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Las comunidades y juntas de agua del norte de Usulután y San Miguel mostraron preocupación por las consecuencias que derivarán de la Ley General de Recursos Hídricos.
La mencionada ley no considera las juntas distribuidoras comunitarias y no son integradas en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
La Asociación para la Salud (APSIES) y la Asociación de Mujeres que Administran las Juntas de Agua en Chinameca realizaron un foro en San Miguel para alertar que la Ley General de Recursos Hídricos afecta a las Juntas Comunitarias Administradoras de Sistemas de Agua.
Los foros comunitarios de agua ahora están obligados a armonizar sus marcos legales, legalizar su patrimonio, imponer medidas para el saneamiento ambiental. Esto significa gastos que saldrán de la gente de la comunidad que recibe el servicio.
Moisés García, de la Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud, dice que los fondos de las mencionadas juntas salen de la gente que recibe el servicio de agua.
El integrante de la Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud dice que las Juntas Comunitarias Administradoras del Sistema de Agua pueden perder el derecho al acceso al agua por los altos costos en el pago de los cánones que ahora establece la ley, como el saneamiento ambiental que es obligación del Estado y sus instituciones.
Las comunidades y Juntas de Agua del norte de Usulután y San Miguel cuestionan la existencia de intereses de las municipalidades y el Estado de crear normativas y ordenanzas municipales, situación que afectará a Juntas Comunitarias Administradoras de Sistemas de Agua.
Los afectados recuerdan que las distribuidoras comunitarias no persiguen intereses económicos, por lo que demandan que les permitan acceder a la personalidad jurídica de las distribuidoras comunitarias sin que suban el precio al servicio y no afecten el servicio que brindan a la gente.