¿Qué significaron los Acuerdos de Paz para El Salvador?

Imagen de publicación Diario Latino en archivo Biblioteca Nacional, 21 de enero, 1992 | Foto Radio YSUCA

Los Acuerdos de Paz firmados hace 30 años, por la entonces guerrilla salvadoreña del FMLN y el gobierno de turno, trajo consigo el cese de la violencia armada. Luego, en las elecciones de 1994, el FMLN participó en ellas como partido político legalmente inscrito. 

Los acuerdos también estipularon reformas más limitadas en los sistemas judicial y electoral. También otras medidas como la transferencia de tierras, la capacitación y el crédito para ayudar a los excombatientes a reincorporarse en la vida civil. 

Por otro lado, los Acuerdos de Paz establecieron la depuración y reducción de la Fuerza Armada adecuada a las funciones dadas en la reforma Constitucional y en consecuencia reducción del gasto militar y batallones de infantería y reacción inmediata. También la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda se suprimieron y sus efectivos se incorporaron al Ejército.

La Dirección Nacional de Inteligencia se eliminó y se estableció que estas funciones serán del Organismo de Inteligencia del Estado subordinado al poder civil bajo la autoridad del Presidente de la República y con supervisión de la Asamblea Legislativa. 

Además, se disolvió la defensa civil y se acordó regular los servicios de seguridad privada. 

En los Acuerdos de Paz se estableció crear nuevas fuerzas de seguridad pública. Por ello se creó la Policía Nacional Civil, independiente de la Fuerza Armada y  “ajeno a toda consideración política”; con cuerpo nuevo, nueva organización, nuevos cuadros y mecanismos de formación, de adiestramiento y doctrina. 

Se establece que la Seguridad Pública estará a cargo de la PNC y que esta debe estar bajo la dirección de autoridades civiles. Contrario a estos acuerdos, actualmente la Policía está bajo la dirección del exmilitar Mauricio Arriaza Chicas. 

Además se abrió paso a nuevas instituciones, tales como el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue creado para asegurar la independencia de los órganos del Estado y de los partidos políticos, con una integración entre jueces y sectores de la sociedad, no conectados directamente con la administración de justicia. También nace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

Posteriormente, se elimina el Consejo Central de Elecciones (CCE) y se crea el Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por los magistrados designados por la Asamblea Legislativa provenientes de las propuestas de los partidos políticos y coaliciones con mayores votos en la última elección presidencial 

Los acuerdos también abordaron el “problema agrario” y contempla diferentes puntos, en los que se incluye la transferencia de tierras rústicas que excedan el límite constitucional de 245 hectáreas, con programas en los que se daría preferencia a excombatientes de ambas partes que no tuvieran tierras y que voluntariamente lo solicitaran. Además, el sistema de pagos de las tierras, las tierras en las zonas conflictivas, la legalización de la tenencia de tierra en zonas conflictivas a título individual o asociativo, sobre las tierras ocupadas, entre otros. 

Además se creó un foro donde participó el Gobierno, el sector laboral y empresarial, el cual se denominó: Foro para la Concertación Económica y Social, en el que se concertaron medidas para aliviar el costo social del programa de ajuste estructural, y para proponer soluciones a las comunidades marginales urbanas y suburbanas y problemas derivados del conflicto armado. Sin embargo, no arrojó las medidas esperadas.