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Desplazamientos forzados: lo que el Gobierno quiere ocultar


Redacción YSUCA / 29 mayo 2021 / 4:57 pm

 

Cantón Amayo de Panchimalco, mayo 2021 | Foto Radio YSUCA

Los nombres de las víctimas han sido cambiados por su seguridad

Algunas de las historias contadas en esta nota forman parte de los registros de la organización Cristosal


Las historias de las víctimas de los desplazamientos forzados internos evidencian que en el país el fenómeno no acaba, pese al aparente funcionamiento del Plan Control Territorial promocionado por el Gobierno.

Hasta el mes de mayo de 2021 la organización Cristosal había recibido 58 denuncias de desplazamientos forzados. En 2020, registraron 140 personas desplazadas

Más allá de las cifras, la realidad de cientos de familias desplazadas confirma que la violencia y las amenazas, continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población en El Salvador. Sin embargo, las autoridades del Gobierno intentan ocultar los casos, los invisibilizan calificándolos de falsos. En ocasiones aceptan que hay denuncias, pero las vinculan con el mero hecho de ser la base para solicitar asilo en el exterior. Las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza muestran la falta de voluntad por esclarecer los hechos y por minimizar los desplazamientos forzados.

Video de Teleprensa, Canal 33

El caso al que se refiere el director y del cual afirma que descartaron alguna información, es el que ocurrió el 8 de mayo en la colonia Santa Rosa 2 del municipio de  Mejicanos en San Salvador.

Lo que vivió Sandra y su familia está lejos de ser una mera denuncia. Sus dos hijas de 12 y 15 años estuvieron a punto de ser privadas de libertad por los pandilleros que se han tomado la colonia Santa Rosa de Mejicanos.

Aquel día todo parecía normal. Eran aproximadamente la 5 de la tarde. En la calle de la zona rural donde no hay presencia policial ni militar, las dos niñas jugaban como de costumbre. Sandra recuerda  haber visto a unos 6 o 7 hombres, quienes al pasar le hicieron un gesto amenazante, lo que le dejó un mal presentimiento.

Los pandilleros regresaron, le pedían que les entregara a sus hijas a la vez que la amenazaban con  matar a su esposo y a su hijo.


La lucha de Sandra por salvar a su familia de las pandillas casi le cuesta la vida. Tuvo que dejar su hogar y huir en busca de protección. Ahora, su familia es parte de las estadísticas de desplazamientos forzados.

Foto cortesía

Amenazas, extorsión y reclutamiento forzado: causas de los desplazamientos

La amenaza es un hecho permanente en casi todos los desplazamientos. Está acompañada de otros delitos como extorsiones, intentos de homicidios y reclutamientos forzados, no solo de niños y jóvenes para convertirlos en pandilleros, sino también de niñas para que sean postes o trasladen paquetes, comenta Rina Montti, directora de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal. En más del 90 por ciento los causantes de los desplazamientos forzados son los integrantes de pandillas.

Ese fue el caso del éxodo de 35 familias que habitaban en el caserío Servando Ortiz, cantón Amayo de Panchimalco. Son 18 manzanas de terreno que el abuelo Servando Ortiz heredó a la familia. Así se formó el caserío que ahora ha quedado desolado por las amenazas de la pandilla 18 que quiere instalarse en esa zona, dijo uno de los habitantes que aún quedaba en una de las viviendas.  “La pandilla está en el caserío Los Troncones, arriba del lugar conocido como La Cueva del Negro”, dijo el lugareño, quien pidió anonimato, pues los “muchachos no tienen código”, y teme por su vida.

Vivienda abandonada en Panchimalco | Radio YSUCA, Ramón Padilla

El desplazamiento de los habitantes comenzó el lunes 24 de mayo a raíz del asesinato de un joven de unos 17 años, al parecer integrante de pandilla. Ahí lo mataron, dijo el lugareño, señalando una casa abandonada, sin puertas ni ventanas que se divisaba entre el monte.  

Casa abandonada en la que fue asesinado un joven de 17 años | Foto Radio YSUCA

En tres días, luego de ocurrido el asesinato del joven, casi todas las familias se habían marchado, solo quedaban dos que se apuraban a recoger sus pertenencias. Se marchan frente a la mirada de los policías que sostenidos sobre una patrulla observan el drama de las familias.

Foto Radio YSUCA

Carmen debe sacar unos 7 sacos de maíz, los tiene listos en el corredor. Es lo primero que cargan, luego serán las camas donde hace años nacieron sus hijos, dice con tristeza.

