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El viernes al mediodía, el abogado Javier Argueta, uno de los asesores jurídicos del presidente de la República, escribió en la red social “Twitter” una advertencia a la Revista Gato Encerrado por un reportaje publicado sobre una reunión que este funcionario habría tenido con cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para informarles que la Sala de lo Constitucional de la actual Corte Suprema de Justicia iba a emitir una resolución que avalaría la reelección presidencial del actual mandatario.
Señores @GatoEncerradoSV sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán.
No jueguen con la libertad de información creando historias.
Lean la sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007, y ahí verán de qué les hablo y léanla en detalle. https://t.co/rQCdC1uWIy
— Javier Argueta (@gomez_argueta) September 17, 2021
El reportaje según se lee en el sitio web de “Gato Encerrado” está basado en dos fuentes del Tribunal Supremo Electoral que les proporcionaron la información a condición de anonimato, lo cual es un derecho legal que tienen los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes informativas.
Ese derecho está amparado en el art. 206 del Código Procesal Penal y el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, afirmó César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES.
De acuerdo con el presidente de la APES, los periodistas no están obligados a revelar la identidad de sus fuentes, pues es un derecho amparado tanto en leyes nacionales como internacionales.
César Fagoaga, presidente de la APES:
El principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reza: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
El presidente de la APES también señaló que si Argueta u otro funcionario consideran que con la publicación se cometió algún delito, hay leyes que castigan los delitos como difamación o calumnia; Fagoaga también les recordó a los funcionarios que existe la Ley de Rectificación y Derecho de Respuesta.
Por su parte, el director ejecutivo para América, de Human Rights Watch, Miguel Vivanco, también reprochó las advertencias de Argueta hacia el medio digital salvadoreño, y le recordó al funcionario que la reserva de identidad de las fuentes está protegida por normas internacionales de derechos humanos.
El asesor legal de Bukele @gomez_argueta amenaza con una retaliación judicial a @GatoEncerradoSV si no revela sus fuentes.
La reserva de fuente está protegida por las normas internacionales de DDHH.
Nuevo atropello del gobierno de Bukele contra la prensa. https://t.co/0MfH5QZsL9
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 18, 2021