La actual caricatura de Maximiliano Hernández Martínez
Por Gabriel Escolán Romero
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Hablar del general Maximiliano Hernández Martínez es hablar de la dictadura que controló el Estado salvadoreño entre 1931 y 1944. El más infame recuerdo que tenemos del general Martínez es el decreto con el que autorizó las masacre de miles de campesinos indígenas quienes, por una disputa de propiedad sobre la tierras y por un sentido de reivindicación de la degradación brutal de sus condiciones de vida durante los años más agudos de la Gran Depresión, se alzaron contra el régimen en un truncado proyecto revolucionario en enero de 1932.
A partir de las movilizaciones sociales, calificadas como comunistas, que surgieron en los tiempos en que arreciaba el hambre y mientras los precios se desplomaban a raíz de un sistema monetario confiado a tres bancos privados que controlaban el financiamiento de la cosecha de café y el negocio de su exportación, el gobierno decretó un Estado de Excepción para combatir al enemigo interno.
Esa y otras experiencias históricas han demostrado que la declaración de un Estado de Excepción no es un obstáculo para que las masas se manifiesten contra la opresión experimentada en los días aciagos. Sobre la matanza de 1932 hay diversas interpretaciones. Una de ellas afirma que lo que se entendía por comunismo no era más que la lucha y el anhelo por la justicia social de los campesinos oprimidos que estaban siendo fuertemente perseguidos por el régimen. Aunque si bien estos campesinos participaron en el Partido Comunista de El Salvador a cargo de Farabundo Martí y en la labor organizativa del Socorro Rojo Internacional de los sindicatos en las haciendas, la tensión económica y sociopolítica vivida en esa oscura crisis se vio desde una óptica maniqueísta entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. El comunismo se asemejaba más a lo que planteó el propio Marx en el Manifiesto Comunista: un espectro al que se dirigen las fuerzas autoritarias que tratan de acallar el legítimo clamor por el sufrimiento en este cielo y en esta tierra.
De ese modo, a pesar de la persecución inquisidora, las demandas reivindicativas crecieron en la medida en que las huelgas de trabajadores ocasionadas por la anulación de los salarios en las fincas paralizaron las labores al interior de las mismas. Con ello, comenzaron a desatarse masacres contra trabajadores del campo. De igual forma, el fraude que sufrió el Partido Comunista en las elecciones a alcaldes que se celebraron a inicios de 1932 implicó el cataclismo con el que la estabilidad social se salió de control y el propio general Martínez promulgó un decreto en el que autorizaba a todo propietario a defender, hasta con el asesinato, a cualquier transgresor de la propiedad privada.
La experiencia ha sido sin duda traumática. El comunismo como imaginario fue proscrito y el país se sumió en una larga dictadura donde hasta la libertad de pensamiento se consideró como delito. Lo más complicado era cómo hacer viable un proyecto de país para salir de una crisis que alcanzó semejante paroxismo. En el momento en que se organizaron las matanzas, el Gobierno incautó el oro de los bancos de emisión y emitió un decreto para no pagar la deuda externa. El gobierno de Estados Unidos no reconoció al general Martínez como presidente y se extendió una inestabilidad cambiaria producto del colapso financiero al que se había llegado.
El general Martínez era hombre de armas, pero en lo que respecta a asuntos relacionados con la macroeconomía era nulo. Al menos, Martínez tuvo la prudencia de buscar a los expertos más sobresalientes del país en el tema financiero y fiscal. El recorte fiscal que se hizo durante su período fue brutal y se enfrentó de tú a tú con el capital salvadoreño que le exigía la estabilización de la política monetaria y la creación de una nueva fuente saneada de financiamiento, lo que llegaría a ser el Banco Hipotecario.
Así pues, a pesar de la severidad de sus acciones, el general Martínez tuvo el tino para atender los llamados del grupo de intelectuales que estaban completamente consternados por el rumbo del país. Así, en 1933, solicitó de favor al Banco de Inglaterra para que enviara a un delegado, Joseph Powell, a que diagnosticara el problema monetario del país y diseñara un plan para organizar un Banco Central de Reserva, realizara una reforma en la institucionalidad bancaria y finalmente se pudiera tener una política monetaria soberana. El Banco Central de Reserva se creó en 1934 y, junto con la devaluación del dólar, permitió incrementar el precio de las exportaciones y hacer frente a la crecida deuda que se había dejado de pagar. No fue hasta que el general Martínez se comprometió a reanudar los pagos de la deuda exterior que el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció oficialmente.
La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la otra como farsa, decía Marx. Dicho lo anterior, y en comparación con la coyuntura actual, el presidente Bukele se ha aferrado a un régimen de excepción con la promesa de que ganará la guerra contra las pandillas ¿Significa eso que el cúlmen del régimen de excepción será la victoria del desarrollo y el crecimiento económico por encima de la pobreza que marginaliza y potencia la criminalidad en todos los barrios del país? ¿O es eso la enunciación de un futuro distópico?
Parece que, a diferencia del dictador Martínez, Bukele es apenas una caricatura, pues mientras Martínez, a pesar de su brutalidad, tuvo la lucidez de convocar a las prominentes figuras en temas financieros para resolver la debacle macroeconómica del país, Bukele prefiere aislarse en sus delirios megalómanos y en su fe vana de que el bitcóin resolverá los problemas económicos del país. Si el Gobierno no asume con seriedad un horizonte de desarrollo para El Salvador, que reduzca el riesgo país y la inflación que están destrozando la capacidad adquisitiva de los salvadoreños y que impida que la creciente falta de liquidez nos lleve a una profunda recesión y a un aumento brutal del desempleo, entonces podremos aventurar que la historia se repetirá como tragedia y farsa a la vez.
* Gabriel Escolán Romero, asesor de la Oficina de Asistencia Legal. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.