En memoria de los policías caídos, una PNC modélica
Editorial UCA
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Es tanto un deber como una necesidad condenar con determinación el reciente asesinato de tres miembros de la PNC en Santa Ana, ofrecer condolencias a la corporación policial y a las familias de los agentes, y agradecer a los miembros de la Policía por su trabajo al servicio de la población y por su disposición de combatir el crimen respetando la ley, pese a los riesgos. Justo es que estas tres nuevas víctimas de la dinámica homicida del país reciban un reconocimiento institucional. Esta tragedia debe contribuir a que se tome conciencia del riesgo que asumen a diario los policías, quienes con frecuencia cumplen su labor a pecho descubierto, sin la protección (cascos y chalecos antibalas) de la que gozan los miembros de la Fuerza Armada asignados a tareas de seguridad. También debe animar a fortalecer su capacidad de investigación y persecución del crimen con los medios técnicos y científicos disponibles hoy en día, para que así no tengan que arriesgar innecesariamente su vida.
El apoyo que la PNC requiere es la apuesta decidida por una formación de calidad para aspirantes y agentes, más y mejores recursos técnicos y científicos para la inteligencia, de modo que sea posible presentar pruebas contundentes sobre la culpabilidad de delincuentes y criminales. Contar con una policía profesional, técnica y humana fue el ideal detrás de la creación de la PNC, a la que debían pertenecer hombres y mujeres no solo uniformados, sino sobre todo bien formados, capaces de realizar su trabajo con vocación de servicio y cercanía a la población, con responsabilidad, inteligencia y pleno respeto a los derechos humanos. Una Policía que, de acuerdo a la ley que le dio origen y la sigue rigiendo, “tendrá por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos”.
Para desgracia del país y sus ciudadanos, la historia de la PNC ha sido otra: no ha contado con los recursos necesarios para un buen trabajo; muy pronto se rebajaron los requisitos para ingresar a ella o no fueron exigidos ni comprobados como corresponde; no se paga una remuneración adecuada y congruente con la responsabilidad y el riesgo de ser policía en un país con altos índices de criminalidad. Tampoco se la dotó de un sistema de previsión que respaldará a los policías y sus familias en caso de sufrir daños físicos o mentales a causa de los riesgos que implica su trabajo o perder la vida en acto de servicio. Se permitió la corrupción, debilitando primero y luego anulando la labor de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que tiene un rol fundamental para el apego a las normas propias de policías democráticas, que realizan su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, junto a excelentes policías también hay en la corporación personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser agente, incluso algunos de ellos han llegado a los más altos puestos sin contar con los méritos necesarios.
La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad pública y la efectiva protección de la vida de los policías pasa por fortalecer a la PNC, dotándola de los medios y recursos necesarios; reconocer la importancia de su labor al servicio de toda la sociedad; y hacer de ella una policía modélica por su capacidad técnica y por su respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. A ello debe apostarle El Salvador para tener éxito en la lucha contra el crimen y rendir honesto homenaje a los agentes que fallecen o resultan heridos en el cumplimiento del deber.