Editorial

Como Nicaragua


Redacción YSUCA / 08 septiembre 2021 / 4:00 pm

Editorial UCA
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Los acontecimientos de la semana pasada no son más que avances de un proceso que con celeridad conduce al país hacia la instauración de un sistema político dictatorial, diseñado hace algunos años y puesto en escena desde el 1 de junio de 2019 por Nayib Bukele. Dicho proceso exige que el presidente de la República tenga el control de los tres poderes del Estado. Con la victoria en las elecciones presidenciales, Bukele adquirió el control del Ejecutivo. El 1 de mayo de 2021, la contundente victoria en las elecciones legislativas, que le entregó más de dos terceras partes de los curules de la Asamblea, le permitió hacerse del poder legislativo. Quedaba pendiente apoderarse del órgano judicial, y a ello se dedicaron los esfuerzos desde el primer día en que los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión de sus cargos.

Primero se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar se nombró a personas afines al oficialismo. También se removió de su puesto al fiscal general para sentar en su lugar a alguien que solo responde a los deseos del presidente. El 30 de junio, la Asamblea Legislativa tuvo una nueva oportunidad con la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, los diputados de Nuevas Ideas siguieron lo establecido en la ley, pero asegurándose de que los elegidos hubieran dado pruebas de su voluntad de cooperar con el proyecto presidencial. No satisfechos con tener el control de dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidieron jubilar a todos los jueces mayores de 59 años de edad o con 30 años de carrera judicial. Todo apunta a que sus sustitutos impartirán la justicia que les dicte el Ejecutivo.

El 3 de septiembre, la ilegal Sala de lo Constitucional, tergiversando burdamente el texto de la Constitución, dictaminó que la máxima ley nacional permite la reelección consecutiva a la presidencia. Este paso no solo viola el espíritu de la la Constitución, sino que contradice lo que por 37 años han defendido unánimemente todos los expertos en la materia: en El Salvador no hay reelección presidencial inmediata. La resolución de la Sala no es más que una copia con variantes de lo dictaminado por las cortes supremas de justicia de Nicaragua y Honduras para permitir la reelección de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández, también prohibida en aquellos países; cortes que fueron puestas bajo el control y al servicio de los mandatarios.

Nada de innovador tiene este proceso hacia la dictadura; es solo una adaptación de los caminos seguidos en Venezuela y Nicaragua. En ese sentido, los pasos que se den para consolidar el proyecto dictatorial no serán una sorpresa, pues basta ver lo que ocurre actualmente en Nicaragua para saber qué le depara a El Salvador. Más temprano que tarde, Bukele buscará controlar el Tribunal Supremo Electoral para garantizar su victoria cuando se presente a reelección y eliminar de la contienda a los partidos y candidatos que puedan hacerle sombra. Además, se impondrán limitaciones a la libertad de expresión y de manifestación, y se perseguirá a los críticos del régimen, de lo cual ya hay precedentes recientes.

Aquellos que todavía tienen puestas sus esperanzas en Nayib Bukele harían bien en conocer el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua, saber del enorme número de personas arrestadas y condenadas por defender la libertad, exigir el respeto a los derechos humanos o criticar al régimen. Para tomar lección, hay que tener claro que en el vecino país no hay un conflicto entre derechas e izquierdas, sino un aplastamiento de la libertad y la democracia por parte de una dictadura opresiva. Si en El Salvador la ciudadanía sigue permitiendo que se viole la Constitución y calla ante los atropellos, el futuro nacional será de corte nicaragüense.