La ley de aguas que necesita el país
Editorial UCA
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Es contradictorio que a pesar de la gran cantidad de lluvia que El Salvador recibe cada invierno, no haya, en calidad y cantidad, suficiente agua para toda la población. Una visita a las comunidades de la periferia del gran San Salvador basta para comprobar que mucha gente, sobre todo de las colonias más pobres, no tiene garantizado el servicio. Hay barrios que pasan semanas, incluso meses, sin recibir agua. Lo mismo sucede en muchas zonas del interior del país. Por ello, reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos y aprobar una ley general de aguas son demandas exigidas desde hace lustros.
En 2006, hace 15 años, se presentó el primer anteproyecto de ley general de aguas. Ello dio pie a que se iniciaran esfuerzos por aglutinar al movimiento social entorno a una propuesta consensuada de normativa sobre el agua. El trabajo conjunto de comunidades, organizaciones sociales de diverso tipo e Iglesias dio frutos: en enero de 2020 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta ciudadana sobre una ley general de aguas. El núcleo de la propuesta tiene cinco características, que para el movimiento social son innegociables.
En primer lugar, reconoce el agua como un derecho humano, un bien público, por lo que, en consecuencia, su uso prioritario es satisfacer las necesidades de la población, por encima de los intereses de los sectores agropecuario, industrial y turístico, por ejemplo. En segundo lugar, por ser un bien público, le corresponde al Estado constituir el ente rector del agua; las decisiones estratégicas sobre el líquido no pueden ser potestad del sector privado. Ligado con lo anterior, en tercer lugar, en la toma de esas decisiones debe haber una amplia participación ciudadana. En cuarto lugar, promueve que el agua sea gestionada por un régimen económico justo y equitativo, fuera de la lógica de lucro. Finalmente, estipula que el agua se gestione desde el enfoque de cuenca hidrográfica, ya que la cuenca constituye la unidad natural y social de una gestión que determine las acciones necesarias para la protección, aprovechamiento y recuperación del agua.
Hace pocos días, el presidente de la República anunció la presentación de su propuesta de ley general de aguas. Y los diputados oficialistas dijeron que no discutirán ninguna otra que no sea esa. Ya sea que la propuesta del presidente sea un refrito o simple copia de la presentada el año pasado, o en verdad una nueva, lo fundamental es que la ley que se apruebe incluya los cinco puntos reseñados antes. Si se aprueba una legislación que incluya esos puntos, los salvadoreños contarán con una buena herramienta legal para luchar por sus derechos; si no es así, se ignorará un clamor popular y se comprobará que, más allá de promesas y propagandas, al presidente y sus diputados les tiene sin cuidado el bienestar de la población.