Propuesta de Ley de Agentes Extranjeros pone en riesgo los derechos ciudadanos

Foro sobre Derecho de Asociación y Leyes de Regulación de Agentes Extranjeros | Foto Radio YSUCA/ R. Padilla

La propuesta de ley contiene conceptos ambiguos que podrían usarse para amedrentar a las organizaciones, con el argumento de contravenir el orden público. Esa discrecionalidad es la que preocupa, señala Gabriela Santos, directora de la licenciatura de Ciencias Jurídicas de la UCA.

El articulado de la propuesta de ley es ambiguo y deja dudas sobre la aplicación de la normativa. Además, el artículo 10 impone un impuesto del 40% que podría ahogar a las organizaciones. Con ello también se violenta el trabajo que realizan, señala Santos.

“También hay una prohibición incluso de transmitir correos electrónicos y eso es una disposición que llama la atención. No se encuentra cuál es la finalidad. El artículo 10, que es el más sonado y el que quizá la mayoría conocemos, que es la imposición del 40 por ciento de impuestos por cada transacción, eso es la parte desproporcional de la ley. Es decir ya existen otros cuerpos normativos que regulan a las organizaciones, la fundación sin fines de lucro, etcétera”, explicó Santos.

Según la abogada esto socava a las organizaciones y es una violación al trabajo que realizan las organizaciones en pro de los derechos humanos.

Por otro lado, Zaira Navas, de Cristosal, hizo un llamado al diálogo para que se conozca la labor que realizan las organizaciones y se abra el debate sobre el tema y evitar que suceda lo que ha ocurrido en otros países donde se ha limitado su trabajo. Navas señala que de aprobarse la ley se afectaría la labor de las organizaciones, de la sociedad civil y se violarían los derechos de los ciudadanos.

“Los contenidos que tiene actualmente el proyecto riñen con los derechos de la población salvadoreña y particularmente las personas afectadas serían las víctimas de violaciones a derechos humanos, usuarias de servicios que prestan las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto no prestan las instituciones gubernamentales”, dijo Navas, en referencia a programas de asistencia psicológica, de apoyo a desplazados y para víctimas de violencia sexual.

La propuesta de ley no solo pone en riesgo la libertad y el derecho de asociación y de expresión, sino que censura el trabajo de las organizaciones que durante años han solicitado transparencia en la gestión pública, señala Xenia Hernández de la Fundación DTJ.  Agregó que el discurso gubernamental sobre que la propuesta pretende transparentar el trabajo de las organizaciones es falso.

“El venir a utilizar la narrativa de transparencia es simplemente eso, un mal uso para que otras personas que desconocen el trabajo de la sociedad civil puedan venir y comprarlo. Es ser bastante ingenuo seguirle comprando a este Gobierno y a sus funcionarios que todo esto es en pro de la población, que es en pro de la transparencia cuando ni ellos mismos están cumpliendo con el tema de la transparencia”, detalló Hernández.

Estas declaraciones se dieron en el marco del foro que realizó la sociedad civil sobre derechos de asociación  y leyes de agentes extranjeros. En dicho foro participaron representantes de las organizaciones Cristosal, DTJ, la UCA, ICEFI, entre otras.