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Asamblea Legislativa allana el camino para el control total del Órgano Judicial


Redacción YSUCA / 02 octubre 2021 / 5:40 pm

Foto Radio YSUCA/ R. Padilla

El pasado 31 de agosto los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Dicha reforma obliga a los jueces y magistrados mayores de 60 años y 30 de servicios a jubilarse.

Los diputados afines al presidente de la República, con 62 votos y uno a mano alzada, avalaron las reformas dándole una bofetada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y justificando la acción al tachar a los jueces y magistrados como corruptos  y como necesaria la depuración judicial, según los parlamentarios y la misma Presidencia.

Las reformas obligaron a los jueces, magistrados, organizaciones de la sociedad civil y personas inconformes a salir a las calles a exigir al Ejecutivo y al Parlamento respeto a las leyes y al debido proceso.

El 7 de septiembre fue la primer marcha convocada por los jueces. Al menos 100 jueces salieron a las calles denunciando los atropellos a la Constitución y a los derechos laborales de los funcionarios del Órgano Judicial.

El 15 de septiembre El Salvador conmemoró la independencia, irónicamente exigiendo independencia, pero esta vez, judicial. Miles de salvadoreños marcharon contra el autoritarismo y control institucional que el Gobierno fragua.

El 15 de septiembre estaba reservado para marchas militares, precedidas por bandas estudiantiles y bailarinas con trajes típicos y banderas de El Salvador. Sin embargo, este 2021 la marcha marcó un hito en rechazo a las decisiones gubernamentales, entre ellas, la toma del poder judicial.

De acuerdo con Yanira Herrera, jueza de la República, desde que la nueva Asamblea Legislativa asumió el 1 de mayo del presente año se han tomado acciones encaminadas a obtener el poder total del Órgano Judicial a favor del Gobierno.

Los jueces han expresado que el Ejecutivo busca tener jueces a su talla, a quienes les ordenará a quién condenar o detener, dijo  Godofredo Salazar, juez salvadoreño.



Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial no sólo llamaron la atención de varios sectores nacionales, también internacionales, quienes condenaron las reformas y el golpe a la institucionalidad.

Los jueces y magistrados presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda con la que se buscaba garantizar los derechos del colectivo de los jueces.

Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal, explicó que la Asamblea Legislativa  está vulnerando una serie de derechos. No solo la de los jueces, sino de los usuarios del sistema de justicia.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señalaron que la aprobación del decreto  afecta severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia.

LA CIDH alertó que las modificaciones legislativas de las normativas vigentes, realizadas de manera expedita y sin espacios de consulta con los órganos directamente afectados por ellas, podrían impactar tanto en la administración de la justicia y el derecho a la protección judicial de las personas en el país, como en los derechos y garantías de las personas operadoras de justicia.

Por su parte, la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes dijo que las reformas buscan colocar a jueces leales al Ejecutivo.



Jueces marcharon el 7 de septiembre | Foto Radio YSUCA/ R. Padilla

Jueces agotan instancias

El 21 de septiembre, jueces de Oriente solicitaron ante la Cámara de Familia  de la Sección de Oriente, San Miguel, medidas cautelares para que suspendiera la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

El juez Sidney Blanco explicó que la Cámara de Familia tiene la obligación de velar por los derechos de los adultos mayores.

El 23 del mismo mes, la Cámara suspendió la aplicación del decreto legislativo 144 que reforma la Ley de la Carrera Judicial y obliga a retirarse a jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio.

A pesar de la resolución, el 26 de septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia realizó la juramentación arbitraria y traslado de jueces en aplicación de la normativa que fue sujeta de la medida cautelar ordenada por la Cámara de Familia.

Con 13 votos de la Corte Plena, la Corte Suprema de Justicia aprobó el nombramiento de jueces y magistrados “sustitutos” y tomaron posesión de sus cargos el 27 de septiembre.

El artículo 182 de la Constitución de la República establece que la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de nombrar jueces, de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de Judicatura, CNJ, sin embargo, en los últimos nombramientos realizados por la Corte, tras la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, se violentó dicho proceso.

Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, en el corto plazo, el CNJ no va a servir “absolutamente para nada”.



Depuración para controlar

Según un editorial de la UCA, la supuesta depuración de jueces corruptos es, en realidad, un mecanismo de control político. Se expulsa a un buen número de jueces independientes y se le da más poder a magistrados corruptos plegados al Ejecutivo. Si en algo podría estar de acuerdo la mayoría de la población con el Gobierno es en que se necesita una depuración tanto en el sistema judicial como en la Fiscalía General de la República, pero la depuración impulsada va por un camino equivocado que destruye la poca seriedad que había en ambas instituciones. Si honestamente se quisiera depurarlas, la ruta debería ser otra, no a base de despidos masivos, sino evaluando a cada juez o fiscal de manera independiente, legal y con criterios consensuados previamente. De hecho, la Constitución ofrece criterios de evaluación que no se están tomando en cuenta en este desastroso e ilegal proceso de depuración.

