Gobierno con más de 300 millones aprobados para el Plan Control Territorial
Foto Radio YSUCA, Ramón Padilla
El Plan Control Territorial ha sido la bandera con la que el Gobierno ha vendido el discurso de la disminución de homicidios. Sin embargo, para expertos en seguridad pública y derechos humanos, es difícil comprobar que dicho plan sea la causa de la disminución de las muertes violentas en El Salvador.
Una nota del 02 de julio de 2020 de la Presidencia de la República especifica que para implementar todo el plan se invertirá $575.2 millones. Pero a julio de 2021 solo con las primeras 3 fases, de 7 que incluye el Plan Control Territorial, el monto aprobado superaba los 300 millones.
La primera fase inició el 20 de junio de 2019 y para entonces, el Gobierno ya tenía dinero disponible para echarlo a andar. Pero el discurso era contrario de parte del Gobierno y Rogelio Rivas, quien era el ministro de Justicia y Seguridad. Este funcionario repetía que no tenían fondos. “Hemos tenido la capacidad de sostenerlo en el tiempo, a pesar de que no hemos recibido un solo cinco para el Plan, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas”, cita la nota de prensa de la Presidencia del 02 de julio de 2020.
Para esa fecha el gobierno había tenido a su disposición una parte de $53.6 millones que aprobó la anterior Asamblea Legislativa entre mayo y junio de 2019 para seguridad pública. Ese monto provino de las reasignaciones presupuestarias de $47.4 millones de la Contribución Especial de Grandes Contribuyentes (CEGC) y $6.2 millones de excedentes de ingresos. Esto consta en los diarios oficiales del 23 y 27 de mayo de 2019.
El informe “incrementos sustanciales 2020 en seguridad y justicia”, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de febrero de 2020, desglosa las reorientaciones presupuestarias de 2019 para el ramo de seguridad pública y señala que durante julio y diciembre de ese mismo año se reorientó para seguridad pública por lo menos de $61.8 millones. De ese monto $10.1 millones se destinó para el Ministerio de la Defensa Nacional. Significa que para la primera fase el Gobierno tuvo por lo menos $115 millones de reorientaciones y excedentes.
Foto Fuerza Armada
Para la segunda fase del plan, la Asamblea Legislativa aprobó $91 millones y otros $109 millones para la tercera fase. Con las aprobaciones de préstamos y reorientaciones desde 2019 hasta 2021, el monto supera los $300 millones disponibles para dicho plan.
Para la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, ir anunciando nuevas etapas o fases en el Plan Control Territorial es una excusa para justificar más recursos, pero lo que se busca en realidad es empoderar a los militares y no es remoto que puedan recuperar el manejo de la seguridad pública.
La segunda y tercera fase del plan será financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un monto total de $200 millones.
La fase dos del Plan Control Territorial se lanzó el 2 de julio de 2019. La prioridad sería trabajar en 66 municipios con diferentes programas de bienestar social especialmente para jóvenes, para que salgan de las pandillas. La fase denominada “oportunidad” incluye la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubos), compra de vehículos policiales y la remodelación de sedes policiales.
En 2019 el exministro de Hacienda Nelson Fuentes explicó la segregación del monto de $91 millones de la segunda fase de la siguiente manera: $28.2 millones para la formación y capacitación de jóvenes; $15 millones para mejoramiento de 24 kilómetros de caminos; $9.4 millones para 10 proyectos de agua potable; $5 millones para mejoramiento de instalaciones deportivas, equipamiento y formación y $16.3 millones para 29 CUBOS. Además, $3.4 millones de intervenciones de cultura, $1 millón para concienciación de jóvenes, $2 millones para skate parks y $10 millones para equipar hospitales. Todo ello suma $90.3 millones.
