Piden al Congreso hondureño “juicio político” contra presidente de la Corte y fiscal general
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Redacción Radio Progreso, Honduras
En sesión de pleno, se presentó el informe de la Comisión de Investigación de los casos de extradición en Honduras que concluyó con la petición al Congreso Nacional de juicio político para el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, por no cumplir con su papel de llevar ante la justicia a los narcotraficantes.
“Por la gravedad de acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición o los que se presentaron voluntariamente en los Tribunales de Justicia extranjeros por delitos de tráfico de Estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, o que denotan la incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, actuaciones comprendidas en la causal contenida en el artículo 5 numeral 2 de la Ley Especial de Juicio Político, esta Comisión recomienda el Juicio Político en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General”, dijo la diputada Silvia Ayala, integrante de la Comisión.
La propuesta habilitó la discusión donde hubo hasta acusaciones entre los diputados del Partido Nacional y los de la Alianza conformada por Libertad y Refundación, Libre y Partido Salvador de Honduras,
La Comisión que analizó las actuaciones de los Operadores de Justicia involucrados en el tema de extradiciones se reunió semanas atrás con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, El Fiscal General de la República.
También con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y Secretaría de Relaciones Exteriores. Toda la información recabada está sustentada dijo el abogado Ramón Barrios, Presidente de la Comisión Investigadora.
“Lo que nosotros estamos recomendando es que el pleno del Congreso Nacional le dé lugar al juicio político, luego viene el juicio donde al funcionario nosotros tenemos que demostrarle la culpabilidad o la inocencia, pero en un juicio político con respecto a una condena administrativa”, explicó Barrios.
La propuesta trajo la reacción inmediata de parte de la bancada del Partido Nacional. El diputado Jorge Zelaya calificó la petición como acción de odio y de venganza.
“El país no va a avanzar así, el odio, la sed de venganza, la persecución política es más que notoria. En tiempos de crisis las personas inteligentes buscan soluciones, los inútiles son aquellos que buscan pretextos y excusas para echarle la culpa a otros”, dijo el diputado nacionalista.
El jefe de la bancada del Partido Liberal Mario Segura, llamó al respeto a los congresistas y dijo que tanto el Presidente del Poder Judicial y el Fiscal General tienen la capacidad para defenderse en el hemiciclo legislativo.
“Yo creo compañeros que tanto el Presidente de la Corte como el señor Fiscal tienen la capacidad para defenderse, son funcionarios públicos, que venga aquí al Congreso y que expongan lo que han hecho contra el narcotráfico, y si ellos dicen que es contrario a lo que dice esta comisión pues hay que pedirles una disculpa y darles un aplauso”, manifestó el diputado Segura.
Pero el diputado nacionalista Antonio Cesar Rivera Callejas, insistió en que la acción de la alianza es puro show porque sin los diputados de su bancada no tienen mayoría calificada para aprobar el juicio político.
“Esto tiene dos connotaciones: persecución política y cortina de humo, bajen los precios a los frijoles, bajen el precio de las tortillas, bajen los precios al combustible, dejen de tirar cortinas de humo, no tienen los votos, sométala a votación ahorita, no tienen los 86 votos para el juicio político, esto es un show mediático”, justificó Rivera Callejas.
La Comisión de extradiciones en el Congreso Nacional también recomendó interpelar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Blanca Izaguirre, para que pueda explicar las razones del por qué su actuación beligerante en el caso Juan Orlando Hernández y no actuar con la misma celeridad en las condiciones indignas en que están muchos otros privados de libertad en las cárceles hondureñas.