La oposición al Gobierno de Bukele: ¿qué falta?

Álvaro Artiga*
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En las marchas del pasado 15 de septiembre (15-S), entre las consignas más pegajosas estaba esta: “¡¿Cuál es la ruta?!”. Entre las respuestas había dos muy sonoras. La primera se expresaba mal del presidente; la segunda, “¡Sacar al que recluta!”. La pregunta “¿Cuál es la ruta?” expresa un desafío para los sectores y organizaciones sociales opositoras a varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia: el desafío de dilucidar la estrategia para impedir el establecimiento y consolidación de una dictadura en El Salvador.

Antes hubo otras manifestaciones de protesta en espacios públicos, pero no fueron tan numerosas como la del 15-S. En las redes sociales era frecuente encontrar el reclamo para dejar la zona de confort y pasar a la calle. El irrespeto a la Constitución por parte del Gobierno y sus aliados no lograba expresarse masivamente en las calles. Algo faltaba en las convocatorias opositoras para que muchos más se animaran a expresar su descontento en el espacio físico, no solo en el virtual. La aprobación de la ley del bitcóin, las reformas a la ley de la carrera judicial, el aval de la Sala de lo Constitucional para la reelección del actual presidente de la República fueron decisiones gubernamentales que activaron emociones y sentimientos de una parte importante de la ciudadanía opositora al Gobierno.

La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, la destitución y nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, la propuesta de una reforma constitucional, la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la opacidad en el manejo de los fondos públicos durante la pandemia, la negativa al traslado de fondos a las municipalidades como lo establece la todavía vigente ley del Fodes, las violaciones a los derechos humanos en los primeros meses de la gestión de la pandemia, el ataque a periodistas etiquetados como “incómodos”, el cierre de operaciones de la Cicies… nada de ello activó la movilización callejera.

¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Se ha llegado a un punto de inflexión en la popularidad del presidente? Las encuestas de opinión que se dieron a conocer inmediatamente antes del 15-S mostraron una disminución en la popularidad de aquel. Pero retirarle el apoyo a alguien no implica necesariamente pasar a la oposición. Una alternativa podría ser simplemente pasar a la indiferencia, distanciarse. Dar el paso a la movilización callejera es algo más.

En general se dice que las acciones de protesta en la calle son acciones políticas no convencionales. Es decir, se recurre a medios no institucionalizados para expresar una posición sobre asuntos de interés público. Y ello puede obedecer, o bien, a una estrategia política planificada, o bien, a que los espacios y medios institucionales para expresarse no logran canalizar ese descontento. La estrategia política del presidente y sus aliados optó por acabar con la eficacia de esos canales. En otras palabras, es la misma estrategia presidencial la que está provocando la movilización y la protesta callejera. Culpar a la cooperación internacional de financiar a la oposición al Gobierno es anunciar medidas para cerrar más espacios institucionales para que el descontento se exprese.

El cierre de canales institucionales para expresar el descontento empujará hacia el uso de canales y métodos no convencionales. Así fue cuando los militares gobernaban el país. Es el mismo régimen el que lleva a los opositores a buscar canales no institucionales para hacerse escuchar. Si el Gobierno de Bukele y sus aliados son necios en seguir por esta ruta, lo que hoy es una expresión espontánea de rechazo a sus políticas mañana será expresión organizada contra el Gobierno y, según evolucione el proceso, contra la dictadura.

Una nueva oposición política está naciendo, pero no hay que esperar que su desarrollo sea un proceso lineal de avance sin retrocesos, de éxitos sin fracasos, de pura cooperación sin conflictos, sin sectarismos ni ambiciones de protagonismo. Nada de eso. Así lo muestra la experiencia del desarrollo de la oposición social y política de la década de 1970 de nuestra historia política. Se trata de un proceso dialéctico lleno de acciones y reacciones, tanto desde el polo de Gobierno como desde el polo opositor. Y, sin embargo, no hay recetas, solo experiencias y memoria.

¿Cuál es la ruta? No hay una ruta preestablecida. Como dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Ello no quiere decir que se ha de caminar a ciegas. Las reivindicaciones particulares y las metas compartidas han de servir de mojones para no dar vueltas en el mismo lugar. Las experiencias pasadas también sirven para orientar el caminar. Entre estas experiencias hay dos que deben estar a flor de piel: una referida a la temporalidad y la otra a la propia constitución de la acción colectiva.

Sobre la temporalidad hay que estar abiertos a la asincronía propia de un movimiento diverso como el que se expresó el 15-S. Algunas reivindicaciones adquieren legitimidad social más rápido que otras y sus portadores encuentran distintas oportunidades para crecer en términos organizacionales. No todas las reivindicaciones que se expresaron el 15-S tienen igual peso político. Dotarse de legitimidad, crecer organizativamente y aumentar la capacidad de influencia en la opinión pública toma tiempos distintos según sea la reivindicación. Estas diferencias pueden tener consecuencias para alcanzar metas previstas, objetivos planteados, respuestas favorables por parte del Gobierno. La asincronía al interior de un movimiento social diverso debe ser interpretada como tal y no convertirla en motivo de discordia, de sectarismo, de exclusión.

Por otro lado, aunque se trate de una relación dialéctica entre Gobierno y oposición, eso no quiere decir que la temporalidad en la capacidad de acción y respuesta de cada polo sea igual. La mayor disponibilidad de recursos en el polo gubernamental le da ventaja, pero ello no quiere decir que esa ventaja se traduzca necesariamente en victoria. Si así fuera, nunca en la historia podría haberse acabado con regímenes totalitarios y autoritarios.

En cuanto a la constitución de la acción colectiva hay que decir que se trata de constituir una entidad, que no es la mera agregación de partes. Si las marchas del 15-S quedan como acontecimientos de agregación de grupos y personas en una actividad común, muy probablemente no se avance más allá del simbolismo. La tarea siguiente, como parte de la ruta, es dotarse de vínculos de coordinación que permitan mantener en el tiempo una acción colectiva capaz de alimentarse del potencial descontento que las decisiones políticas del oficialismo vayan generando. El desafío acá será dotarse de una coordinación adecuada a las circunstancias, los medios y los fines establecidos con sus respectivas temporalidades. El presidente lo sabe y tratará de impedirlo. Ya lo anunció.

* Álvaro Artiga, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.