Foto Fuerza Armada
Sin embargo, en junio de 2021, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, anunció otros montos y destinos del préstamo. Ya no serían 29 CUBOS, sino 44. Por otra parte, en esta fase se había anunciado que se construiría, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la Universidad Técnica para capacitar a 100 mil jóvenes en diversos oficios. Pero ante la construcción del Hospital El Salvador, el funcionario dejó de lado el tema de la universidad. Aseguró que los $30 millones que servirían para la universidad, pasaría a los institutos técnicos digitales que se construirán donde funcionaron algunos centros penitenciarios. Además, anunció que $4.5 millones serán para mejorar 100 casas de la cultura.
Según el Diario Oficial del 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el organismo coordinador del programa social que se implementará en la fase 2 y los organismos ejecutores serán los ministerios de Gobernación, de Cultura (MICULTURA); Salud (MINSAL); el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), ANDA y el Instituto nacional de los Deportes (INDES).
Pero, aunque el objetivo sea la prevención de la violencia, para Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos de Cristosal, el plan no busca este fin, mucho menos corregir el problema de manera estructural. Considera que desde que inició la primera fase del plan no se observa una apuesta real a la prevención de la violencia.
Aun así el Gobierno insiste en que una de sus apuestas es la prevención y llevar oportunidades a los jóvenes y para ello destinará $91 millones. Un monto que se pagará en un plazo de 20 años. Las cuotas serán semestrales y consecutivas hasta el vencimiento. La tasa de intereses es la LIBOR ajustable semestralmente. El primer pago se efectuará 6 meses después del desembolso, dice el contrato del préstamo con el BCIE. Si El Salvador cae en mora, el banco aplicará un recargo del 3% sobre la obligación en mora.
El contrato también establece que el organismo coordinador y los organismos ejecutores que reciban recursos del préstamo deberán cumplir con la política antifraude, anticorrupción y otras practicas prohibidas del BCIE.
La fase III del Plan Control Territorial se denomina “Modernización”. Se lanzó el 30 de julio de 2019. Contempla el monto de $109 millones que busca fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a través de la modernización de infraestructura y equipo. De los 109 millones la PNC dispondrá de $59 millones y el Ministerio de Defensa $50 millones.
El ex ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, desglosó el monto así:
$25.9 millones para equipamiento, infraestructura y videovigilancia; $12.9 millones para equipo médico; $2.6 millones para equipamiento, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 millones para equipo táctico; $46.9 millones para movilidad estratégica y $3.3 millones para administración, supervisión y auditoría del préstamo.
La pagina infodensa.com, amplía la información y señala que con los recursos se adquirirá cámaras de reconocimiento facial y de placas para identificar mejor a los delincuentes. Además, se comprarán vehículos aéreos no tripulados (UAV) con visión nocturna para identificar los campamentos de pandilleros.
Además la pagina cita como fuente al jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el coronel Pablo Alberto Soriano, quien confirmó que se contempla la adquisición de un helicóptero y una contrapartida para la compra del buque patrullero Metal Shark Defiant 85. Este buque fue entregado el 22 de julio de este año a la fuerza Naval de El Salvador. El buque está valorado en $5.2 millones, el gobierno de Estados Unidos donó más de 3 millones, el resto saldrá de los 109 millones aprobados para la tercera fase del Plan Control Territorial.
Foto Radio YSUCA, Ramón Padilla
Militarización: búsqueda de alianza para obtener respaldo
La fase cuatro del Plan Control Territorial la anunció el presidente el 19 de julio de 2021 y consiste en la incursión militar en los territorios dominados por las pandillas. Esta fase se anuncia cuando los homicidios comenzaron a registrar una considerable alza.
1,046 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se integraron a la estrategia de seguridad pública como apoyo a la Policía Nacional Civil, violando nuevamente la Constitución de la República. La idea es tener en los próximos 5 años 40,000 soldados.
