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El 14 de noviembre, a iniciativa de la ministra de Economía, María Luisa Hayén y a petición del presidente de la República, se presentó la iniciativa de “Ley de Emisión de Activos Digitales”, que tienen como objetivo “establecer un marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas realizadas en el territorio de El Salvador” , dice una parte del artículo uno de la propuesta de ley.
La ley será aplicable a las ofertas públicas de activos digitales, así como a los emisores y proveedores de servicios de activos digitales y participantes de las ofertas públicas.
El artículo 6 de la propuesta manda a crear una Comisión Nacional de Activos Digitales, una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía económica y financiera.
La comisión estará adscrita al ministerio de Economía y con la facultad de establecer oficinas dentro y fuera del territorio salvadoreño.
Se encargará de aplicar la ley, sus reglamentos y demás reglas de ofertas públicas de activos digitales.
Según el artículo 9 de la propuesta de ley, la comisión tendrá la facultad de resolver sobre la habilitación de ofertas públicas, administrar y actualizar los registros de los emisores y proveedores; así como autorizar, suspender o cancelar el registro de los proveedores y certificadores, entre otras facultades.