El problema de la PNC
Editorial UCA
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Recientemente, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, publicaron un informe sobre violaciones de derechos cometidas entre el 27 de marzo, fecha en la que comenzó el régimen de excepción, y el 31 de julio. El régimen de excepción, que la Constitución prohíbe que dure más de 30 días, se ha convertido en normalidad de arbitrariedades y abusos. Los defensores de derechos humanos registran 3,186 denuncias concretas, en su gran mayoría contra la PNC. Si bien en muchas democracias la Policía es acusada de violaciones a derechos básicos, los números en El Salvador exceden por mucho lo que podría considerarse como contingencias normales del actuar policial. La repetición no solo de denuncias, sino de procedimientos reñidos con los derechos humanos y con los convenios internacionales ratificados por El Salvador lleva a la convicción de que se vive una situación en la que el autoritarismo y el abuso gubernamental se han convertido en la única ley vigente en el país.
En general, con sus más y sus menos a lo largo de su relativamente breve existencia, la PNC no ha destacado por capacidad de investigación del delito ni por respeto a los derechos humanos. La presencia de agentes en activo en casi todos los grupos de exterminio que se ha logrado desarticular es clara muestra de una cultura institucional de irrespeto a las protecciones y garantías legales de los ciudadanos. Ha agravado la situación la permanencia en el mando de miembros de las tres primeras promociones de oficiales, muchas veces enfrentados entre sí por sus diferentes relaciones y procedencia política. A algunos se les ha perdonado conductas y faltas que debieron haberles apartado de todo puesto de responsabilidad; a otros, según la conveniencia política, se les ha abierto casos de forma amañada.
La ausencia de convicciones y de cultura democrática, la falta de exigencia y de supervisión adecuada de respeto a los derechos humanos, y la prolongada permanencia en el mando de oficiales estrechamente ligados a un pasado muy poco civil han contribuido a la existencia de una Policía de bajo perfil profesional e inclinada al uso de la fuerza bruta. El régimen de excepción continuado, amparado por una Fiscalía politizada y por un sistema judicial obediente y no deliberante, se ha convertido en manos de la PNC en una oportunidad para dejar salir lo peor de su cultura. Por supuesto, no todos los miembros de la corporación participan en eso, pero los datos permiten afirmar que el actual liderazgo policial impulsa modos de proceder reñidos con los derechos humanos. Y no está solo.
En los funcionarios del Gobierno de Bukele predomina el discurso hostil tanto a los defensores de derechos como a los procedimientos que defienden la dignidad humana. En el largo plazo, ello fortalece el arraigo de la cultura de la violencia y la arbitrariedad. Los esfuerzos generados en diferentes momentos históricos en favor del Estado de derecho y la cultura democrática, así como el diálogo previo y posterior a los Acuerdos de Paz, han quedado en la diana de los ataques gubernamentales. Aunque en la institucionalidad estatal, incluida la PNC, hay personas no solo conscientes del valor imprescindible de los derechos humanos, sino también críticas frente a los abusos de poder, el miedo ha creado una fuerte tendencia al silencio y a la parálisis de acciones coherentes con la legalidad. Como institución heredera de los Acuerdos de Paz, la Policía debe rectificar su actual modo de proceder. De lo contrario, habrá razón para decir, a la luz del discurso presidencial, que es fruto de un permanente pacto de corruptos.