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Nueva Asamblea ha aprobado $28 millones diarios en préstamos


Redacción YSUCA / 07 agosto 2021 / 3:02 pm

Asamblea Legislativa | Foto Radio YSUCA, Jaime Romero

Entre el 01 de mayo y el 31 de julio, la nueva Asamblea Legislativa ha aprobado 18 préstamos, 15 de ellos serán pagados con fondos públicos y suman en total $ 2,571,024,129.00. Además, tres operaciones de garantía soberana para deuda del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con bancos internacionales.

Significa que en 91 días los diputados han endeudado a los salvadoreños con un promedio de $28 millones de dólares diarios. Los datos han sido tomados de los decretos legislativos aprobados en los últimos tres meses.

Los préstamos han sido aprobados sin mayor discusión en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y en el pleno del Órgano Legislativo con la mayoría parlamentaria del partido Nuevas Ideas.

Ocho de los préstamos son con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuatro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y uno con el Fondo OPEP para el desarrollo internacional (OFID).



*Gráfica elaborada con información de la Asamblea Legislativa. No incluye deuda soberana.


Entre los 18 préstamos, hay 5 para el área económica, la mayoría para apoyar a las empresas que resultaron afectadas por la covid-19. El monto total para este fin es de $1,060 millones. Aquí se incluyen 3 préstamos de $260 millones con garantía soberana adquirida por el BFA y BANDESAL. Cuatro préstamos más son para financiar proyectos educativos, con un total de $800 millones y 2 préstamos para seguridad ciudadana de $200 millones. Para rescatar el deporte hay un préstamo de $115 millones 200 mil dólares. Otro para ampliación de carretera por $245 millones 824 mil 129 dólares. Dos más de $65 millones para dar respuesta ante la covid-19. También hay $45 millones para el área climática y sector cafetalero. Otro por $250 millones para acciones de políticas públicas y uno con el Banco Europeo de Inversión (BEI) de $40 millones.

Los tres préstamos de garantía soberana no tendrán impacto fiscal, ya que serán pagados por los bancos nacionales (BFA-BANDESAL). Sin embargo, el economista y consultor financiero, Rafael Lemus explicó que para más de  $2,500 millones en préstamos sí habrá impacto fiscal. Pero aclara que no todo se desembolsará en 2021, únicamente $915 millones destinados a cubrir la brecha del presupuesto 2021. El resto de proyectos requerirá de desembolsos graduales.


*Gráfica cortesía de Rafael Lemus, economista y consultor financiero


El monto de préstamos autorizados en 2021 es un rebalse de los tres mil millones que se autorizó el año pasado, más mil millones de CETES y LETES, dice el economista. Solo el año pasado la deuda subió 73 a 88 % del Producto Interno Bruto (PIB) y este año se elevará al 92%.

Uno de los efectos del aumento de la deuda es que la calificación de riesgo está degradada y existe la posibilidad de impago. Para el economista Rafael Lemus, aunque El Salvador subscriba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). siempre tendría problemas debido a la deuda de corto plazo y el cierre de los mercados.



Con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se adquirirá la mayor deuda. Un total de $1,661,024,129.00 en 8 préstamos, el más grande de $600 millones para el Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica en Beneficio de Empresas y el Empleo Afectados por el Covid-19.

El mismo banco también financiará la fase tres y cuatro del Plan Control Territorial. Además, la operación de políticas de desarrollo para apoyar acciones de políticas públicas; el proyecto construcción de viaducto y ampliación en carretera los Chorros; y el programa educativo “mi nueva escuela”, entre otros.


*Cuadro elaborado con información de decretos legislativos. Fuente: Asamblea Legislativa


El BCIE establece en sus contratos el pago de cuotas semestrales por un plazo de 20 años. La primera cuota deberá pagarse 6 meses después del primer desembolso. Además de la cuota se suman los intereses ordinarios, intereses moratorios del 3% y comisiones. Entre las comisiones habrá una de compromiso anual, una única comisión de seguimiento y administración y otras comisiones adicionales que el banco le traslade al prestatario.

El prestatario, que en el caso de El Salvador es el Ministerio de Hacienda, al firmar los contratos con el BCIE ha declarado que los montos de los préstamos solicitados están dentro de sus límites de capacidad de endeudamiento.

Por otra parte, los organismos que ejecutarán los proyectos se comprometen a realizar las actividades con la debida diligencia y eficiencia y cuidando el medio ambiente. Además, se comprometen a llevar libros contables por separado de cada proyecto que evidencien el financiamiento efectuado con los fondos del préstamo. Otro compromiso con el banco es enviar informes que estarán a cargo de una firma auditora independiente del organismo ejecutor. También informes mensuales del avance físico y financiero de los proyectos.

Entre otras acciones, las instituciones no podrán usar el dinero del préstamo para pago de salarios, dietas, bonificaciones o cualquier otra suma en concepto de reembolso.



* Información tomada del Diario Oficial del 29 julio 2021


El Salvador podría perder los préstamos si funcionarios están en lista de sanciones

La firma de contratos con el BCIE también implica cumplir con la política antifraude, anticorrupción y practicas prohibidas establecidas por el banco. Los organismos ejecutores, es decir las instituciones a cargo de los proyectos, deben cumplir los requisitos que exige la normativa del BCIE relacionada con la prevención del lavado de activos.

