Nuevo plan de control
Editorial UCA
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El contenido del Plan Control Territorial siempre ha sido un misterio, a pesar de ser el proyecto estrella del Gobierno de Bukele, impulsado desde el día en que inició su mandato. Lo poco que se sabe es que consta de diversas fases y que las primeras implicaron un amplio despliegue de militares y policías por todo el país, dotados de cascos y chalecos antibalas. A ello siguieron onerosas compras de vehículos, armamento y diverso equipo tecnológico que, según las autoridades, servirían para una más eficaz persecución de pandilleros y del crimen organizado. El Plan alcanzó también a los centros penitenciarios, extremando las medidas extraordinarias ya aplicadas por el Gobierno anterior a fin de evitar cualquier comunicación de los privados de libertad con el exterior.
En la versión oficial, gracias a la implementación del desconocido Plan Control Territorial, se logró llevar tranquilidad a las comunidades más violentas del país, bajar los homicidios y los índices de victimización de manera significativa. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaron que la causa de estas mejoras no radicaba en los esfuerzos institucionales, sino en un pacto entre las pandillas y el Gobierno, fruto de negociaciones realizadas de espalda a la población. Pero en los tres primeros días de abril algo provocó que las pandillas decidieran matar a mansalva, llegando a cometer 62 homicidios el 2 de abril, el número de asesinatos en un día más elevado desde el fin de la guerra. Es muy probable que esta ola de homicidios haya sido la modalidad que las pandillas escogieron para presionar al Gobierno a darles una nueva prebenda.
A raíz de la matanza, el Gobierno parece haber emprendido un nuevo plan, cuyo primer paso fue la declaración de un régimen de excepción por 30 días que suspendió algunas garantías constitucionales. A continuación se efectuaron miles de capturas, muchas de ellas indiscriminadas y con derroche de violencia. En simultáneo, la Asamblea Legislativa aprobó más recursos para la Policía y el Ejército, y reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos, aumentar las penas y no limitar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada. Además, aprobó disposiciones que le permiten al Gobierno imponer silencio en todo lo que haga referencia a las pandillas. La adición al Código Penal del artículo 345C es en realidad una mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a la vez que una violación al derecho de la población a estar informada.
Por su parte, el presidente ha acompañado todo este proceso declarando la guerra a las pandillas y lanzando continuas amenazas de tratos denigrantes a los privados de libertad. Bukele ha llegado a asegurar que no le causa problema irrespetar los derechos de los detenidos y ha acusado a las instancias internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los criminales. Todo apunta a que el nuevo plan, más allá del combate a la actividad delictiva en el país, también pretende dar herramientas para ejercer un mayor control sobre la población. Aprovechando el río revuelto de la violencia, se han limitado los derechos constitucionales y se ha legislado con la ambigüedad suficiente para utilizar las reformas y los nuevos delitos en contra de quien sea. Dado el historial de este Gobierno, lo más seguro es que la oposición, las instancias críticas y todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la verdad y la justicia serán las primeras víctimas.