Editorial

Otra oportunidad


Imelda Jacobo / 22 marzo 2019 / 4:36 pm

Editorial UCA

22/03/2019

El término “maquiavélico” se usa para referirse a decisiones, frases y acciones de políticos sin escrúpulos, del tipo que Nicolás Maquiavelo describe en El príncipe. Aunque esta obra, considerada un gran aporte a la concepción moderna de la política, se escribió a inicios del siglo XVI, no ha perdido actualidad. En El príncipe, Maquiavelo describe el comportamiento deshonesto como algo normal y efectivo en la política, pues esta no tendría relación con la moral. Las decisiones de los diputados de derecha que votaron el lunes 18 de marzo por una conformación del ente rector del agua en la que el Estado podía quedar en minoría y 4 días después anularon todo lo discutido hasta el momento recuerda al contenido de la obra del escritor italiano. ¿Cuál fue la razón de fondo para tomar esa última decisión? ¿Se debió al inmediato rechazo de diversos sectores de la vida nacional? ¿Tuvo algo que ver con la aprobación del aumento del Fodes?

Sea cual sea la razón, los diputados enmendaron. Que el Estado sea el que tenga el poder de decisión en la institucionalidad del agua es un clamor popular. Según la encuesta del Iudop de noviembre de 2018, 86 de cada 100 salvadoreños opinan que la entidad responsable de regular el agua debe estar en manos del Estado. En septiembre del año pasado, más de 200 mil firmas se llevaron a la Asamblea Legislativa exigiendo que sea el Estado el que controle el ente rector del agua. Y en los mismos términos se han pronunciado más de 100 organizaciones sociales, además de los tres últimos titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este clamor ha sido acompañado por líderes de Iglesias evangélicas y por la Conferencia Episcopal de El Salvador, encabezada por el arzobispo José Luis Escobar Alas. ¿Cómo fue posible que todas estas voces fueran desoídas en aras de una propuesta contraria?

Además, la tendencia jurídica internacional apunta en el mismo sentido. La UCA realizó un estudio de legislación comparada de institucionalidad hídrica en 13 países de América Latina. Las conclusiones son contundentes. En ningún país de los estudiados la empresa privada tiene poder de decisión sobre los recursos hídricos; es el Gobierno el que dicta las políticas y regula el recurso. Este estudio fue entregado a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Sin embargo, los diputados de derecha decidieron seguir tomando como base la propuesta de ley que respalda la gran empresa privada. Así, aprobaron la conformación del ente rector del agua de forma que podría haberse impedido que el Estado tomara decisiones que garanticen que el agua se gestione como un derecho humano. O dicho de otra manera, la conformación del ente rector dejaba servida la mesa para que la regulación del agua terminara obedeciendo a intereses sectoriales, no nacionales.

Esto explica que muchos actores e instituciones reaccionaran de inmediato denunciando que con esta decisión se estaba en camino de privatizar el agua. El discurso de los que defienden (¿defendían?) la presencia de la empresa privada en el ente rector argumentando que no iban a privatizar el agua cayó en saco roto, porque ya han mentido antes en procesos similares. A principios de los noventa, la derecha dijo que no privatizaría la banca, que solo pretendía sanearla, pero la privatizó. En 1996 afirmó que las pensiones mejorarían con el paso a las AFP y en 2001 la dolarización se anunció como una integración de dos monedas. El resultado de ambas medidas es conocido por todos. Ciertamente, Maquiavelo sostiene que, desde el poder, siempre habrá razones legítimas para romper las promesas. Pero Anaxágoras, un filósofo presocrático, formuló una frase que explica fielmente la reacción de rechazo generalizado a la decisión de los diputados de derecha: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía”.

La decisión de los diputados de revertir su decisión es buena y les da otra oportunidad para que entiendan de una vez el mensaje que la mayoría de la población ha planteado con contundencia. La gente está harta de que se gobierne para privilegiar a élites ligadas al poder. La afirmación de la derecha de que no busca privatizar el agua solo será creíble cuando deje de insistir en incluir a gremiales empresariales en el ente rector del agua. No se puede ser juez y parte. Ser usuario y tener poder de decisión sobre la regulación crea un conflicto de intereses. Hay otros espacios de participación en los que pueden estar los empresarios, que, evidentemente, tienen derecho a que se tome en cuenta su palabra. Pero no en el ente rector del agua. Si esto se entiende y se plasma en la tan esperada Ley General de Aguas, entonces la decisión de anular todo y comenzar de cero habrá valido la pena.

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