Con Xavier Vilá, corresponsal de RFI en Washington
El presidente Biden apela al amor propio de la ciudadanía y -en un tono dramático- anuncia medidas drásticas para afrontar la devastación que provoca la variante Delta del coronavirus, que ha disparado un 300% las infecciones diarias aquí en comparación con el mismo período del año pasado.
La Administración decreta la obligatoriedad de vacunarse para los empleados públicos, los contratistas que cobran del gobierno y las instituciones que aceptan subsidios médicos públicos. Además, el presidente insta a las empresas con más de 100 trabajadores a que requieran la vacunación o pruebas semanales del coronavirus. Biden señalaba directamente a los estadounidenses elegibles que declinan vacunarse.
“Muchos de nosotros estamos frustrados con los 80 millones de conciudadanos que aún no están vacunados. Y las cosas empeoran cuando sus gobernantes trabajan activamente para socavar la lucha contra la covid-19, en vez de alentar a la gente a que se vacune y se ponga una mascarilla”, sostuvo.
“Una clara minoría de estadounidenses apoyados por una clara minoría de funcionarios de cargos electos impide dar vuelta la página” de la pandemia, dijo Biden en un discurso televisado.
“Los no vacunados abarrotan nuestros hospitales, están saturando las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos, y no dejan espacio para alguien con un ataque al corazón o una pancreatitis o un cáncer”, añadió.
“Dictadura”
Los legisladores republicanos atacaron inmediatamente a la administración afirmando que se estaba extralimitando en sus funciones. “Se parece mucho a una dictadura”, tuiteaban republicanos de la Cámara de Representantes.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales.
En la actualidad, los trabajadores del gobierno deben vacunarse o someterse a pruebas periódicas, mientras que la nueva norma obligará a una vacunación prácticamente total.
Unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de los programas gubernamentales de Medicare o Medicaid también tendrán que vacunarse.
Un sindicato ya ha advertido que las medidas anunciadas vulneran los derechos de los trabajadores y ha dejado la puerta abierta a querellarse contra la obligatoriedad de vacunarse.
También este jueves, el distrito escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país, exigió a todos los estudiantes de 12 años o más que se vacunen contra el covid-19 si quieren asistir a una escuela pública, una medida que afecta a unos 220.000 jóvenes que pueden recibir la vacuna.
Sin embargo, los padres y algunos políticos republicanos de todo el país, especialmente en el sur, se oponen ferozmente a la vacunación obligatoria y el uso de tapabocas en las escuelas.
(Con AFP)