Se marcha porque la zona se volvió insegura y no quiere quedarse sola. Desde el lunes 24 de mayo cuando se escucharon unos disparos a eso de las 6 de la tarde, quedó el miedo, entre los habitantes del caserío.  


El Gobierno no se ha pronunciado por el caso de desplazamiento forzado en Panchimalco. Es más, calificó de falso el enfrentamiento entre pandilleros, policías y militares, que fuentes anónimas confirmaron a Radio YSUCA. Los agentes, entre 25 y 30, que permanecen en la zona niegan el enfrentamiento armado y los 7 asesinados que una fuente policial confirmó. También un trabajador de una funeraria de la zona, que pidió no ser identificado ni decir el nombre del negocio, confirmó que les llamaron para que fueran a recoger los cadáveres que estaban en una parte del caserío. En su recorrido se encontraron con 4 policías y 2 soldados, quienes les advirtieron que salieran de la zona. El trabajador dijo a YSUCA que habían intentado ingresar a la escena donde están los cuerpos en 3 ocasiones, pero no habían podido. “ Yo he escuchado que los van a dejar perder”,  comentó.  

Desde la cuenta institucional de la PNC y la Fuerza Armada se calificó la información de falsa. Los policías que se encuentran en el caserío también niegan lo ocurrido. “Si hubiera muerto un compañero ya hubiera otro tipo de dispositivo más fuerte, no solo estuviéramos nosotros”, dijo uno de los agentes. Sin embargo, en la zona el miércoles 26 de mayo habían 3 patrullas y más de 25 policías. Los jefes policiales que se encontraban en la zona haciendo indagaciones no quisieron dar información, asegurando que son lineamientos. “Comuníquese con los de comunicaciones de la Policía, ellos coordinan las entrevistas, dijo uno de los jefes.

Foto Radio YSUCA

Policías: víctimas y victimarios de los desplazamientos forzados

Mientras los policías reciben órdenes de no decir nada a la prensa sobre los desplazamientos que ocurren a causa de la violencia criminal, otros son victimarios directos, causantes de que las familias huyan de sus hogares. Según los registros de la organización Cristosal, después de las pandillas los policías y militares se ubican como perpetradores de las amenazas en algunos territorios.

A veces los cuerpos de seguridad trabajan en complicidad con los grupos criminales, dice Rina Montti de Cristosal , organización de derechos humanos que atiende casos de desplazamientos internos.

La policía origina los desplazamientos porque acosa a jóvenes vinculándolos con las pandillas. Al no tener certeza de su participación en grupos criminales y sin tener una orden judicial optan por extorsionar a la familia a cambio de no detenerlos. Ante la amenaza constante, las familias deciden dejar la zona donde habitan.

Estas son historias reales que han sido registradas por Cristosal y que develan la realidad que hay tras los desplazamientos forzados como el involucramiento de las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población, pero en su lugar la amedrentan.


Los cuerpos de seguridad no solo se han vuelto aliados de las pandillas para extorsionar, amenazar y provocar los desplazamientos internos, también bajan la guardia cuando reciben órdenes de no entrar a ciertas comunidades. Estas órdenes muchas veces vienen de la misma pandilla, explica Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad pública.

El control de la pandilla es tal, que hay comunidades en las que deciden las actividades que deben realizar los habitantes, incluso están tomando decisiones en cuanto a la distribución de las viviendas. Los derechos fundamentales están en manos de las pandillas, dice Aguilar,  ya que son ellas quienes dan los lineamientos de quién entra y quién sale del lugar.

Los policías en lugar de proteger a la población o crean alianzas con los pandilleros o no entran a las zonas de alto riesgo.


En esta escalada de violencia y desplazamientos, los familiares de los policías también se convierten en víctimas. Uno de los casos registrados por Cristosal, este año, muestra la vulnerabilidad de Luis y su compañera de vida, quienes se dedicaban al negocio de la zapatería en las afueras del Área Metropolitana de San Salvador. Luis tiene como padre a un policía, por lo que fue amenazado y perseguido por la pandilla de la zona. La vida de Luis dio un giro, pues fue obligado a dejar su lugar de residencia. Su vínculo con un policía desencadenó una serie de hechos violentos contra él y sus familiares cercanos.

