Una reelección (inconstitucional) anunciada
José Alejandro Álvarez Ramírez*
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En el aniversario de la independencia salvadoreña se marcó un hito histórico en el devenir de los Gobiernos civiles del país: Nayib Bukele anunció que correrá como candidato a la presidencia, en clara afrenta al artículo 152 de la Carta Magna. El anuncio lo realizó durante cadena nacional de radio y televisión, en horario de mayor audiencia y rodeado de su séquito de fieles, provenientes de los todos los órganos del Estado.
La posible reelección de Bukele parte de al menos tres grandes condiciones que han permitido este atrevido acto de inconstitucionalidad. El primero tiene que ver con el contexto político regional; a saber, los triunfos y fracasos de las izquierdas latinoamericanas que pretendían ser la respuesta al desencanto con enquistados partidos de derecha conservadores y capitalistas. Izquierdas que, sin embargo, no lograron dar giros importantes en sus países. Además, el comportamiento de muchos funcionarios de dichos Gobiernos de izquierda se caracterizó por aquello mismo que quisieron erradicar: corrupción, nepotismo, opacidad, manipulación del aparato público y continuidad del capitalismo. El Salvador no fue ajeno a ello. De hecho, el actual mandatario se gestó en la misma izquierda que ahora calla cuando se habla del tema o se escandaliza y trata de romper lazos con su otrora ungido.
La segunda condición, a nivel nacional, radica en el desgaste ciudadano ante las disputas partidistas de la derecha y la izquierda, que no pudieron dar solución a las problemáticas que aquejan a las grandes mayorías desfavorecidas del país. Bukele y sus allegados han sido lo suficientemente estratégicos para capitalizar a su favor ese gran hartazgo ciudadano con la política tradicional. Por último, la tercera condición es el éxito del mandatario en desmantelar y socavar todas las instancias de gobierno que pudieran cuestionar su quehacer, sumado al trabajo realizado para validar jurídicamente la reelección sin cuestionamiento alguno; es decir, eliminar cualquier acceso a la información pública y cooptar la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República.
Vale señalar que también el anuncio del presidente Bukele es posible por la desorganización de los movimientos sociales, los cuales aún no encuentran un rumbo común y de coincidencia. Del surgimiento de una plataforma común e incluyente dependerá que la esperanza de evitar una dictadura se mantenga, sostenga y llegue a buen fin.
* José Alejandro Álvarez Ramírez, docente del Departamento de Economía.