Dos meses de gestión de procuradora de Derechos Humanos marcada por ocultar información, despidos y viajes
Foto Radio YSUCA
El 15 de diciembre la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, cumplió dos meses en el cargo. Durante ese tiempo no ha logrado cumplir algunas diligencias que prometió hacer. Una de ellas es la reunión que prometió tener de manera inmediata con el director de Centros Penales, Osiris Luna y con el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. Con Villatoro se reunió hasta el 12 de diciembre, casi dos meses después de su juramentación. Con el director general de Centros Penales, se desconoce si ha habido una reunión.
La procuradora prometió ver cada caso del régimen de excepción, pero se desconoce que si los casos han sido diligenciados. Así lo dejaron entrever familiares de personas detenidas que se concentraron frente a las instalaciones de la Procuraduría el 6 de diciembre. Los familiares de detenidos aseguraron que hacía tres semanas habían dejado una carta en la Procuraduría solicitando atender los casos de detenidos arbitrariamente en régimen de excepción. En una reunión con la procuradora adjunta, les informaron que en 15 días les darían una respuesta, pero siguen esperando.
Cifras sobre el régimen de excepción publicados por la nueva procuradora son las mismas que dejó Apolonio Tobar
Una fuente de la institución, que pidió no citar su nombre, asegura que los datos que recientemente hizo públicos la procuradora sobre los 274 expedientes que recogen más de 4 mil denuncias, en el marco del régimen de excepción, son los mismos que dejó la administración del exprocurador Apolonio Tobar, lo que demuestra que en 2 meses la nueva procuradora no ha atendido más casos.
Por otra parte, la misma fuente asegura que los últimos informes sobre el plan de verificación que desarrolló Apolonio Tobar fueron eliminados de la web de la Procuraduría, luego de la llegada de Raquel Caballero.
El plan de verificación de la Procuraduría en el contexto del régimen de excepción fue anunciado en marzo de 2022. El plan “permitirá la recopilación y sistematización de la información que se obtenga a nivel nacional, sobre los diferentes acontecimientos que durante el régimen de excepción se generen, lo cual permitirá la emisión oportuna e inmediata de informes periódicos (semanales y quincenales), durante el tiempo que esté en vigencia el régimen de excepción”, cita una parte del comunicado con fecha 29 de marzo.
YSUCA constató que en el apartado de la página web de la PDDH titulado “Adjunta migrantes y seguridad ciudadana” no existen informes recientes, únicamente mantienen documentos de 2017 y 2018. Las fuentes internas aseguran que los informes recientes fueron eliminados.
Según la misma fuente, en la anterior administración cada delegación departamental y la oficina central abrió un expediente único por mes. Por lo anterior, en los 9 meses del régimen de excepción, solo como expedientes únicos debieran existir 126, más los expedientes abiertos de manera individual. Sin embargo, la procuradora no ha detallado esta información.
Además, el último informe mensual publicado, durante la gestión de Apolonio Tobar, registraba más de 4 mil denuncias de capturas ilegales presentadas en todo el país, afirmó la fuente.
En sus declaraciones el día de toma de posesión, la procuradora también dijo que realizaría visitas a los centros penales para verificar las condiciones de las personas detenidas, pero a dos meses de su mandato no ha realizado ninguna y luego de las reuniones con autoridades de Seguridad y de la Policía Nacional Civil habla de montar una mesa técnica para atender el tema, explicó la fuente consultada por YSUCA. “La procuradora estaría incumpliendo con su mandato constitucional en cuanto a verificar las condiciones de las personas detenidas”, subrayó
No hay expedientes abiertos a policías y militares responsables de muertes de privados de libertad
Sobre las capturas ilegales, la procuradora Raquel Caballero dijo que 2,100 personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas, tras confirmar que no tenían vínculos con pandillas, pero tras varios meses de detención provisional. Además, afirmó que le habían reportado 14 capturas de funcionarios, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que podrían estar involucrados en muertes de privados de libertad en el régimen de excepción. Pero de acuerdo con la fuente interna, no se han abierto expedientes por estos casos, lo que constituye un acto arbitrario.
