No se debe permitir la expulsión arbitraria de jueces y magistrados, dice Cristosal

Foto Cristosal

Magistrados de cámara y jueces de primera instancia deberán dejar sus cargos esta semana debido a que el presidente ha sancionado un decreto que reforma la Ley de la Carrera Judicial y ha sido mandado a publicar en el Diario Oficial. Cristosal señala que esta acción es arbitraria.

Cristosal ha acompañado a estos funcionarios en una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ruth López, jefa de Anticorrupción y justicia de Cristosal, dice que son un total de 56 jueces y magistrados quienes han firmado la demanda.

López dice que esta acción viola derechos humanos también de los usuarios del sistema de justicia.

El Gobierno, para evitar protestas de la ciudadanía, ha dicho que se trata de una depuración de jueces corruptos, sin desarrollar procesos individuales no solo para despedirlos, sino procesarlos de encontrarles actos de corrupción, indica Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.

Navas dice que es necesario corregir este hecho, ya que no depura, sino que busca romper el sistema de pesos y contrapesos en el país.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, dice que el caso de El Mozote es un ejemplo claro de cómo este tipo de reformas propiciadas, desde el Ejecutivo, afecta el acceso a la justicia de toda la población.

Los demandantes esperan que la CIDH requiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales que suspendan la entrada en vigencia del decreto que arbitrariamente expulsa a magistrados y jueces de sus funciones y se logre restituirlos en sus cargos.