Las instituciones a cargo de los proyectos con la firma de los contratos autorizan al BCIE y lo facultan a investigar y tomar medidas si los funcionarios, empleados, representantes y agentes que mantienen una relación con el BCIE incumplen la normativa del banco en materia de lavado de activos. Una de esas medidas puede ser la inclusión en la “lista de contrapartes prohibidas” donde están quienes incumplen los pactos establecidos en los contratos.

Pero además el banco podría rechazar o suspender los desembolsos “si el organismo ejecutor o sus funcionarios y sus partes relacionadas no cumplen con la normativa del BCIE vigente en materia de lavado de activos o resulten en una coincidencia en alguna lista de sanciones”, cita una parte de la sección de obligaciones especiales en el marco de la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sanciones del contrato.



De haber incumplimiento de las políticas y normativas del banco se podría activar el vencimiento anticipado del contrato, lo que significaría que el monto del crédito por amortizar junto a los montos e intereses devengados y no pagados se exigirá de manera inmediata y el BCIE podrá iniciar acciones judiciales para exigir la suma total de la deuda.

Según el economista Rafael Lemus este escenario de incumplimiento podría ocurrir, ya que las calificadoras lo están advirtiendo. Es más, el Gobierno tendrá problemas incluso para financiar la brecha del presupuesto.



El Salvador debe pagar en los próximos 3 meses más de mil millones  

El análisis de economista Rafael Lemus concuerda con la visión de la economista de la UCA Julia Evelyn Martínez, quien asegura que el Gobierno está en serios problemas. Para pagar deuda de corto plazo de CETES y LETES, entre septiembre y noviembre El Salvador debe sacar $1,089 millones. En septiembre debe pagar $645 millones, en octubre $219 millones y en noviembre $225 millones, explicó la economista de la UCA.

El Gobierno tiene actualmente una iliquidez que le complica el panorama, dice la economista. El Gobierno ha hecho otras emisiones de deuda de corto plazo, pero los inversionistas ya no le están comprando, asegura. La categoría de “bonos basura” no le permite salir a vender más bonos.



Otro de los bancos con quien El Salvador ha firmado contratos de préstamos es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con este banco el país ha adquirido 2 préstamos que suman $145 millones. Incluye el programa de

mejora de la calidad y cobertura educativa: nacer, crecer, aprender y otro para el fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros. Con el BID también el BFA y BANDESAL han adquirido deuda para otorgar créditos para la recuperación de la MIPYME.

Los préstamos con el BID son para 25 años en cuotas semestrales. Los intereses comenzarán a pagarse a los 6 meses de entrada en vigencia del contrato.

Con este banco el Ministerio de Hacienda también se ha comprometido en  mantener y monitorear los proyectos del programa y administrar los riesgos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional. Las instituciones deben presentar un informe en el primer trimestre de cada año sobre el estado de las obras. Otro informe a los 5 años siguientes a la terminación de la primera obra y a los 36 meses del primer desembolso deberá entregar un informe de evaluación para documentar los resultados.

El Ministerio de Hacienda se compromete a que el organismo ejecutor presente al banco otros informes financieros que éste le solicite cuando a juicio del BID, el análisis del nivel de riego y la naturaleza del proyecto lo justifiquen. El contrato puede finalizar cuando el banco determine que un empleado o representante de la institución ha cometido una práctica prohibida.

Otro banco con el que se adquirirá deuda es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con un monto total de deuda de $750 millones en 4 préstamos. Con esta deuda se financiará el proyecto de desarrollo económico local resiliente; el proyecto crecer y aprender juntos y el otro proyecto, creciendo saludable juntos. Además de un financiamiento adicional para Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el Covid-19.

El Fondo OPEP para el desarrollo internacional (OFID) prestará $15 millones para un proyecto de respuesta de El Salvador ante el Covid-19. Este préstamo  ha sido posible porque El Salvador firmó en 2017 un Acuerdo con el Fondo OPEP, una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Por otra parte, el Banco Europeo de Inversión (BEI) prestará $40 millones a BANDESAL para apoyar la reactivación económica de las empresas salvadoreñas afectadas por la Pandemia COVID-19 y para la diversificación de la matriz energética. Esta es una deuda soberana.

Al rector de la UCA el padre Andreu Oliva, le preocupa la enorme deuda que ha adquirido el país y que tendrán que pagar todos los salvadoreños.  El incremento de la deuda carga las finanzas públicas y genera crisis fiscal, dice el rector.



Según datos del Banco Central de Reserva la deuda pública hasta el mes de junio de 2021 era de $23,255.62 millones. Un incremento del 9.4% con respecto a junio de 2020. Solo la deuda del Gobierno central hasta junio de 2021 era de $10,357.65 millones. En 2020 la deuda era de $ 9,398.38, un crecimiento anual del 10.21%.


* Fuente: Banco Central de Reserva


El economista Rafael Lemus no duda de que invertir es necesario y que los rubros para los cuales van destinados los préstamos ayudarán. Sin embargo, lamenta que se destinen fondos de préstamos para aumentar salarios. Es una práctica constante de aumentar plazas públicas. Opina que el aumento de plazas y salarios de los últimos años es insostenible.



Pero a juicio de la economista de la UCA Julia Evelyn Martínez mientras cada martes en las plenarias se continúan aprobando préstamos y las finanzas públicas entran en crisis, la población se distrae con otros temas menos importantes.