Según Gilberto Calderón, abogado constitucionalista de Azul Originario (AZO), no a todos los jueces se les puede tachar como corruptos y mucho menos por la edad.

Calderón cuestionó las reformas señalando que la edad no es un mecanismo de corrupción.



Por su parte el abogado y catedrático de la UCA, Oswaldo Feusier dice que las reformas realizadas por el Legislativo a la Ley de la Carrera Judicial están fuera de lugar y no combaten a la corrupción tal y como se ha querido vender la idea.

Feusier dice que este tipo de reforma bloquea la independencia judicial, ya que a la larga podría generarse un tipo de persecución selectiva de personas.



El rector de la UCA, Andreu Oliva, agregó a esta crisis judicial, la toma del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Oliva dijo que todo  este  proceso que desde el 1 de mayo inició con el primer golpe de Estado al Órgano Judicial buscar romper con la independencia judicial.



El Mozote | Foto Radio YSUCA/R. Padilla


¿A quién afecta
n las reformas promovidas por la Asamblea Legislativa?

Muchas personas piensan que los más afectados con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son los jueces. En parte sí hay un daño directo hacia ellos, pero, todos los casos que están en el sistema de justicia se verán afectados.

El caso de la masacre El Mozote es uno de tantos que se verán  afectados. El juez Jorge Guzmán fue uno de los removidos, a raíz de la implementación de las reformas.

Óscar López Jerez, nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de mayo, ofreció al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, que continúe trabajando en el caso El Mozote y sitios aledaños, después de asegurar que ya había nombrado a un sustituto.

Guzmán afirmó que lo invitaron a participar en la Comisión de Jueces, el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, Guzmán dijo en un mensaje enviado a Radio YSUCA que no asistiría a la invitación porque la pretensión era que continuara tramitando el caso de la masacre El Mozote y sitios aledaños. “Aquí no se trata de capricho, se trata de que se vuelva al respeto de la Constitución y la ley; mantengo mi posición que solo regresaré si se expulsa del ordenamiento jurídico el inconstitucional decreto 144, a través de una derogatoria o de una inaplicabilidad por la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el juzgador.



Leonel Claros,  presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Morazán (APDHEM), lamentó la salida del juez Guzmán y dice respetar su decisión ante la aplicación de las reformas.



Las víctimas señalan que desde hace años han buscado la remoción del juez y hoy se logró. Claros lamenta que con la llegada de un nuevo juez el caso básicamente se reiniciará.

El caso El Mozote cuenta con más de  200 folios, por lo que un nuevo juez tiene que informarse del caso.

Ovidio Mauricio de Tutela Legal “María Julia Hernández” señala que El Mozote no es el único caso que se vería afectado, también el de la masacre de La Quesera, Monseñor Romero, Caso Jesuitas, entre otros.



Visita del juez de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, a río Sensunapán, marzo 2021 | Foto Radio YSUCA/ R. Padilla

Pero estos no son los únicos casos que se verán afectados con la destitución de jueces, sino también con el traslado de éstos a otras instancias.

Los magistrados propietarios de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama y Cesia Romero fueron trasladados a otras sedes judiciales al interior del país. El magistrado Lizama estará en una Cámara de lo Penal en San Vicente. Por su parte la magistrada Romero pasa a la Cámara de lo Civil de Santa Ana.

Según la jueza Romero, con el traslado de los jueces los casos ambientales tendrán un retraso, mientras los nuevos jueces conocen de los mismos.



A criterio del juez Juan Antonio Durán, los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia están haciendo destrozos en el sistema judicial al desconocer los procedimientos o los casos que están siendo procesados. Señala que hay un total desconocimiento por parte de los jueces, quienes nunca han hecho una audiencia o dictado una sentencia.



Durán dijo que las sentencias que emitan los 98 jueces impuestos por la Corte son de dudosa constitucionalidad.


Marcha de jueces y organizaciones, jueves 30 de septiembre | Foto Radio YSUCA/R. Padilla

El pasado 30 de septiembre nuevamente los jueces, de la mano con otras organizaciones, salieron a la calle para demandar que se respeten las leyes y el Estado de derecho.

Los cambios al sistema judicial no solo afectan las leyes de la República y la institucionalidad afectan los miles de casos que estaban en etapa de judicialización,  pues la remoción de jueces implica, más allá de una afectación profesional de una persona, daños a los más pobres y a los que durante años han luchado por una pronta justicia.