Resoluciones de jueces afectan la vida de campesinos
Foto Radio YSUCA | Kenia Gómez
Lejos de sentirse respaldados por el sistema de justicia, 700 familias de la Hacienda Cooperativa Normandía luchan contra empresarios poderosos y comerciantes que buscan arrebatarles sus tierras, respaldados por varios fallos de jueces y magistrados.
Pese a que la Constitución de la República en su artículo uno señala que el fin de la actividad del Estado es la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común y el articulo 172 cita que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia “es vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”, para los campesinos de Normandía, la Constitución se quedó en pura teoría.
Cuando el caso llegó hasta el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) el padre José María Tojeira, director del instituto, dijo que Normandía era un ejemplo que debe llevar a exigir una reforma legal y judicial que ofrezca garantías a los débiles y marginados del país. Para el padre Tojeira, instalar servilismo en la cúpula del sistema judicial no resuelve los problemas, sino al revés, es un paso más hacia mayor corrupción del sistema.
En la opinión pública el caso es nuevo, aunque data de los años 90, cuando iniciaron las ilegalidades que mas tarde darían pie a los problemas con los que ahora tienen que lidiar los campesinos.
A los documentos supuestamente ilegales que otorgó el alcalde del PDC
Freddy Mancía, y que permitió la compraventa de varias manzanas de terreno, le siguieron resoluciones de jueces que ayudaron a afianzar la propiedad a personas que reclamaron las tierras argumentando ser los legítimos dueños.
Foto Radio YSUCA, Kenia Gómez
Campesinos piden investigar a jueces de Primera Instancia de Jiquilisco
En los últimos años, dos jueces de primera instancia de Jiquilisco, uno propietario y otro suplente, han dictado resoluciones a favor de dos personas que reclaman las tierras de la Cooperativa Normandía.
El juez propietario Manuel de Jesús Santos y el juez suplente Adrián Humberto Muñoz, han resuelto en contra de la cooperativa. En el mes de julio de 2020 durante el último proceso judicial sobre el caso, Adrián Muñoz, como juez suplente de Primera Instancia de Jiquilisco, declaró el caso como cosa juzgada y reafirmó que la cooperativa debe pagar a la señora Elva Josefina Viuda de Flores, una comerciante que reside en Santa Tecla y que reclama una parte de las tierras, la cantidad de $317,687.5 dólares por indemnización de daños y perjuicios.
La demanda por daños y perjuicios la interpuso la señora Viuda de flores en el año 2015, porque supuestamente la cooperativa había estado usufructuando el inmueble ubicado en Jiquilisco, lo que le había generado pérdidas por más de $700 mil dólares, por no poder arrendarlo.
Los jueces, en procesos distintos, han favorecido a la demandante a pesar de que los documentos con los que cuenta son ilegales, dicen los campesinos. Además de la señora Elva Viuda de Flores, también se ha beneficiado Roberto Bukele Simán. Las resoluciones de ambos jueces, les hace pensar que los funcionarios han recibido dinero a cambio de favorecer a los supuestos usurpadores.
La última resolución desfavorable para los campesinos que les obliga a pagar mas de 300 mil dólares a una de las personas que reclama 840 de las mil 300 manzanas de terreno, fue la gota que rebalsó el vaso y los empujó a bloquear una parte de la carretera Panamericana. Los campesinos piden que se investigue a los jueces de Primera Instancia de Jiquilisco, Usulután, ya que según ellos son corruptos.
Desde el año 2007, Elva de Flores adquirió el inmueble, luego que el alcalde Feddy Mancía, en 1994, otorgará un título supletorio, cuando no era su facultad, sino la de un juez. Dicho título permitió la compraventa del inmueble a varias personas, una de ellas, Elva Viuda de Flores que reclama más del 50% de las tierras que el ISTA otorgó a los campesinos de Normandía.
En la zozobra e incertidumbre de los campesinos ante la posibilidad de perder sus tierras que han trabajado desde 1980, como fruto de la reforma agraria, 2 jueces y un alcalde han sido clave.
Uno de los jueces es Manuel de Jesús Santos, juez propietario de Primera Instancia de Jiquilisco. El mismo que fue señalado por organizaciones feministas y de derechos humanos en 2018 por haber enviado a vista publica a Imelda Palacios, acusada del delito de homicidio agravado, luego de sufrir un parto extrahospitalario.
Ese mismo año el abogado Ulises de Dios Guzmán intentó recusar al juez por otro caso, por encontrarse comprometida su objetividad e imparcialidad, ya que conocería 2 veces la misma causa sobre una misma controversia, lo cual está prohibido en el artículo 16 de la Constitución de la República. Asimismo el art. 172 manda a los magistrados y jueces a ser independientes.
La última resolución del juez suplente Adrián Humberto Muñoz, según la opinión del abogado de la cooperativa, contradice la resolución de la Cámara Segunda Sección de Oriente y su propia resolución. Por ello, el proceso no se acaba y recurrirá a una apelación para evitar pagar más de 317 mil dólares que les quieren imponer. Según el abogado, el juez tampoco tomó en cuenta que el título supletorio es ilegal por haber sido otorgado por un alcalde.
