Anular la transparencia es ser cómplice del mal uso de fondos públicos

Foto Radio YSUCA

Con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitadas por el Órgano Ejecutivo, las instituciones gubernamentales reservarán toda la información  oficiosa regulada, incluyendo informes finales de auditoría de la Corte de Cuentas de la República, amplía los plazos para que las instituciones den respuesta a la solicitud de información que realiza la ciudadanía y modifica el proceso para elegir comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ante esto, más de una decena de Organizaciones de la Sociedad Civil se pronunciaron para pedir que legisladores oficialistas no aprueben acciones que deterioren el acceso a la información pública y retroceder los derechos ciudadanos.

La opacidad en el uso de fondos públicos que se está promoviendo permite discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos y abre las puertas al abuso en la administración de dinero público dice Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia,  Justicia, DTJ.

“Puede permitirse abusos de fondos públicos, que ya hemos visto a lo largo de esta pandemia, si eso estaba sucediendo con una ley que tiene, como se dice popularmente, dientes, es decir fortaleza ¿Qué llegaría a pasar si se aprueban reformas para favorecer la opacidad? Bueno, como lo acabo de mencionar, mayor corrupción”.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que la pieza de correspondencia de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, presentada por el Gobierno la semana pasada es distinta a la presentada durante esta semana, ya que se elimina lo relacionado a las declaraciones patrimoniales.

Escobar aseguró que no es la misma pieza y esto es grave porque se está violando la seguridad jurídica.

“Entonces, eso es peligroso porque nos somete a una situación de inseguridad jurídica, en el mismo pleno pueden cambiar, como ya alguna vez ocurrió: Cambiar el texto de la ley. Entonces, eso es peligroso porque han quitado las declaraciones de Probidad y las auditorías de la Corte de Cuentas de la República, los informes, eso lo han quitado. Pero siempre dejan que toda la información se pueda reservar, aquí ojo con el tema de seguridad jurídica”.

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que en menos de un año el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido prácticamente secuestrado y sigue sin cumplir su rol.

Al mismo tiempo, Jessica Estada, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), indica que avalar la falta de transparencia, de los entes obligados, es ser cómplice del mal uso de fondos públicos que hay en los casos de corrupción que puedan estar ocurriendo.

“Los entes obligados se han acomodado a no tener un Instituto de Acceso a la Información Pública, no tener alguien que está velando e insistiendo por garantizar que lo establecido en la Ley de Acceso a La Información Pública se cumpla. Y eso se vuelve todavía más alarmante cuando ya de por sí el ente garante no está cumpliendo su rol y lo que se está haciendo desde el Ejecutivo y veremos cómo lo impulsa la Asamblea… Varios actores están procurando debilitar la Ley de Acceso a la Información que en la práctica ya se ha ido debilitando muchísimo”.

Las organizaciones de la sociedad civil recordaron que la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue considerada una de las mejores del mundo y poco a poco el Instituto de Acceso a la Información Pública dio pasos en su rol de velar y garantizar el derecho a la información para conocer irregularidades en el uso de fondos públicos y  casos de enriquecimiento ilícito.

Pero en la actualidad todo eso se está perdiendo. Las reformas de interés presidencial tienen la finalidad de debilitar la ley y en el peor de los casos anularla, concluyen las organizaciones.