El régimen de Bukele socava derechos humanos
Domingo 09 de febrero 2020, Asamblea Legislativa | Foto cortesía
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Por Kenia Gómez
Tener un fiscal afín y unos magistrados a la medida, se le concedió al presidente Nayib Bukele el 01 de mayo de 2021, cuando los diputados en su primera sesión plenaria destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, para imponer a funcionarios afines al Gobierno. Ahí comenzó el camino hacia la concentración del poder.
Recurriendo a reformas ilegales, removieron a la tercera parte de los jueces para colocar respaldos políticos. Se comenzaban a cerrar las puertas para el acceso a la justicia y la garantía de los derechos humanos de los salvadoreños se comenzaba a quedar entre sombras. Buscar artimañas para concentrar más poder comenzaría a ser parte de la estrategia.
La centralización del Órgano Ejecutivo en la toma de decisiones ha avanzado desde el 01 de mayo, y el control que ahora tiene sobre los otros órganos del Estado tiene consecuencias negativas en el sistema democrático. Para el juez de Sentencia Antonio Durán el control sobre la Corte Suprema de Justicia ha tenido como consecuencia la inmediata eliminación de la separación de poderes.
Además, abrió la posibilidad de anular los controles constitucionales, fundamentales en un sistema democrático de frenos y contrapesos. Se anularon a los árbitros independientes y se modificaron las reglas del juego a conveniencia del jugador, es decir del Ejecutivo, señala el juez de sentencia.
Que el presidente haya recibido muchos votos en su elección y que los diputados del partido Nuevas Ideas hayan obtenido mayoría en la Asamblea Legislativa “no le da derecho (al presidente) de realizar estas actuaciones que celebró”, enfatizó el juez, haciendo referencia a las destituciones ilegales del 01 de mayo.
Estas decisiones, que según Durán vinieron de Casa Presidencial, rompieron las reglas constitucionales. Ahora ya no hay límites en las actuaciones de los funcionarios. No hay rendición de cuentas, ni controles, acciones que atentan contra la democracia.
Pero más allá del rompimiento constitucional, los efectos repercuten directamente en los ciudadanos, pues la falta de independencia de poderes afecta la calidad de la justicia y el derecho de los ciudadanos de contar con jueces independientes. En consecuencia, la justicia se le negará a algunos ciudadanos, pero otros gozarán de privilegios. Esto se verá reflejado en las decisiones para casos polémicos en los que el Ejecutivo tenga un interés particular.
El desarme de la independencia judicial que dejó desprotegidos a los salvadoreños
El juez Antonio Durán asegura que la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la imposición de operadores políticos que actúan como magistrados ha traído cambios terribles para la independencia judicial. Los nuevos jueces y magistrados actúan para hacer la voluntad de Casa Presidencial, solo siguen un libreto para cumplir órdenes. Eso es lo que caracteriza a las dictaduras, señala el juez.
Solo habían pasado tres meses de la destitución ilegal de los magistrados y el fiscal general, cuando el 31 de agosto, los diputados de nuevo arremetieron contra la independencia de poderes. Esta vez aprobaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que jubiló a jueces mayores de 60 años, haciendo excepciones entre los magistrados impuestos.
Estas y otras acciones autoritarias han generado un impacto en el Órgano Judicial, ya que al remover a la tercera parte de los jueces y renovar la plantilla de jueces, sin cumplir con las disposiciones constitucionales, y contratar a jueces sin experiencia, se afecta el derecho de los ciudadanos de contar con jueces capaces e imparciales. Para el juez Antonio Durán estamos frente a un grave riesgo, no solo de la democracia, sino de los derechos humanos.
El abogado constitucionalista de Cristosal Jonathan Sisco concuerda en que la concentración del poder y la falta de la separación de poderes afecta directamente los derechos humanos de la población. Se violan derechos cuando no existe un Órgano Judicial que responda a la legalidad, que proteja la Constitución y las leyes, señala Sisco.
Opina que la función de los jueces es proteger los derechos de las personas y cuando un funcionario comete un acto ilegal, el juez debe proteger los derechos de las personas contra esas ilegalidades. Sin embargo, ante jueces afines al Órgano Ejecutivo lo que se percibe es un clientelismo político que vulnera derechos humanos.
En la concentración del poder “los más afectados son las personas empobrecidas”
Según las Naciones Unidas, la democracia permite la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Los derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias, están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego se perfeccionaron en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, la existencia de instituciones débiles y una pérdida de la democracia conlleva a problemas que limitan el cumplimiento eficaz de los derechos humanos. Eso está ocurriendo en El Salvador.
La situación de derechos humanos en el país puede volverse más regresiva, debido a la concentración del poder, pues se ha roto el principio de separación de poderes, un pilar fundamental del régimen Republicano. El Órgano Ejecutivo no solo controla al Legislativo y Judicial, también a la Fiscalía, al Instituto de Acceso a la Información Pública y hasta al Tribunal Supremo Electoral. Por su silencio, podría decirse que posiblemente también ha comenzado a controlar a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, reflexiona Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
En los últimos meses se eliminó el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y ahora los recursos municipales se coordinarán desde el Ejecutivo mediante la nueva Dirección de Obras Municipales. Para Saúl Baños, el control interinstitucional ya no existe, pero aumenta la cooptación de las instituciones y la concentración del poder que repercute en los derechos de la población.
