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Inspectoría General de Seguridad Pública debería investigar las agresiones policiales contra periodistas


Redacción YSUCA / 14 septiembre 2021 / 5:09 pm

Foto Radio YSUCA/ J. Romero

El 20 de agosto de 2021, dos periodistas fueron agredidos por dos agentes policiales mientras daban cobertura a la recuperación de un cadáver de un hombre en la quebrada El Arenal, aledaña al Mercado Municipal del Barrio San Miguelito, en San Salvador. Los agentes policiales no portaban su número de Orden Numérico Institucional, ONI y se transportaban en un pick up policial que no pudo ser identificado. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES y CRISTOSAL consideran que esta agresión se dio porque hay un incremento de hostilidades de parte de elementos de la corporación policial contra periodistas.

El presidente de la APES, César Fagoaga, manifestó que es muy importante poner a prueba las instituciones del Estado porque todavía se cree en la institucionalidad del país.

Fagoaga espera que desde la Inspectoría General de Seguridad Pública se responda, porque hasta el momento ni la Policía Nacional Civil ni la misma Inspectoría han individualizado a algún responsable del hecho contra periodistas agredidos en el mercado “San Miguelito”.

“Esto, además, sirve para sentar un precedente; la verdad que a nosotros nos parece muy lamentable que el día de hoy ni el director de la PNC ni otra dirección o personal de alto nivel en la PNC se haya pronunciado o siquiera hayan dicho que abrirán una investigación. Queremos que la inspectoría funcione, que siente un precedente en el sentido de que se investigue y que esto mande un mensaje a los demás policías. Primero, tienen que hacer su trabajo apegado a la ley y, segundo, tienen que respetar la integridad de los periodistas cuando están haciendo su trabajo. Esperamos y demandamos a la señora inspectora que haga su trabajo en este caso, el trabajo que le demanda la ley”.



La denuncia interpuesta por APES y CRISTOSAL en la Inspectoría General de Seguridad Pública es por falta muy grave regulada en el artículo 9 de la Ley Disciplinaria Policial, el cual establece la falta por “Incurrir en actos que, mediante elementos objetivos y concluyentes, riñan con el código de conducta y la doctrina policial, que lleven a la pérdida de la confianza o que puedan afectar el ejercicio de la función y el servicio policial encomendado al miembro de la carrera”.

Además, la denuncia es por la comisión de la falta grave, consignada en el artículo 8 de la misma ley, señalada por “impedir, dificultar o limitar el libre ejercicio de los derechos de los subordinados o de cualquier persona” y por “no usar en el uniforme policial el ONI o no portar la placa policial, así como ocultar cualquiera de esos distintivos”, según lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley Disciplinaria Policial.

La abogada senior de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos de Cristosal, Zaira Navas, señaló que la agresión a periodistas es una violación a la Libertad de Prensa, a la Libertad de Expresión y al derecho de información de toda la población salvadoreña.

 “Se han limitado las actuaciones en el ejercicio de las labores de periodistas y se han cometido actos que atentan contra la integridad física, psicológica de las personas que el día 20 de agosto estaban en San Miguelito, ejerciendo su trabajo para reportar y dar información a la población salvadoreña sobre los sucesos que ocurren. Esta no es la primera vez que la PNC agrede a periodistas, es sumamente preocupante que las autoridades policiales, a esta fecha no hayan emitido disculpas públicas, no se hayan pronunciado en contra de las agresiones del personal policial contra periodistas que están ejerciendo su trabajo y por el contrario tampoco han investigado estas violaciones”.

LA APES y CRISTOSAL piden que se inicie una investigación disciplinaria contra las agentes que vulneraron los derechos de los periodistas en el mercado San Miguelito y se inicie una investigación disciplinaria contra las jefaturas policiales en caso de haberse ordenado dicho procedimiento policial y contra aquellas que omitieron la investigación por las faltas disciplinarias cometidas contra los periodistas.

La APES y CRISTOSAL esperan que la institucionalidad funcione.