Estado de Derecho
José María Tojeira
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El cardenal Rosa Chávez dijo recientemente en una página de noticias del Vaticano que en El Salvador estamos en la actualidad en “una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione” (Vaticannews, 5 de Agosto, 2021). La preocupación por el Estado de Derecho ha sido continua en la Iglesia. Ya en años anteriores nuestro actual arzobispo había hablado de los rasgos de un “estado fallido” que se podía visibilizar en el estado salvadoreño. Y en la primera encíclica social escrita por el Papa León XIII se decía que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil”. En otras palabras, se insiste, como después lo hará más directamente Juan XXIII y el propio Concilio Vaticano II, en que el Estado está unido necesariamente a la defensa y protección de los derechos de todos, sin excluir a nadie. Es en definitiva lo que la Iglesia pone como obligación básica del Estado, el bien común, que “abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (G.S. 74).
En El Salvador hemos tenido una triste tradición de irrespeto a los Derechos Humanos, prácticamente desde la Independencia, heredada de la corrupción y la injusta sociedad de castas impuesta por los 300 años de la colonia. Las esperanzas de desarrollo de nuestro pueblo se ven frustradas con demasiada frecuencia por desigualdades, injusticias, pobreza y violencia, discriminación social y mal funcionamiento de instituciones públicas, desde la educación al sistema judicial, que marginan al más humilde e impiden el desarrollo de las capacidades de las personas. La migración ha sido con frecuencia el resultado de un Estado que, contra su propia Constitución, no ofrece a sus ciudadanos “bienestar económico y justicia social”.
En nuestros días nos toca a los cristianos defender el Estado de Derecho democrático, con la separación de poderes y la institucionalidad abierta a todos. Porque efectivamente, en muchas ocasiones se puede constatar que la institucionalidad es favorablemente parcial con unos y negativa o inútil para otros. Los mensajes de odio, las visiones en blanco y negro, la imposición de medidas y normas sin el debido debate público, la cerrazón de algunas instituciones estatales a debatir o incluso a respetar derechos de personas críticas o de diferente pensamiento, la manipulación de la justicia o la restricción sistemática del acceso a la información pública, son realidades que el cristiano debe contribuir a cambiar desde su compromiso pacífico con el bien común.
El Salvador es un país en el que los lazos familiares son muy fuertes. Basta ver la solidaridad de los migrantes con quienes permanecemos en el país. Pero los lazos de la convivencia social amplia están demasiado dañados por la desconfianza, por la búsqueda de ventajas individuales y por la cultura de la ley del más fuerte y del desprecio del débil. Los cristianos, que en buena parte somos los que hemos construido los valores que mantienen unida y solidaria a la familia incluso en la lejanía, tenemos, en estos tiempos que corren, la responsabilidad de mejorar estos lazos sociales dañados por tantos años de abuso de quienes debían tener como máxima responsabilidad el bien común. Comprometernos con la ética ciudadana, con la defensa de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, y con la transformación de las estructuras sociales que marginan, descartan o no sirven para el pleno desarrollo de todas las personas y sus capacidades, es hoy una forma también de no entristecer al Espíritu Santo, que decía Pablo en Efesios 4, 30, así como una forma de amor al prójimo, extraordinariamente bien ejemplarizada en la vida de nuestro San Óscar Romero.