de atención a víctimas que ofrece el Estado es insuficiente, no ofrece soluciones duraderas y atenta contra los derechos humanos.

Según Tejada, “el enfoque con que éste programa estatal de atención a víctimas está diseñado  no sirve para brindar una atención  como las víctimas de violencia y desplazamiento forzado necesitan  porque tienen requerimientos especiales que no se están contemplando”.

Añadió que a partir de las condiciones que viven las familias en los albergues aumenta “la sensación de indignidad de las personas  porque al tener esas condiciones tan precarias  ellas incorporan en sí mismas el mensaje de no merecimiento, lo que limita su capacidad de  mantener la esperanza y confianza”.

Las condiciones de las personas desplazadas no mejorarán mientras no exista una ley especial sobre el desplazamiento forzado interno. Ley que los diputados aun no aprueban, con lo que han incumplido la sentencia 411- 2017 de la Cortes Suprema de Justicia.

Para Abraham Ábrego de Cristosal la ley debería contemplar un presupuesto para atención a víctimas y según estimaciones solo para mantener solo un albergue anda “entre 300 y 600 mil dólares anuales  (…) si se quiere cubrir todo el país debería tomarse en cuenta (este monto)”, dijo Ábrego.

Cristosal a partir del estudio recomienda  a  la Comisión Coordinadora  del Sector Justicia UTE emitir protocolos de atención y revisar el sistema de protección, ya que actualmente la actuación es improvisada. Al ejecutivo  le recomienda reconocer públicamente los desplazamientos por violencia y a la Sala de lo Constitucional  dar seguimiento a la sentencia  resolver otros amparos pendientes.