Más de mil niños y niñas han sido detenidos en el régimen de excepción
Imagen de referencia | archivo Radio YSUCA
La organización humanitaria Human Rights Watch dijo que una filtración de una base de datos del Gobierno de El Salvador “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos” en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La base de datos, que presuntamente pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022, durante el régimen de excepción en el país.
Dicha base indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia, que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas. El documento también respalda hallazgos anteriores, presentados por Human Rights Watch y Cristosal, sobre la sobre población severa en centros penales y la muerte de personas en prisión.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, afirmó Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de HRW, en un comunicado. Añadió que “los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados”.
De acuerdo con la organización, esta base de datos “respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador”.
“Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias”, aseguró la fuente.
Destacó que el documento da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 918 niños y 164 niñas que “habían sido enviados a detención provisional”. También, que más de 39.000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 de pertenecer a una “organización terrorista”, mientras que “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos”.