Familiares de detenidos durante el Régimen de Excepción pierden la esperanza afuera de los penales
Familias en los alrededores del penal La Esperanza, en Mariona | Foto Radio YSUCA
Los contornos del penal La Esperanza, ubicado en el cantón San Luis Mariona de Ayutuxtepeque, al norte de la capital, se han convertido en dormitorios a cielo abierto, de mujeres que son madres, esposas e hijas, que esperan saber algo de sus familiares detenidos bajo el Régimen de Excepción.
Hay cartones convertidos en camas sobre el pavimento y las fachadas de algunas viviendas abandonadas sirven de refugio cuando la lluvia viene o el sol calienta.
Las personas afuera del penal de Mariona manifiestan que, en la mayoría de casos, sus familiares han sido sacados de su hogar. Una mujer, de unos 75 años, dijo a YSUCA que le han capturado a sus dos hijos y un nieto.
En los alrededores del centro penal La Esperanza incluso hay niños y niñas de brazos que deben permanecer en esa zona, a la espera de alguna noticia sobre sus familiares capturados.
Pese a que pasan día y noche preguntando sobre la suerte de sus familiares encarcelados, nadie les brinda información. Esto genera incertidumbre entre las familias que han decidido dejar sus viviendas por la intemperie.
Las capturas bajo el Régimen de Excepción se han dado incluso en la madrugada mientras las personas duermen, según comentaron los familiares afuera del penal de Mariona.
Familias en los alrededores del penal La Esperanza, en Mariona | Foto Radio YSUCA
La misma situación del Penal de Mariona se vive a las afueras del penal de Izalco en el departamento de Sonsonate, donde las familias permanecen a la intemperie a la espera de que sus familiares sean liberados, a cualquier hora del día o de la noche.
El Régimen de Excepción entró en vigor el 27 de marzo pasado, prorrogado en abril por 30 días más. Organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos han señalado que es un método para violar derechos humanos.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas proporcionan estándares básicos para el tratamiento de las personas privadas de libertad, incluyendo los requisitos mínimos respecto al acceso al aire libre para hacer ejercicio y vestimenta, alimentos y ropa de cama adecuados.
Además, la “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, a la cual se adhirió El Salvador el 19 de octubre de 1993, consagra y protege los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.