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En Mariona hay un pabellón para universitarios capturados por el régimen de excepción: Socorro Jurídico


Redacción YSUCA / 06 julio 2024 / 10:44 am

Centro Penal La Esperanza, “Mariona” | Foto: Radio YSUCA

Por Milton Rodríguez

Hay avisos de que en el Centro Penitenciario La Esperanza, mejor conocido como “Mariona” hay un pabellón destinado únicamente para jóvenes universitarios capturados bajo el régimen “de excepción”, según la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar.

Recientemente, docentes universitarios señalaron que a más de dos años de la implementación del estado excepcional, la Universidad de El Salvador -UES- no tiene registros oficiales de estudiantes capturados bajo esa medida.

Consultado por este medio, el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, dijo “no estar seguro” de que se esté investigando las detenciones de universitarios y mencionó que, en su momento, el Consejo Superior Universitario hizo un pronunciamiento tras la captura de un estudiante de la única universidad estatal.

Ante este panorama, los catedráticos subrayan la importancia de que se documente cuántos universitarios han sido detenidos en lo que va de la medida excepcional.

Al igual que los docentes, la directora del Socorro Jurídico ve necesario que la UES lleve un registro de los estudiantes detenidos bajo la política gubernamental y que ahonde en los motivos del porque algunos jóvenes no llegan a clases.



“Estamos en un contexto extraordinario donde a cualquiera se llevaban preso”, y por eso las universidades deben tener un mayor control en cuanto a las ausencias de alumnos, dice Escobar. Añade que “muy probablemente” los universitarios ausentes pueden estar presos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro dijo en mayo pasado que habían 80,200 personas detenidas bajo la política gubernamental que, según el funcionario, busca combatir a las pandillas.
Sin embargo, Cristosal ha documentado vulneraciones a derechos fundamentales y capturas de inocentes. La organización contabiliza 3,717 casos de denuncias bajo esa medida y 3,865 personas vulneradas en sus derechos.