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Nacionales

Piden a PDDH garantizar debido proceso a líderes de Santa Marta


Redacción YSUCA / 27 enero 2023 / 6:16 pm

Familiares de líderes comunitarios de Santa Marta, arrestados el 11 de enero, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verificar la situación carcelaria de los detenidos. | Foto Radio YSUCA

Familiares de líderes comunitarios de Santa Marta, arrestados el 11 de enero, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verificar la situación carcelaria de los detenidos. La petición se la hicieron al procurador adjunto de derechos civiles y a la procuradora adjunta de seguridad ciudadana.

Los detenidos son Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. La Fiscalía General de la República los acusa de agrupacioens ilícitas y del asesinato de María Inés Alvarenga, hecho ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño.

El 19 de enero de 2023 enfrentaron audiencia y el caso pasó a la fase de Instrucción. Sin embargo, los líderes comunitarios seguirán en prisión. Alfredo Leiva, habitante de Santa Marta, demandó la intervención de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos para que garantice un debido proceso.



Quienes respaldan a los detenidos de Santa Marta esperan que la Procuraduría, en el marco de sus facultades constitucionales, vigile los derechos de los líderes comunitarios.

Dennis Muñoz, abogado defensor, dice que esperan un pronunciamiento público de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el caso de los líderes comunitarios.



Además, piden a la PDDH que haga un seguimiento permanente del  proceso judicial y que verifique su transparencia.

Exhortan al Estado salvadoreño, a la Fiscalía General de la República y a los tribunales de justicia a poner fin a la impunidad contra los crímenes de guerra, de manera que se conozca la verdad y se repare a las víctimas. 

Aseguran que no se oponen a investigaciones de crímenes de guerra, pero a su juicio, las acusaciones contra los líderes comunales de Santa Marta y ADES carecen de fundamentos.