El caso de la cooperativa Normandía ha llegado hasta el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El padre José maría Tojeira, director del instituto, opinó que “los tres particulares que reclaman los terrenos más parecen testaferros de otros intereses que sujetos particulares dañados en la real posesión de sus tierras”. Agregó en uno de sus artículos, que la ambición de estas personas, junto con sus trampas y mentiras y unido a la negligencia, lentitud, incapacidad y probable corrupción del sistema judicial mantienen en inseguridad jurídica a los trabajadores de la cooperativa.
Sistema de Justicia deja sin tierras a asociados de Cooperativa Normandía
La reflexión del padre Tojeira es que la “prepotencia del fuerte se impone con frecuencia sobre el débil y la justicia cierra los ojos ante las manipulaciones de los poderosos y evade su responsabilidad de defender a las víctimas cuando los victimarios gozan de relaciones, poder o prestigio social”.
En el caso de Normandía se han dado acciones que dejan ver una posible corrupción, tanto de un alcalde, como de jueces. Por un lado, el alcalde del PDC no podía extender títulos supletorios, ya que es facultad de los jueces. Por otra parte, en varias ocasiones se suspendieron audiencias preparatorias sin una causa justificada y en los dos casos de particulares que reclaman las tierras, los jueces propietario y suplente les han dado la razón.
Además, las tierras que reclama Elva Josefina Viuda de Flores tienen una dirección distinta a la ubicación de la Hacienda Normandía, hay una distancia de 4 kilómetros, explicó Isaías Blanco presidente de la cooperativa. Aún con todas las inconsistencias, el juez Adrián Humberto Muñoz resolvió a su favor.
Las resoluciones de los jueces han permitido que quienes reclaman las tierras puedan seguir haciendo trámites con los documentos que a juicio del abogado de los asociados son ilegales.
Elva Josefina Viuda de Flores hace grandes préstamos con los documentos, supuestamente falsos, que le acreditan como propietaria de una parte del inmueble.
Mientras tanto las resoluciones de los jueces permitieron que en 2019 a la cooperativa se le congelara la cuenta bancaria. A partir de la decisión judicial no pueden tocar su dinero y han tenido que recurrir a préstamos personales para invertir y seguir produciendo, dijo Alexander Rosales, uno de los asociados de la Cooperativa Normandía. Considera que los jueces han sido parciales y buscan lucrarse a costa del inmueble en disputa.
Por este caso se han realizado varios juicios y apelaciones. Al no encontrar soluciones favorables de parte de los jueces, los campesinos han acudido a la Cámara de la Segunda Sección de Oriente. En agosto de 2016 esa cámara falló a favor de Elva Josefina Peña Viuda de Flores y resolvió que los trabajadores de la cooperativa debían indemnizarla por daños y perjuicios. Esa resolución llevó de nuevo a otra apelación que también resultó desfavorable para los campesinos.
El fallo del juez Adrián Humberto Muñoz, hace dos semanas, hizo que los campesinos no solo le llamaran corrupto, sino que los llevara a creer que en el proceso hubo amaño y fraude por avalar documentos ilegales.
Los campesinos asociados dejan entrever que detrás las decisiones de los jueces hay otras personas que han ejercido influencia.
“Mi gobierno no es lo que pinta”, gritó una campesina de la hacienda Normandía
Son 700 familias que podrían perder sus tierras luego de haber sido beneficiadas con la Reforma Agraria. Los hijos y nietos de los asociados viven y trabajan en la hacienda, es su única fuente de subsistencia. Pero los constantes fallos de los jueces y magistrados y el costo que implica cada proceso judicial, los está desgastando. Están dispuestos a todo, ya se hicieron sentir cerrando por una hora el kilómetro 98 de la Carretera Panamericana.
Foto Radio YSUCA, Kenia Gómez
Su solicitud es que investiguen la posible corrupción de los jueces que han causado los fallos desfavorables y que podrían despojarlos de sus tierras. Como última medida han pedido ayuda al presidente de la República, Nayib Bukele, pues recuerdan que prometió apoyar a los pobres.
Dos mujeres campesinas entre el sol del mediodía del 15 de julio, día en que cerraron la carretera, gritaban consignas, pedían justicia e invitaban al presidente a demostrar el apoyo al pueblo pobre, tal como lo prometió en su campaña presidencial.
Ante la corrupción del Órgano Judicial, los campesinos aún tienen esperanza en que el presidente pueda mediar en este caso. Sin embargo, otros campesinos más que esperanzados con el presidente, se sientes defraudados.
Este caso recordó al director del IDHUCA, el padre Tojeira, que la justicia sigue, como decía en su tiempo Monseñor Romero, el ejemplo de la serpiente, que solo muerde el pie de quien anda descalzo.