Políticas públicas y amistad social
Por José M. Tojeira, S.J.
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No existe nada mejor para convivir armoniosamente que tener políticas públicas claras, conocidas por la ciudadanía, dialogadas y aceptadas por todos. En un país como el nuestro, esta necesidad social se vuelve cada día más urgente. Cuando las remesas tienen más importancia para la alimentación, la vivienda y la salud que las acciones del Estado, cuando la vulnerabilidad social y económica está tan extendida, contar con políticas bien establecidas resulta necesario. De lo contrario, la individualidad tiende a imponerse y a impulsar la ley del sálvese quien pueda a través de la búsqueda de favores y engaños, o incluso la corrupción y el crimen. Exceptuado el año duro de la pandemia, en el que se agravaron los niveles de pobreza y desigualdad, estas dos lacras sociales se han ido reduciendo lentamente en El Salvador. Pero la salida de la pobreza no dio estabilidad a la mayoría de los que se libraron de ella: permanecieron en una situación en la que la pérdida del trabajo, un accidente o una enfermedad podían devolverles a la pobreza. Según algunos cálculos de agencias internacionales, el 75% de nuestra población o permanece en pobreza, o ha salido de ella pero conserva altos niveles de vulnerabilidad. Sin políticas públicas claras, implementadas y apoyadas por todos, es difícil cambiar ese escenario. Sin ellas, aunque los liderazgos sean exitosos en el arrastre e influencia sobre la gente, los problemas estructurales y la improvisación continúan creando una amargura y una decepción que más tarde o más temprano aflora con formas de violencia o corrupción.
Si en algo hay consenso respecto a las políticas públicas es en la necesidad de impulsar en el país una educación universal y de calidad, desde la primera infancia hasta los 18 años. Pero hasta ahora ningún Gobierno se ha animado a poner el bachillerato como parte de la enseñanza obligatoria. Ha crecido la sensibilidad respecto a la primera infancia en la administración actual. Pero la necesidad de una educación de calidad y universal para nuestros niños y jóvenes hasta los 18 años no se resuelve distribuyendo computadoras o con discursos bonitos. El acceso a Internet debe ser gratuito para todos los estudiantes de primero, segundo y tercer ciclo si se desea que ello no sea otra fuente de desigualdad durante el aprendizaje. El sistema de protección social salvadoreño tiene que ampliarse mucho más. Un solo sistema público de salud de calidad para todos, un sistema de pensiones universal y digno, un tiempo de licencia por parto mejor financiado y más amplio, un seguro de desempleo y acceso a vivienda digna y propia son tareas que deben estar presentes en la política pública. No será algo que se pueda conseguir en un año ni en dos, pero los pasos, avances e inversiones que mejoren el sistema de protección social salvadoreño deben estar planificados y evaluados.
La reforma fiscal y la lucha contra la corrupción son otros factores de política pública que deben caminar juntos. Si queremos desarrollo, podemos pedir préstamos. Pero endeudar severamente al país o pagar préstamos con otros préstamos no nos llevará muy lejos. El desarrollo o lo impulsamos seriamente desde nuestros propios recursos, o permaneceremos en estos niveles de desarrollo lento y desigual que privilegia a quienes tienen ventajas económicas o políticas, y mantiene en la pobreza o la vulnerabilidad a la mayoría. Es evidente que si bien debemos pagar el desarrollo entre todos, deberán aportar más quienes más tiene. Reformar los impuestos sobre la renta y el IVA es una tarea que los Gobiernos no se han atrevido a emprender con seriedad. La corrupción no solo estatal, sino también privada es uno de los problemas que se deberían combatir con mucha mayor seriedad y compromiso. Las políticas públicas deben estar presentes en estos temas, y en muchos otros más. Nuestra democracia, tan amenazada siempre por derivas autoritarias y corruptas, necesita que hablemos más de políticas públicas, y que lo hagamos con transparencia y sentido social solidario.