Primero comenzaron las extorsiones. La pandilla le pedía 8 mil dólares a cambio de respetar su vida. Ante la amenaza decidieron desplazarse a otro lugar, pero fueron localizados por los victimarios. Luego de sufrir persecución y lograr salvar sus vidas, decidieron pedir asilo en el extranjero. En este caso, como en la mayoría, la policía solo los custodió cuando salieron de su comunidad.

La pandilla planeó diferentes atentados contra la compañera de vida y las hijas de Luis. Los victimarios fueron capturados, pero cuando la familia ya se había desplazado a otra zona en busca de protección. El caso sigue vigente.

Agresión sexual y violencia intrafamiliar, otra causa de los desplazamientos forzados

La violencia intrafamiliar también obliga a mujeres a desplazarse a otras zonas del país. En estos casos los abusadores también son integrantes de pandillas.

Uno de esos casos es el de Jessica, quien tuvo un hijo con un pandillero. Pero luego de amenazarla, tuvo que cambiar de domicilio. La hija de ambos ha sido víctima de abuso sexual de parte del abuelastro de la niña, quien también pertenece a pandillas. Jessica interpuso una denuncia, pero a la vez recibe atención psicológica por las secuelas que le ha dejado su victimario.

“No puedo salir porque me dijeron que si salía, lo que pudiera pasar sería mi culpa”, se lee en uno de los mensajes enviados por Diana a un amigo, otra víctima de violencia intrafamiliar a manos de un pandillero.

Diana está siendo amenazada por la pandilla por haber denunciado a su expareja por agresión física hacia ella y su hijo menor de edad.

En uno de los mensajes Diana se muestra preocupada ante la presencia del grupo pandilleril: “Ahí están afuera, me dijeron que si los señores oficiales venían les iban a llover balas y que mis niños y yo no lo contaríamos. Me dijeron que ayer que no estábamos entraron a la casa y pusieron algo para saber lo que yo hablo y que calladita estoy mejor”.

Diana también pidió ayuda a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil. “Él puede llegar más noche y cuando él toma y se endroga busca problemas, ¿Qué puedo hacer en este caso?”, preguntó la víctima. Desde que interpuso la denuncia, los pandilleros la persiguen. Si la  encuentran en la calle la golpean. Eso pasó hace poco cuando un pandillero le dio patadas y le lesionó una costilla. Debido a los golpes fue evaluada por Medicina Legal a petición de un Juzgado de Paz.

El mismo juzgado dictó medidas de protección a favor de Diana, pues corroboró que es víctima de violencia física y psicológica. Sin embargo, el agresor no acata las medidas de distanciamiento. De poco sirve el documento del juzgado que le advierte que de incumplir las medidas incurrirá en el delito de desobediencia.

Los pandilleros le exigen que retire la denuncia, si quiere estar viva. “Mi temor es que le vaya a hacer daño a mis hijos, por eso lo vengo a denunciar aunque tengo miedo”, cita una parte de la denuncia que Diana interpuso en la PNC.

Las amenazas la han llevado a tomar la decisión de irse a otra zona del país, pero la detiene la falta de dinero. No puede quedarse en ese lugar. A su expareja un juez lo dejó en libertad y ahora la acosa sin parar.

Salvadoreños han estado en confinamiento hasta por 9 meses

La gravedad de las amenazas ha llevado a algunos salvadoreños, en la mayoría de los casos jóvenes, a confinarse en sus casas por temor a ser asesinados. Los reportes de Cristosal indican que hubo salvadoreños en confinamiento hasta por 9 meses.

El encierro total son casos extremos en los que las víctimas no pueden salir de sus casas por temor a ser asesinadas. Uno de esos casos quedó registrado entre las denuncias a las que Cristosal les da seguimiento. Se trata de Carlos, un  hombre que se dedicaba a comercializar productos en su automóvil en diferentes colonias de la región paracentral del país.

Un día, mientras trabajaba junto a un compañero, los pandilleros los detuvieron, les robaron sus pertenencias y los agredieron físicamente. Al compañero de Carlos lo mataron. Este hecho lo llevó a interponer una denuncia en el Ministerio Público. Los fiscales del caso le pidieron que colaborara en la identificación de los victimarios, a cambio de ayudarle a conseguir asilo en el extranjero.

Carlos accedió a identificar a los homicidas, pero su decisión provocó una persecución en su contra, una vez los victimarios quedaron libres. Desde entonces no puede salir de su casa, se mantiene en confinamiento para evitar que los pandilleros lo encuentren.  