La Procuraduría no ha seguido en estos casos lo que la Constitución, la Ley, el Reglamento y el Sistema de Protección de Derechos Humanos le ordena hacer, ya que en la práctica se configura una especie de encubrimiento, precisó la fuente.
Este medio trató de obtener la opinión de Ana Ruth Lara, procuradora en funciones mediante llamada telefónica y luego por mensajería. Se le enviaron dos preguntas puntuales: ¿Tiene la Procuraduría el registro de las personas capturadas y que ahora están liberadas? La procuradora dijo que le han reportado 14 capturas de funcionarios, de la Fuerza Armada y también policías, que podrían estar involucrados en muertes de privados de libertad en el régimen de excepción.
¿Tiene la Procuraduría los nombres de esas autoridades, así como los nombres de sus víctimas? Luego de tres días de haberla contactado, la respuesta que se obtuvo fue que respondería de manera oficial, una vez tenga la información. Radio YSUCA se mantendrá pendiente de la información oficial que pueda brindar la institución sobre un tema de interés público.
Funcionarios de la PDDH tienen orden de no dar declaraciones
Según la fuente interna, uno de los cambios más sensibles que ha realizado en estos dos meses la procuradora, es en materia de comunicaciones y relaciones públicas. Ha reestructurado el área de comunicaciones, incluso contrató a personal que estuvo en su anterior administración. Ahora, se promueve a través de las redes sociales institucionales toda actividad que realiza la PDDH. Sin embargo, los funcionarios tienen el mandato de no dar declaraciones a medios de comunicación.
Esto quedó evidenciado el 28 de noviembre cuando la procuradora adjunta Mireya Tobar Navarrere quedó como procuradora en funciones, debido a que Raquel de Guevara estaba de viaje y brindó declaraciones a un medio local. En esa ocasión Tobar manifestó que desde la institución han solicitado una mesa de diálogo con el director de Centros Penales, Osiris Luna, pero sin éxito. Además, dijo “que desde la llegada de la nueva procuradora, Raquel Caballero de Guevara, les han negado el acceso a los centros penales a nivel nacional.”
Sin embargo, una vez regresó la procuradora Caballero desmintió la información y aseguró que dichas declaraciones se dieron fuera de contexto y que la información que había dado Tobar era sobre la gestión del exprocurador.
La fuente indica que la estrategia de la procuradora es visibilizarse mediáticamente, cuando en realidad no está cumpliendo con su mandato legal, puesto que no basta con solo reunirse con personas, funcionarios y víctimas, sino que debe dar cumplimiento a lo que la Constitución le ordena.
Procuradora ha viajado por lo menos seis veces en dos meses
La fuente consultada por YSUCA asegura que, en dos meses, la procuradora, acompañada de miembros de su equipo cercano, ha viajado por lo menos en seis ocasiones a distintos lugares del mundo, entre los que destacan: Marruecos, Suiza, Estados Unidos, y México. Pero estos viajes no se han hecho públicos, aunque son misiones oficiales.
Por otra parte, la gestión de Raquel Caballero también ha estado marcada por despidos de trabajadores, entre ellos el equipo de procuradores adjuntos, de quienes sólo mantiene en el cargo a una procuradora adjunta. Lo mismo hizo con todas las jefaturas administrativas y unidades de apoyo, que en la mayoría de casos, nombró a personas que estuvieron en su primera administración. Radio YSUCA conversó con algunos de los despedidos, quienes confirmaron que en algunos de esos despidos no se respetó la estabilidad laboral y los procedimientos legales.
La fuente con la que este medio conversó sostiene que la procuradora en funciones, actualmente encargada del despacho, adolece de experiencia en materia de Derechos Humanos, pero es de total confianza de Raquel Caballero.
Frente a los despidos, la fuente opina que entre el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría y Raquel Caballero existe algún acuerdo, ya que guarda silencio, cuando con el anterior procurador Apolonio Tobar era exigente. “Repentinamente ha guardado un cómplice silencio con la actual titular, aún y cuando se han dado acciones que esa organización sindical ha denunciado, por ejemplo, los despidos y la presencia en las instalaciones de la Procuraduría del esposo de la titular”, concluyó la fuente.