“Gracias al acompañamiento de la Fuerza Armada en el PCT se ha logrado dar fuertes golpes a la narcoactividad, al crimen organizado, se ha logrado la recuperación de los territorios históricamente dominados por las pandillas. Estas acciones se traducen en tranquilidad y seguridad para las familias salvadoreñas”, cita un fragmento de una nota de la Presidencia. Sin embargo, no hay evidencia de que la militarización que inició con la fase uno del plan haya frenado el crimen, ni mucho menos, haya recuperado los territorios. Las extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados continúan siendo los problemas de los habitantes de zonas vulnerables.
“No hemos visto acciones concretas en materia de prevención de violencia que garantice que la institucionalidad está en los territorios”, dijo Zaira Navas de Cristosal, ya que el control territorial implica que el Estado y sus instituciones pueden garantizar servicios y tranquilidad a la ciudadanía, pero las amenazas continúan en los territorios, enfatizó.
Foto Radio YSUCA, Ramón Padilla
Para Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista la presencia militar no ha sido vinculada científicamente con la reducción del delito. Esta práctica de todos los gobiernos busca incrementar la presencia militar para mostrar músculo y capacidad de respuesta en un territorio que no está controlado por el Estado. Pero desde su punto de vista, el Gobierno busca una alianza política con la fuerza militar que le permita establecer condiciones de ventaja y acompañamiento en momentos incómodos para el gobierno. Es decir, si los ciudadanos deciden manifestarse ante las acciones gubernamentales.
Pero, además, opina que la fase cuatro es una excusa para dar más poder a los militares y fortalecer la alianza político militar. Según Reyna, la presencia militar en varias tareas como apagar incendios, combatir plagas, entre otras, ha permitido crear un imaginario colectivo para que la población observe a los militares como una respuesta a casi todos sus problemas y eso no es casualidad. Se está afianzado una relación política, dijo Reyna.
Presupuesto militar: un incremento de $19.5 millones anuales en los últimos 4 años
El presupuesto del Ministerio de la Defensa ha tenido incrementos significativos. En el año 2017 era de $141,346,110 y en 2021 subió a $220,000,959. En 4 años ha subido en más de $78.5 millones, un promedio de $19.5 millones anuales. Los montos mayores van destinados al rubro de gestión operativa.
Al presupuesto aprobado cada año para los militares se suman asignaciones adicionales por acompañamiento a la PNC en tareas de seguridad. Para el año 2020 ese monto adicional fue de $67 millones, dice Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad. La investigadora cuestiona estos montos extras que lo que hacen es restar presupuesto a la policía que sí tiene la tarea constitucional de la Seguridad Pública. Esto es alarmante, dice Aguilar, ya que los Acuerdos de Paz establecieron una reducción del gasto militar y reducir el número de efectivos militares que en esa época rondaba los 50 mil. En 2006 los militares se redujeron a 7 mil 500, pero en el gobierno de Mauricio Funes se incrementó el numero a 24 mil, lo que generó un aumento presupuestario significativo.
Desde la llegada de Nayib Bukele el presupuesto militar ha ido en aumento, más el presupuesto de Seguridad Pública, suma los mil millones anuales, una cifra que debería preocupar, sobre todo en un contexto de crisis económica, opina. Para Aguilar los gobiernos asignan presupuestos para ganar lealtades, y esto podría estar sucediendo con los militares. Bukele podría utilizar la Fuerza Armada, no solo como su aliada política frente al descontento de la población, sino para enfrentar a quienes considera sus opositores.
Los préstamos para el Plan Control Territorial implicarán mayor deuda para los salvadoreños. Zaira Navas de Cristosal lo ve con preocupación, porque no hay rendición de cuentas. Sumado a ello por más fases que haya y más dinero que se apruebe continúan las desapariciones, los feminicidios y los crímenes de odio se incrementan.
Foto Radio YSUCA, Ramón Padilla
Para Navas, medir el impacto del Plan Control Territorial es complejo por el cierre de informaron y falta de transparencia. Ve con preocupación que se le esté vendiendo a la población la idea de que la alternativa para los problemas de seguridad, incluso social, es la militarización, cuando lo que hemos visto en los últimos años es mayor presencia militar sin impactos reales.