Aunque Carlos ha intentado contactar a los fiscales del caso, por el ofrecimiento que le hicieron de  apoyo a una solicitud de asilo, los fiscales ya no responden su llamado.

Los derechos humanos que se vulneran en estas condiciones de confinamiento son muchos, dice Rina Montti de Cristosal.  En estos casos extremos la salud física y psíquica se deteriora gravemente y las víctimas deben pasar por un proceso de readaptación. Les resulta difícil dejar de sentir temor y volver a su vida normal.

Cuando quienes entran en confinamiento son niños, la situación es más grave, dice Montti, porque a su corta edad no logran comprender lo que pasa.


58 víctimas de desplazamiento forzado este año

Foto Radio YSUCA

En 2019 Plan International, EDUCO, Médicos Sin Fronteras y Cristosal atendieron a 1,008 personas desplazadas por la violencia. El 44.4% del total de personas desplazadas fueron niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años.

El año pasado, 140 familias dejaron su hogar a causa de la inseguridad.  Aunque la mayoría de casos en los últimos años se han registrado en las zonas de mayor densidad poblacional, en las zonas rurales han comenzado a aparecer más desplazamientos. Hasta mayo de 2021 Cristosal ha atendido 58 personas que se han desplazado de manera forzada.

En 2020, los casos reflejaron una disminución con respecto a otros años. Sin embargo, para Rina Montti de Cristosal, eso no significa que los casos van a la baja. Hay que tomar en cuenta que el confinamiento debido a la pandemia impidió que las personas interpusieran denuncias, dijo Montti.

Agregó que este año se comienza a ver un aumento de casos de desplazamientos forzados, más personas están solicitando asistencia por estar en una situación difícil en las zonas donde habitan.

Según los registros de Cristosal, alrededor del 30 o 40% de las personas que se desplazan a nivel interno, después salen del país. Quienes se van al extranjero es porque los hechos ocurridos han tenido gran impacto en sus vidas.

La desconfianza en las instituciones del Estado lleva a muchos salvadoreños a no tener esperanza de una resolución favorable, por lo que deciden interponer una denuncia para tener un respaldo e ir en búsqueda de asilo en otro país.

Generalmente no migran familias completas. Se van algunos integrantes y otros se quedan cuidando las pertenencias. A veces, sin suerte, quienes se quedan son asesinados.

Casi siempre las que se quedan son las mujeres y son quienes enfrentan la difícil situación de inseguridad, señala Rina Montti de Cristosal.


Nuevos desplazamientos surgen por causas políticas

La organización Cristosal ya tiene un caso de desplazamiento forzado por causas políticas. Simpatizantes de partidos políticos, en este caso particular, han obligado a una persona a abandonar su casa. Dada la coyuntura actual desde Cristosal hay temor de que aumenten las migraciones por el tema de las persecuciones.

Los salvadoreños podrían migrar no solo por causas de inseguridad, sino por  razones económicas, ya que podría haber una especie de veto o lista negra donde las personas no puedan reubicarse en ninguna institución del Estado, luego de ser despedidas, reflexiona Rina Montti. Agrega que ser no grato en un territorio por ideologías políticas puede convertirse también en desplazamientos forzados.

Por otra parte, la organización prevé que nuevas formas de desplazamiento puedan surgir en los municipios a raíz del desempleo en el que han quedado extrabajadores de las alcaldías.


Pese a que el fenómeno de los desplazamientos es cada vez más frecuente, solo un 50% de los afectados interponen una denuncia ante las instancias del Estado. Según datos de Cristosal, este porcentaje ha ido bajando debido a la desconfianza de la población.

Muchas víctimas han perdido la esperanza de obtener apoyo y justicia en el país, por ello optan por marcharse al extranjero en búsqueda de asilo.

Es difícil ahora tener alternativas de justicia y resoluciones favorables para las  víctimas a quienes se les violan sus derechos, dice la representante de Cristosal.  

Esta opinión la comparte Sandra, quien es parte de las estadísticas de desplazamientos forzados internos. Mientras se marcha de su comunidad para resguardar su vida y la de su familia, reflexiona sobre cómo las pandillas se han apoderado de los territorios y la falta de protección que brinda la policía.

Quienes deberían de proteger a las familias que son blanco de amenazas de las pandillas minimizan los casos, como el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien se queja de que los medios de comunicación le dan demasiado espacio al tema.

Mientras las autoridades del Gobierno intentan ocultar los casos y los califican de falsos, más familias se siguen marchando, con una mezcla de tristeza y desesperanza.