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Covid-19: Médicos Sin Fronteras pide una reforma urgente del mecanismo Covax


Redacción YSUCA / 24 junio 2021 / 11:51 am

Redacción Radio Francia Internacional

Dosis de la vacuna de Pfizer en el hospital de Lieja, Bélgica, en enero de 2021. © AP – Francisco Seco

Un año y medio después de la aparición de Covid-19, está claro que el nacionalismo de las vacunas se ha convertido en la norma y la donación de dosis en la excepción. El símbolo de este fracaso es el mecanismo de reparto de vacunas Covax establecido por la OMS. A mediados de junio, sólo se habían entregado 87 millones de dosis a los países pobres. Médicos Sin Fronteras (MSF) pide una reforma urgente del mecanismo.

Con el 0,4% de las vacunas Covid administradas en países pobres, pocos se atreverían a calificar el sistema Covax como un éxito. Sin embargo, el plan ha recaudado casi 10.000 millones de dólares en promesas de contribuciones, suficientes para obtener 3.800 millones de dosis de vacunas. El problema es que gran parte de ellas no se entregarás hasta 2022. Una prueba más, si es que se necesitaba alguna, de que Covax no funciona, según Manuel Martin, asesor de acceso al tratamiento de Médicos Sin Fronteras.

“Covax estaba destinado a fracasar porque se basa en las reglas de la industria farmacéutica, donde los fabricantes siempre venden al mejor postor”, explica Martin. “Fue un error creer que las empresas y los países respetarían el principio de equidad”.

Covax iba a ser el mayor comprador mundial de vacunas Covid. Esta posición debería haberle permitido obtener los mejores contratos. Pero, de hecho, los Estados prefieren negociar directamente con los fabricantes. Al mismo tiempo, esto debilitó el mecanismo que depende en gran medida de las donaciones de dosis de los países ricos.

“El futuro de Covax aún está por verse. Si sigue siendo tan ineficaz, no podrá ayudarnos a superar la próxima pandemia. O incluso para acabar con ésta”, lamenta Manuel Martin.

 

MSF pide una revisión completa de las operaciones de Covax. En particular, facilitando la transferencia de tecnología y exigiendo responsabilidades a las empresas farmacéuticas que han recibido financiación pública para su investigación.