Silencio cómplice
Editorial UCA
19/12/2018
El Gobierno nicaragüense se ha lanzado a una feroz cacería contra todos aquellos que denuncian los atropellos y violaciones a derechos humanos que perpetra. Daniel Ortega busca callar de cualquier modo toda voz opositora. Primero, reprimió las manifestaciones. No bastándole el uso de antimotines y grupos de choque parapoliciales, ubicó francotiradores en puntos estratégicos para disparar contra los manifestantes, causando la muerte de decenas de personas, principalmente jóvenes. Luego, suspendió el derecho a la libre manifestación, negando todos los permisos solicitados por la Alianza Azul y Blanco para manifestarse exigiendo la libertad de los presos políticos y el cese de la represión policial y parapolicial.
Después, al mejor estilo de los escuadrones de la muerte y el terrorismo de Estado, Ortega dio mano libre para que, de noche y sin órdenes de arresto ni de allanamiento judiciales, policías y parapolicías detengan sospechosos de haber participado en las manifestaciones antigubernamentales, destruyendo sus casas en el proceso, bajo la acusación de terroristas y golpistas. De este modo, decenas de personas están siendo condenadas, sin pruebas, en juicios a puerta cerrada y sin el debido proceso, a varios años de prisión, engrosando el número de presos políticos, que ya supera la cifra de seiscientos.
La escalada antidemocrática de Daniel Ortega no se detiene. Recientemente, la Asamblea Legislativa, bajo el control de su partido, canceló la personería jurídica a un grupo de organizaciones no gubernamentales por su labor de denuncia de la represión en Nicaragua. La acusación esgrimida contra ellas es tan absurda como escandalosamente mentirosa: “Violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado, promoviendo terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de propiedades públicas y privadas”. Además, los cuerpos de seguridad allanaron y destruyeron buena parte de las instalaciones y equipos de las ONG, e incautaron todos sus bienes y activos. Varias de estas organizaciones han mantenido siempre un férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la información veraz e independiente, y por ello son reconocidas local e internacionalmente. Con este acto, el Gobierno muestra no tener temor a ser acusado de violar el derecho a la libertad de expresión y de información.
Ante la situación en Nicaragua, es inaceptable y cómplice el silencio de los países de Centroamérica. Y más grave es el apoyo a Ortega por parte del Gobierno de El Salvador. No es posible que se apoye o se calle ante los atropellos de un régimen que viola los derechos humanos, y a la vez se afirme defender los principios democráticos. Lo que se vive en Nicaragua es similar a lo que sucedió en nuestro país antes de la firma de los Acuerdos de Paz. En la tierra de Sandino se ha destruido la institucionalidad democrática, se ha organizado fraudes electorales, se ha eliminado la personería jurídica a partidos opositores que gozaban de un importante apoyo popular, se reprime a la población sin compasión, se destruye la economía y condena a la pobreza a millones de personas. En Nicaragua se ha instalado un régimen totalitario que ha suspendido de facto las libertades de expresión e información; un régimen que secuestra, tortura, encarcela y condena sin ninguna garantía jurídica.
No reconocer esta realidad muestra una ceguera intencionada y cómplice que contradice cualquier discurso de paz y bienestar. Nicaragua es un país hermano que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana, y la situación de crisis democrática que vive afecta a toda la región. El pueblo nicaragüense necesita el apoyo y solidaridad de El Salvador en la defensa de sus derechos fundamentales. ¿Hasta cuándo se le seguirá negando?