El camino hacia el poder absoluto, propio de una autocracia, se va concretando con la aprobación de nuevas leyes que buscan darle más herramientas al presidente para acabar con las libertades ciudadanas como la libertad de expresión, libertad de prensa, de asociación y la contraloría social. Un claro ejemplo de esto es la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros con la que se pretende limitar el trabajo de las organizaciones sociales en las comunidades, pero que además realizan una función de contraloría ciudadana al ejercicio de la función pública.
La propuesta, más allá del falso discurso gubernamental de promover la transparencia busca castigar a las voces disidentes, las que no callan ante las violaciones de los derechos de la población.
Para Loyda Robles de FESPAD, la propuesta de ley que ha sido rechazada a nivel internacional, es una muestra de esos instrumentos que buscan mayor control de parte del órgano Ejecutivo.
La concentración del poder también va acompañada de la corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental. Esto tiene como consecuencia menor inversión para programas sociales. Por otra parte, a nivel internacional el país ya no es visto como democratico, lo que incide en la inversión extranjera. El presidente Nayib Bukele, ya comienza a ser relegado de reuniones con mandatarios mundiales. Junto a otros presidentes como Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, que son considerados dictadores.
Otra consecuencia de la concentración de poder y las acciones antidemocráticas es que el riesgo país es mayor. Al perder la democracia, las empresas no quieren invertir en la nación. Con ello, se corre el riesgo de que disminuyan los fondos de cooperación para el desarrollo, porque no hay garantías de transparencia debido a la falta de mecanismos de control.
“La exaltación al presidente y el culto de la personalidad, se ha convertido en una política pública para mantener la imagen del presidente”
El poder absoluto implica perpetuarse en el cargo. Bukele y sus allegados tienen esa intención, dice el abogado de Cristosal Jonathan Sisco. La resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta avaló la reelección presidencial, pese a estar prohibida en la Constitución de la República.
El discurso de los funcionarios se ha centrado en decir que será el pueblo quien decida si reelige al presidente o no. Según Sisco, esto ya sucedió en países como Venezuela y Nicaragua donde la protección a los derechos ciudadanos, la persecución y la libertad de prensa se desmejoró. Parecerse cada vez más a Venezuela y Nicaragua es caer en un deterioro de la economía y un colapso social y político. Lo que sigue es el discurso del enemigo interno y perpetuarse en el poder.
Estas estrategias, dice Sisco, se acompañan de una política de exaltación al presidente y el culto de la personalidad que se ha convertido en una política pública para mantener la imagen del funcionario. Todo esto lleva a graves violaciones a derechos humanos, lo que se vuelve peligroso, porque estaríamos retrocediendo a las condiciones de 1970.
“Cada vez vemos más similitudes entre los gobiernos de Nicaragua y El Salvador”
La concentración del poder es una característica común entre El Salvador y Nicaragua. En lugar de imitar a países democráticos respetuosos de los derechos fundamentales, El Salvador está copiando modelos de países muy cuestionados en la protección de los derechos humanos, dice Sidney Blanco, exjuez de Sentencia, quien cada vez percibe más similitudes entre ambos países.
Nicaragua y El Salvador, además, están quedando aislados de la ayuda y el reconocimiento de la comunidad internacional, lo que constituye un duro golpe para los ciudadanos.
El control por el poder total y absoluto parece más cercano. A eso podría contribuir el pliego de reformas a la Constitución presentado este año por una comisión Ad hoc, liderada por el vicepresidente de la República. Sin embargo, para el exjuez Sidney Blanco, la iniciativa constituye una alteración de aspectos centrales al sistema y forma de gobierno y a la integración del Órgano Judicial.
Un aspecto que resalta Blanco es que el proyecto que se presentó es el de una nueva Constitución y, en estos casos, debe crearse una asamblea constituyente. Por otra parte, a su juicio, hay propuestas innecesarias dentro del pliego de reformas, como por ejemplo, la creación de un Tribunal Constitucional Independiente de la Corte Suprema de Justicia. Además la creación de nuevas Salas y nuevos magistrados tampoco es necesario, lo importante, dice, es garantizar la independencia judicial. Desde su punto de vista, hay un interés en fortalecer altos rangos, en lugar de fortalecer tribunales y cámaras que son realmente necesarias como los Tribunales Ambientales y los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres.
Sidney Blanco está en desacuerdo con las reformas a la Constitución, ya que además podrían tocar las cláusula pétreas.
Mientras el régimen de Bukele no pare, el cumplimiento de los derechos humanos seguirá en riesgo. Esta amenaza podría incrementarse con la aprobación de nuevas leyes que pongan freno a la contraloría social de parte de ciudadanos, organizaciones y los medios de comunicación.
Pero la puntada final podría definirse si Bukele decide aferrarse a la silla presidencial, mediante artimañas. El camino hacia la dictadura que inició el 01 de mayo de 2021, podría concretarse en 2024, si Bukele decide graduarse de tirano.